Justicia

El polémico fallo eleva la presión al Gobierno para aclarar el marco legal del impuesto de las hipotecas

Un grupo de manifestantes protesta este miércoles contra la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

La decisión tomada por el pleno del Tribunal Supremo este martes, por la cual seguirán siendo los clientes quienes paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentos a la hora de firmar una hipoteca, pone al Gobierno en el punto de mira. A falta de conocer los argumentos del tribunal, la situación creada en las últimas semanas es de clara inseguridad jurídica puesto que en menos de un mes el Supremo ha defendido tres posturas distintas: hasta el 18 de octubre sostenía que debían pagar los usuarios; ese día cambió de criterio, anuló el artículo del Reglamento del impuesto que establecía que debían pagar los clientes y determinó que el sujeto pasivo eran las entidades financieras, y este martes cambió de nuevo de opinión y estableció que deben pagar los usuarios, pero el artículo anulado no se puede resucitar. Ante esta situación, fuentes jurídicas y políticas prevén que se elevará la presión para que el Gobierno aclare de forma definitiva el marco legal, mediante la reforma de la ley que regula el impuesto.

En este sentido, el Gobierno anunció a última hora de la tarde, poco después de que se conociera la decisión del pleno del Supremo, que analizará el impacto de la medida en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo jueves. Y es que la polémica no ha dejado de rodear al Alto Tribunal desde que, el pasado 18 de octubre, se desdijo en tres sentencias de su doctrina anterior y estableció que las entidades financieras debían hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista y no el prestatario. El Alto Tribunal anuló el artículo del reglamento que endosaba a los clientes el pago de ese tributo, lo que generó un terremoto que llevó a que se convocase la reunión del pleno de este martes en la que, finalmente, se ha decidido volver a la doctrina anterior.

Los argumentos contenidos en la sentencia –que han apoyado 15 jueces, por 13 que se han mostrado contrarios a la misma– aun no se conocen, aunque la única opción es que, una vez anulado el artículo del reglamento que así lo establecía, los jueces hayan interpretado que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (precisamente la que desarrolla dicho reglamento) deja suficientemente claro por sí misma que es el cliente quien debe hacerse cargo del tributo. Y así las cosas, dirigentes socialistas y expertos en Derecho administrativo consultados por infoLibre coinciden: el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de plantear una modificación del artículo 29 de dicha ley –el que establece el "sujeto pasivo" del impuesto– para establecer claramente quién es quien tiene que pagar el impuesto y acabar con la inseguridad jurídica

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No obstante, y con las limitaciones que provoca el no tener todavía acceso a la sentencia, varios expertos en Derecho Administrativo consultados por este diario se muestran completamente sorprendidos por la última decisión del Tribunal Supremo. "Se trata de una chapuza que no tiene nombre, y esto no es digno de un Tribunal Supremo de un país serio", lamenta Albert Ituren, profesor en la Universitat de València, que afirma que, si no hay ningún cambio legal, la decisión tomada por el pleno del Tribunal Supremo este martes tiene pocas posibilidades de ser recurrida. "Ahora solo cabría la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional alegando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, pero no creo que funcionase", valora el experto.

De la misma opinión es Josep María Aguirre, profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de Girona. "Se trata de una situación extraordinariamente anómala, hay una decisión firme y un acuerdo del pleno no puede ni modificar una sentencia ni sentar jurisprudencia, no es fuente de derecho", asegura el experto, que se resiste a aventurar las consecuencias que puede tener la decisión de este martes. "Vamos a ver qué dice el acuerdo, pero desde luego no puede alterar la jurisprudencia ni puede afectar a la anulación del artículo del reglamento" que establecía que son los clientes quienes tienen que abonar el impuesto. Aguirre añade que, eso sí, "a efectos prácticos" servirá para que las comunidades autónomas puedan agarrarse a algo para no devolver el dinero y el cliente que quiera seguir intentándolo deba pleitear".

A este respecto, Ituren afirma que será clave examinar los votos particulares que hayan incluido en la decisión los jueces que han votado en contra de la misma. Y plantea la posibilidad de que los clientes puedan dirigirse contra el Estado, que según algunas interpretaciones podría tener una "responsabilidad patrimonial" al ser el autor del reglamento que obligaba a pagar a los clientes, que la banca cumplió y que ha terminado siendo declarado ilegal en ese precepto. "Pero hay que ver qué dice la decisión", insiste.

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