50 cargos públicos de once comunidades crean una red para recuperar las inmatriculaciones

Cargos públicos y colectivos ciudadanos de toda España han participado este fin de semana en Zaragoza en un encuentro institucional para unificar y debatir una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos para recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica. La reunión ha congregado a casi 50 representantes públicos de cerca de treinta municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que han acordado organizarse en red, en lo que constituye la primera acción de esta naturaleza desde que el debate irrumpió hace ya una década en la opinión pública, según explica en una nota la Coordinadora Recuperando.

Tras el encuentro se ha decidido que los cargos públicos se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento crucial en que el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la jerarquía católica al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado.

La propia Conferencia Episcopal reconoce la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma de Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda, así como miles de monumentos históricos, plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones. Este real decreto, que cumplió en septiembre veinte años, permite a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: "Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción".

Paralelamente a esta reunión, la Coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte colectivos ciudadanos, ha celebrado su III Asamblea General para hacer un balance de actuación de 2018 y trazar sus objetivos estratégicos para 2019. Nuevos colectivos se han agregado a la organización estatal, como por ejemplo la Unión de Pagesos catalana, SOS Monuments y Apudepa, lo que evidencia la creciente adhesión ciudadana a esta causa de defensa del patrimonio cultural.

La Coordinadora Recuperando exige al Gobierno como primera medida la publicación del listado completo de inmatriculaciones y anuncia que no aceptará un "pacto en la sombra" con la Iglesia para escamotear toda la información disponible o negociar una "solución en falso" del problema. Por lo tanto, propone la cancelación de todas las inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son nulas de pleno derecho. También sugiere la necesidad de afrontar una reforma de las disposiciones legales de protección del patrimonio histórico para reforzar la naturaleza de dominio público para aquellos monumentos de especial relevancia artística.

El alcalde de Zaragoza pide a Sánchez que "hinque el diente de forma decidida" a las inmatriculaciones

La reunión ha sido inaugurada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien dio la bienvenida a los cargos públicos en el Centro de Historias de la capital aragonesa. El regidor recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el ayuntamiento que preside en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como han sido el caso de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado.

Los bienes inmatriculados por la Iglesia podrían ascender a 100.000 desde 1946

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Santisteve ha querido subrayar el trabajo de la Coordinadora Recuperando como entidad impulsora del movimiento contra las inmatriculaciones a nivel estatal. "Apelamos a los gobiernos autónomicos y al ejecutivo central para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía", aseguró en su intervención de apertura del encuentro.

Asimismo, el alcalde ha pedido al Gobierno que "hinque el diente de forma decidida" a las inmatriculaciones, ya que se trata de "un problema de Estado" en el que se hace necesario "tomar la delantera", en declaraciones recogidas por Europa Press. Santisteve también ha considerado "lógico" que se hable, "de una vez, de la derogación del Concordato del 79", así como "de otros temas que tienen que ver con la obligación de la Iglesia Católica de pagar el IBI por aquellos centros que no son lugares de culto, equiparándose a cualquier otra corporación".

"No tiene que haber ningún tipo de privilegio al respecto, pero esto es un problema de Estado y confiamos en que el Gobierno de Sánchez" actúe, porque "sería triste que los tribunales europeos fueran quienes le sacaran los colores al Estado español" en este asunto, "si podemos tomar la delantera y tomar decisiones".