La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión y pide 25 años de cárcel para Junqueras

La Fiscalía acusa ante el Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación para el exvicepresident Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell. A Junqueras y los exconsellers se les acusa, además, de "distracción ilegal de fondos públicos", menos a Carles Mundó y Santi Vila, para quienes la Fiscalía pide siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y desobediencia.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el denominado procés, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y uno de organización criminal por el que fue procesado. Los otros dos responsables de los Mossos encausados, Teresa Laplana y Pere Soler, y el ex secretario general del Departamento de Interior, César Puig, también son acusados de rebelión y para ellos se pide la misma pena: 11 años de prisión y los mismos de inhabilitación.

De esta manera, pese a que todos los exmiembros del Govern encausados han sido acusados por rebelión, la Fiscalía solo pide la máxima pena de 25 años de prisión e inhabilitación para Junqueras, como vicepresident. Para los exconsellers, por el contrario, el Ministerio Público pide solo 16 años de prisión, una de las penas más bajas que puede plantear por rebelión, teniendo en cuenta que este delito está castigado como mínimo con 15 años de cárcel para quienes "hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de ésta".

En sus escritos de acusación, la Fiscalía argumenta que la actuación de los 22 encausados estaba diseñada de antemano a través de una estrategia basada en "tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo, y el social". El Ministerio Público sostiene que los independentistas pretendían "orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas" en base a la ley, con el "objetivo último" de "declarar la independencia" de Cataluña "y obligar  al Estado a aceptar la separación del referido territorio", un fin que "estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron, poniendo así en grave peligro el orden constitucional".

La violencia, la base de la acusación por rebelión

"El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido", acusa la Fiscalía para justificar el delito de rebelión, que requiere que haya existido violencia. Para ello, sostiene la acusación, los dirigentes acusados pretendían usar "la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos".

La Fiscalía sitúa el inicio de la supuesta conspiración por parte de los dirigentes encausados en el 30 de marzo del año 2015, cuando "se formalizó el concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso de independencia entre los partidos políticos CDC y ERC, con las entidades soberanistas Òmnium Cultural, ANC y Asociación de Municipios para la Independencia". Esa hoja de ruta, que comenzaba con las elecciones autonómicas de 2015 –proclamadas como "plebiscitarias"–, tenía que llevar a la independencia en un plazo de año y medio, y para ello "se estableció como herramienta imprescindible el uso de la movilización social" a través de la ANC y Òmnium "de modo que, ante la posible reacción del Estado, se convertía en último término en el instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del Estado".

A partir de ahí, según recuerda la Fiscalía, los dirigentes independentistas de la Mesa del Parlament "votaron sistemáticamente a favor de la admisión" a trámite de iniciativas para "crear el marco legal que sustentara la construcción de la Republica catalana" a "sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales", mientras los miembros del Govern encausados "conscientes de la notoria ilegalidad de su proceder, adoptaron las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar la realización del referéndum" y, en última instancia, promovieron en el Parlament la declaración de independencia de Cataluña.

Lejos de lo planteado por varios dirigentes independentistas en el último año, la Fiscalía considera que dicha declaración de independencia "no era meramente simbólica, ya que las autoridades de la Generalitat tenían preparado para su aprobación inmediata todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la república, el despliegue de las estructuras administrativas necesarias para el funcionamiento del nuevo estado, y un plan para garantizar que los Mossos d'Esquadra asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio de la comunidad autónoma".

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La Fiscalía, además, insiste en que los ex miembros del Govern sabían perfectamente que en el referéndum podría producirse violencia. "En los días y semanas previos a la celebración del referéndum, varios de los procesados, entre ellos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos", asegura la Fiscalía, "hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos [...] a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral".

A este respecto, el Ministerio Público también acusa a los exmiembros del Govern de haber destinado "fondos públicos" para la preparación del referéndum. De hecho, en su escrito de acusación, la Fiscalía especifica que este uso de dinero público ascendió a más de tres millones de euros, que se utilizaron en tareas como la financiación de expertos y observadores internacionales, el suministro de papeletas y citaciones para las mesas electorales, la publicidad institucional para el referéndum o el propio uso de los locales en los que se desarrolló la votación.

Con respecto a la actuación de los dirigentes de los Mossos encausados, entre ellos el mayor Trapero, la Fiscalía denuncia que el día del referéndum "mantuvieron en general una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación" y aseguran que "incluso, en algunas ocasiones, se produjeron enfrentamientos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para impedir o dificultar que estos cumpliesen con lo ordenado por la autoridad judicial". "La cadena de comunicación, coordinación y de transmisión de información y órdenes entre los agentes y los centros de control y entre los propios cuerpos policiales que se diseñó era intencionadamente inoperante y complicada y dificultaba una respuesta ágil y eficaz ante los acontecimientos que se habrían de producir", sostiene igualmente el Ministerio Püblico.