Diez colectivos y más de 350 feministas apoyan un manifiesto contra la ilegalización del sindicato de prostitutas

Más de 350 personas y un total de diez colectivos han firmado un manifiesto contrario a la ilegalización del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), al tiempo que han pedido a las organizaciones que presentaron ante la Audiencia Nacional sendas demandas de impugnación contra dicho sindicato que las retiren, recoge Europa Press.

Precisamente este miércoles, 14 de noviembre, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebrará, a partir de las 11.00 horas, las vistas en las que se analizarán estas demandas: una de ellas, de la asociación pro Derechos Humanos L'Escola, se dirige contra la inscripción del sindicato que hizo la Dirección General de Trabajo; y la otra, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, contra los propio estatutos del sindicato.

Las más de 350 personas que han firmado el manifiesto piden a las dos plataformas la retirada de estas demandas para la ilegalización del sindicato Otras. "Nos entristece y creemos impropio que desde el movimiento feminista haya organizaciones que emprendan acciones legales contra otras mujeres, recurriendo sus decisiones ante órganos jurisdiccionales solicitando medidas contra su legítimo derecho a la libre sindicación", señala el manifiesto.

Según señalan en el texto, titulado Nunca sin nosotras y publicado en un blog creado a tal efecto, los firmantes no consideran "una herramienta política justificada recurrir a una justicia que desde el feminismo con tanto esfuerzo se lucha por cambiar porque se ha demostrado que no protege adecuadamente los derechos de las mujeres". "No dejemos que decidan por todas", incide.

Como firmantes del manifiesto, constan una decena de organizaciones, Colectivo Prostitutas de Sevilla, Fundación de los Comunes, Feministas de Anticapitalistas, o la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, entre otros.

Coixet y parlamentarias de Unidos Podemos

También lo ha firmado la directora de cine Isabel Coixet, varias activistas feministas, profesoras, abogadas, entre otras profesionales, así como algunas diputadas territoriales de Podemos, la diputadas de En Marea, Ángela Rodríguez, o la senadora de Unidos Podemos, Pilar Lima.

El texto del manifiesto apunta que "el feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución". "Con el presente manifiesto, las personas abajo firmantes reivindicamos la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades respecto a este debate", recalca.

"Y pedimos que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, etc–. No sin al menos abrir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones", prosigue.

Así pues, destaca que el feminismo "no tiene una postura unánime", sino "numerosas corrientes, infinitamente más complejas, ricas e interesantes que un estar a favor o en contra del trabajo sexual". "Es un error de partida equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual no sólo con la prostitución decidida sino con toda la diversidad de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en este sector", argumenta.

Asimismo, reivindica que "no puede impedirse en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad". "Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos", apuntan.

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Según sostienen, con este texto manifiestan su apoyo al derecho de "todas las mujeres a sindicarse libremente para la defensa de sus intereses". Asimismo, consideran que "la clandestinidad sólo favorece el estigma y la explotación".

"Entender que la sindicación de quien realiza trabajos sexuales favorece al proxenetismo es obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente", recalca el texto.

"Privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad supone un ataque frontal a un derecho democrático básico de nuestro sistema constitucional, que no debe estar sometido a la intervención previa de la administración en ningún caso", afirman. Así pues, los firmantes reclaman que se "reconozcan la diversidad de argumentos y sensibilidades de este debate dentro del feminismo".