Casado y Rivera acusan al Gobierno de presionar a la Abogacía del Estado en favor de los líderes del 'procés' y piden elecciones

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de "forzar" a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión para los líderes del procés y a desmarcarse de la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales.

El líder de los conservadores ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que señala que "es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas".

A última hora de la tarde del jueves se conoció que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del procés independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves. Tras esta decisión, según Casado, "Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya".

 

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Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" el poder Ejecutivo y de dar "impunidad" a los líderes del procés "a cambio de apoyo". "En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos", advierte en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter en el que señala, además, que "Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales". "Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral", lamenta el líder de la formación naranja que cierra su tuit con el hastag "#EleccionesYa", pidiendo una vez más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales.

 

También el diputado de Cs, Toni Cantó, se refería a esta noticia afirmando, en la misma línea, que "aquí está el pago a los golpistas que auparon a Sánchez a la Moncloa". A última hora de la tarde se conocía que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del procés independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos.