El futuro de Cataluña

Las discrepancias entre Fiscalía y Abogacía del Estado sobre la "violencia" en los tres días clave del 'procés'

Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras y Carme Forcadell el día que se proclamó la independencia.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se ponen de acuerdo sobre si los principales encausados del procés independentista cometieron rebelión o sedición. Este viernes, ambas hicieron públicos sus escritos de acusación, y aunque coinciden en la mayor parte del relato de los hechos que ocurrieron entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre del año pasado, la Fiscalía describe de manera mucho más grave los episodios ocurridos durante aquellos días, habida cuenta de que precisamente es la presencia de un alzamiento "violento" la que determina la existencia de un posible delito de rebelión. Muestra de ello es que el escrito del Ministerio Público contiene la palabra "violencia" y sus derivadas más de 20 veces, mientras que esta palabra no aparece en ninguna ocasión en la acusación de la Abogacía.

En su acusación, la Fiscalía pidió este viernes condenar por rebelión a 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación al exvicepresident Oriol Junqueras, y también solicitó penas de 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, así como de 17 años para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell. Por el contrario, la Abogacía del Estado considera que estos líderes independentistas no cometieron rebelión, sino sedición, un delito castigado con penas mucho menores: 12 años de prisión para Junqueras, 11 años y medio para cinco de los exconsellers, 10 años para Forcadell y ocho años de prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Ambos escritos se remontan a los primeros pasos del procés, allá por 2012, a la hora de explicar los orígenes del conflicto. Pero lo hechos fundamentales para la acusación son los ocurridos en tres fechas del año pasado: el 20 de septiembre, cuando miles de manifestantes protestaron contra el registro por parte de la Guardia Civil de varias consejerías en busca de documentación sobre el referéndum ilegal del 1-O; la propia consulta del 1 de octubre, que se saldó con multitud de disturbios en los colegios electorales; y la actuación de la Generalitat hasta el 27 de octubre, fecha en la que el Parlament aprobó la declaración de independencia de Cataluña.

  1. La manifestación ante la consejería de Economía

Lo que ocurrió: El 20 de septiembre de 2017, apenas semana y media antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, la Guardia Civil lanzó una operación para obtener información sobre la consulta. Los agentes llevaron a cabo registros en varias consejerías, entre ellas las de Economía, Exteriores, Gobernación, Presidencia o Asuntos Sociales, y detuvieron a 14 personas, entre las que se encontraban pesos pesados del Govern como el entonces número dos de Economía, Pere Aragonès, actualmente vicepresident de la Generalitat.

En una espiral de tensión cada vez mayor a escasos días de la consulta, los dirigentes independentistas llamaron a los ciudadanos a manifestarse, llamamientos que fueron canalizados a través de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dirigidas entonces por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Se produjeron concentraciones en varios puntos de la ciudad de Barcelona, pero la más numerosa tuvo lugar ante la consejería de Economía, donde se reunieron decenas de miles de personas y donde acudieron los propios Sànchez y Cuixart. La manifestación duró todo el día y no finalizó hasta la medianoche.

Lo que dice la Fiscalía: En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que fueron Sànchez y Cuixart los máximos responsables de llamar a la manifestación ante la consejería de Economía a través de una convocatoria que tacha de "incendiaria". "A partir de esa incendiaria convocatoria, lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes, pues las actuaciones reales y materiales distaron mucho de esas meras declaraciones carentes de contenido efectivo", señala el escrito.

La Fiscalía describe la presencia de "hasta 60.000 manifestantes" como un "asedio" que impidió a la Guardia Civil acceder a la sede de Economía con los detenidos. La comisión judicial, además, "se vio privada de su libertad de movimientos al tener impedida la entrada o salida de los agentes del edificio durante las largas horas que duraron los incidentes", afirma el escrito, que también hace hincapié en que, mientras tanto, en el exterior varios coches de la Guardia Civil "terminaron devastados y destrozados" y las armas que se encontraban en su interior "quedaron al albur del vandalismo desplegado".

El Ministerio Público, sin embargo, no resalta que dichas armas no fueron en ningún momento tomadas por los manifestantes, si bien sí afirma que su "masa se agolpaba hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil". Sànchez y Cuixart, explica el relato, se erigieron como líderes de la concentración, y fue Sànchez el "interlocutor" ante los agentes, a quienes "impuso condiciones para el efectivo desarrollo de su función". La Fiscalía hace hincapié, además, en que Cuixart, "pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también a la determinación mostrada en la Guerra Civil empleando la expresión ¡no pasarán!". Una referencia llamativa por parte de la Fiscalía, si se tiene en cuenta que esa expresión era la que utilizaban las fuerzas defensoras de la legalidad republicana tras el golpe de Estado liderado por el militar fascista Francisco Franco.

Como resumen, el escrito denuncia que ambos Jordis "no instaron la desconvocatoria de la movilización" pese a que ejercían "el control sobre los acontecimientos". Unos hechos, señala la Fiscalía, en los que "hubo destrozo de vehículos policiales, limitación de los movimientos de la comisión judicial [...] , impedimento de acceso de los detenidos a la práctica del registro, asedio del lugar con insultos y lanzamientos de objetos a algunos de los agentes, y con los manifestantes llegando a zarandear la puerta del edificio que los agentes sujetaron desde dentro para impedir que se viniera abajo".

Lo que dice la Abogacía del Estado: El relato de los hechos por parte de la Abogacía del Estado coincide, en la mayor parte, con el de la Fiscalía. No obstante, su escrito contiene un lenguaje mucho menos duro para describir lo acontecido aquel 20 de septiembre, especialmente en lo relativo a eventuales episodios de violencia en los que la Fiscalía basa su acusación de rebelión. En ese sentido, la Abogacía no habla en ningún momento de "asedio" por parte de los manifestantes, y tampoco señala, como sí hace la Fiscalía, que los concentrados sometieron "a su fuerza" a la comisión judicial en el interior de la consejería; el escrito se limita a señalar que la presencia de la protesta –coordinada, coincide el escrito, por Sànchez y Cuixart– impidió " a la comisión judicial la realización usual de sus funciones".

Al igual que hace el Ministerio Público, la Abogacía describe cómo "los acontecimientos se desarrollaron con la presencia de hasta 60.000 manifestantes en algunos momentos, que se agolpaban hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil", y también señala a Sànchez como el dirigente que se erigió en interlocutor con la Guardia Civil, a la que impuso "condiciones" para realizar su trabajo. De la misma forma, se explica que los vehículos del cuerpo "terminaron con importantes destrozos, interior y exteriormente", pero en ningún momento se hace referencia a las armas que había en su interior.

  2. El referéndum del 1 de octubre

Lo que ocurrió: Pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional, el 1 de octubre buena parte de los colegios electorales designados por la Generalitat abrieron sus puertas para que se celebrase en ellos la votación sobre la independencia de Cataluña. La Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra desplegaron sus efectivos para evitarlo, y se produjeron durante todo el día disturbios entre los cuerpos policiales y los ciudadanos presentes en los centros de votación. La Generalitat cifró en aproximadamente un millar el número de heridos por las cargas policiales.

Lo que dice la Fiscalía: La Fiscalía es mucho más prolija que la Abogacía del Estado a la hora de describir en su escrito de acusación los hechos acaecidos el 1 de octubre, y acusa a los dirigentes encausados de promocionar la votación a sabiendas de que iba a producirse violencia. "Tras los violentos incidentes acaecidos en los diferentes registros practicados los días 19 y 20 de septiembre", señala el Ministerio Público, "Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn, así como los acusados Sánchez, Cuixart y Forcadell, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-O, siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".

Los imputados tomaron esta decisión, señala la Fiscalía, habiendo recibido días antes del 1-O el consejo de los Mossos de que se suspendiera la votación por el riesgo de que desembocase "en enfrentamientos y en una escalada de violencia". "Con ello", apunta el texto, los encausados "fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales por la vía de enfrentar a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Para la celebración del referéndum fue clave, argumenta la Fiscalía, el papel de los Mossos d'Esquadra, a quienes se acusa de haber tenido una actitud de "auxilio y colaboración" con la Generalitat. "Las pautas de actuación previstas eran manifiestamente dilatorias y tolerantes con la votación, además de incumplir deliberadamente los acuerdos alcanzados en las reuniones previas de coordinación mantenidas con las autoridades judiciales", denuncia el escrito, que asegura que los Mossos formaban parte de la estrategia potencialmente violenta de los encausados, ya que pusieron "a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso en efectivos (unos 17.000 miembros aproximadamente)".

En su descripción de los hechos, la Fiscalía también pone en duda las cifras ofrecidas por la Generalitat sobre el número de heridos producidos por las cargas del 1-O. "Según datos facilitados por la Generalitat, también resultaron lesionados numerosos ciudadanos, habiéndose proporcionado una cifra cercana al millar que fue manipulada para magnificar la represión policial, pues se ha comprobado que en un elevado porcentaje de casos la atención médica que recibieron fue exclusivamente como consecuencia de mareos y crisis de ansiedad, y no de lesiones causadas por los funcionarios policiales. Solamente cuatro personas quedaron ingresadas en centros hospitalarios, dos de ellos heridos leves y otros dos heridos graves", relata el escrito, que sin embargo describe minuciosamente cómo "93 miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil resultaron con lesiones de diversa índole". Eso sí, en este caso, la Fiscalía evita precisar cuántos de ellos quedaron ingresados en centros hospitalarios.

Lo que dice la Abogacía del Estado: La descripción de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 que lleva a cabo la Abogacía del Estado –la fecha en la que se produjeron más episodios violentos– es muchísimo más escueta y no incluye información sobre los heridos o el papel de los Mossos d'Esquadra. Al igual que hace la Fiscalía, el escrito acusa a Sànchez y Cuixart de haber alentado a los ciudadanos "a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que estaba ordenada la intervención de la policía autonómica", así como de haberles pedido que "impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del material electoral".

"La llamada a través de los medios de comunicación para acudir a votar el día 1 de octubre [...] con toda lógica se realizó con la plena consciencia de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir altercados, tumultos y disturbios", apunta la Abogacía del Estado, que insiste en que "los acusados asumieron continuar con la estrategia de incumplir el mandato judicial, quebrantar la legalidad, y celebrar la consulta, aun siendo fácil representarse que la jornada no discurriría sin altercados y disturbios".

No obstante, no se ofrecen detalles sobre estos altercados ni sus efectos, más allá de hacerse notar que "como era previsible", durante el día "se produjeron actos de resistencia y desobediencia a los mandatos legítimos de la fuerza pública, y numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos".

  3. El 27 de octubre y la declaración de independencia

Lo que ocurrió: Durante los días posteriores al referéndum se produjeron multitud de manifestaciones, algunas de las cuáles acabaron con disturbios. Una de las fechas clave fue el 3 de octubre, cuando se convocó una huelga general que coincidió con las movilizaciones convocadas por la llamada Taula per la democracia, integrada por entidades como la ANC y Òmnium, sindicatos como CCOO y UGT y patronales como Cecot, en protesta por la actuación policial del 1 de octubre. Durante la jornada se produjeron numerosos cortes de carreteras, autovías y autopistas, así como de vías férreas y estaciones de ferrocarril.

Por otra parte, el 27 de octubre el Parlament de Cataluña votó y aprobó la declaración de independencia de Cataluña, tras unas horas en las que estuvo en duda si el entonces president Carles Puigdemont convocaba elecciones anticipadas. La resolución salió adelante con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP, mientras que los comuns votaron en contra y PP, Ciudadanos y PSC optaron por no participar en la votación.

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Lo que dice la Fiscalía: En su relato de aquellos días, el Ministerio Público describe situaciones de acoso contra las fuerzas de seguridad y llega a hablar de "levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia, que se estaba desarrollando con el fin de conseguir la secesión de ese territorio autonómico". "Tras la jornada del 1-O continuaron los actos de acoso continuo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a través de concentraciones ante acuartelamientos de la Guardia Civil, y 'escraches' ante los hoteles donde se hospedaban, obligándoles a abandonar los mismos. También se sucedieron los actos de hostigamiento como cortes de vías férreas y carreteras, formación de barricadas o concentraciones de asedio ante la Delegación de Gobierno de Cataluña", acusa el escrito, que recuerda que el Govern apoyó la huelga del 3 de octubre en la que "se produjo el corte de 116 carreteras y vías férreas". 

Con respecto a la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre, la Fiscalía asegura que "no era meramente simbólica", ya que "las autoridades de la Generalitat tenían preparado –para su aprobación inmediata– todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la república". Y, ese plan, señala el documento, incluía la toma del control del territorio a través de un cuerpo policial armado como los Mossos, que deberían asumir "la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio de la comunidad autónoma".

Lo que dice la Abogacía del Estado: La Abogacía también resalta durante su relato de los hechos que "el día 3 de octubre, el Gobierno autonómico llevó a cabo diversos actos de apoyo a la huelga general convocada por Taula per la Democracia, con el apoyo de las entidades ANC y Òmnium", y señala que en esa jornada "se produjo el corte de 116 carreteras y vías férreas [...] con el consiguiente caos circulatorio". También se aborda la votación del 27 de octubre en el Parlament para declarar la independencia, pero hay una importante diferencia con respecto a lo señalado por el Ministerio Público: la Abogacía del Estado señala que la declaración aprobada "no llegó a tener concreción práctica alguna" por la aplicación del artículo 155 de la Constitución ese mismo día, que destituyó en pleno al Govern de Carles Puigdemont y disolvió el Parlamento catalán.

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