Por qué el destino de los restos de Franco es un problema para el Gobierno… y para la Iglesia

Sacar al dictador Francisco Franco de su sepulcro en el Valle de los Caídos no está resultando un proceso fácil y rápido. La intención de la familia Franco de enterrar los restos en la catedral de La Almudena de Madrid ha generado polémica desde el mismo momento en el que se conoció, y amenaza también con provocar un choque entre el Gobierno y el Vaticano, que este martes tuvieron ya un encontronazo a raíz de la reunión mantenida por la vicepresidenta Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Y es que para el Ejecutivo supone un importante problema político la inhumación de Franco en pleno centro de Madrid, pero para la Iglesia no implica un problema menor la posibilidad de que la catedral madrileña se convierta en un centro de peregrinación de franquistas.

En apenas unos días, el Gobierno ha pasado de afirmar que tenía las manos atadas si los Franco querían enterrar al dictador en La Almudena a oponerse firmemente a dicha inhumación. El Ejecutivo ya ha comenzado a moverse para evitar que los restos del dictador descansen en pleno centro de Madrid, y este mismo martes, la vicepresidenta Calvo aseguraba que había acordado con el Vaticano trabajar "de manera conjunta" para "encontrar una salida" al dilema de qué hacer con el cadáver de Franco, "que obviamente no puede ser La Almudena".

El cambio de posición del Gobierno llega después de semanas en las que el Ejecutivo se ha limitado a decir que no podía hacer nada para evitar que Franco acabara enterrado en la seo. Pero no está claro que la Iglesia esté por la labor de colaborar para evitar que los restos del dictador reposen en la catedral madrileña: de hecho, horas después de las declaraciones de Calvo, el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, afirmó que el Vaticano "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación" de Franco, y trasladó la responsabilidad de la decisión final al Ejecutivo.

"Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de La Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución", planteó en este sentido el Vaticano en su comunicado. Y tampoco ha querido tomar cartas en el asunto el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que lleva semanas repitiendo que no puede oponerse al enterramiento de Franco en La Almudena dado que la familia tiene allí un espacio en propiedad. "Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos [la familia] crean conveniente", señaló a principios de octubre Osoro.

Dudas sobre la Ley de Memoria Histórica

No obstante, enterrar a Franco al lado del Palacio Real y la Plaza de Oriente –donde el dictador celebraba algunas de las concentraciones más importantes de adhesión a su régimen– supone un evidente problema político, ya que abre la puerta a convertir uno de los lugares más céntricos de Madrid en un centro de peregrinación franquista. De ahí que el Gobierno –tras semanas de presión por parte de sus socios de Unidos Podemos– haya dado un paso adelante para tratar de evitarlo, aunque eso implique el retraso de la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que lleva aprobada desde finales de agosto.

Para ello, el Gobierno afirma que se apoyará en la Ley de Memoria Histórica. Calvo aseguró este lunes que la legislación española prohíbe que los restos de Franco puedan estar "en ningún lugar donde puedan ser enaltecidos" u "homenajeados", y aunque no hizo referencia expresa a ello, con sus declaraciones se refería al artículo 15 de dicha norma, que establece que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre muestran sus dudas sobre la posibilidad de aplicar este artículo para prohibir la inhumación de Franco en La Almudena. A su juicio, es sencillo prever que ubicar la tumba del dictador en el centro de Madrid atraería las visitas de sus simpatizantes y de los nostálgicos del régimen, pero sostienen que jurídicamente es complicado argumentar que existe exaltación del franquismo "a priori", es decir, antes de que se haya producido efectivamente.

El papel de la Iglesia

Pero enterrar a Franco en La Almudena no es solo un problema para el Gobierno, sino que también se presenta como un asunto espinoso para la propia Iglesia, pese a que ésta ha tratado de desvincularse de las decisiones referentes a los restos del dictador desde que se anunció que saldrían del Valle de los Caídos. Pese a sus declaraciones públicas, el entorno del arzobispo Osoro asegura –según publicó El Español– que al prelado la idea de tener a Franco en la catedral madrileña le disgusta porque está convencido de que atraería tanto a los simpatizantes franquistas como las manifestaciones contra la dictadura.

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No obstante, Osoro está convencido de que el derecho canónico le impide rechazar la inhumación, algo de lo que discrepa Evaristo Villar, teólogo y portavoz de la plataforma Redes Cristianas, que agrupa a más de 200 comunidades y grupos de católicos de base. Villar está convencido de que, más allá de lo "diplomático" que está tratando de ser el Vaticano al intentar desentenderse del asunto, que Franco terminara enterrado en La Almudena supondría "un problemón" para la Iglesia. "Y es evidente que eso ellos lo saben", sostiene, en declaraciones a este periódico.

Villar afirma que la Iglesia tiene argumentos para oponerse a que los restos de Franco descansen en una catedral, pese a que la familia del dictador tenga en propiedad un espacio dentro de la seo madrileña. "Solo haría falta aplicar la doctrina social de la Iglesia", apunta, que establece que "la propiedad privada no es absoluta, sino que está subordinada al interés público cuando entra en conflicto con él". "Y eso lo dice la Iglesia desde el siglo III", sostiene el teólogo.

Con él coincide Juan José Tamayo, catedrático de Teología en la Universidad Carlos III de Madrid. "Claro que la Iglesia puede actuar" para que Franco no acabe en La Almudena, asegura Tamayo, que afirma que "el mero hecho de que haya nichos de propiedad privada en una catedral" es "una perversión de lo sagrado". Para la Iglesia "no es un problema de si le conviene o no, sino de coherencia", sostiene el teólogo, que afirma que "la jerarquía católica sigue vinculada al yugo del franquismo".