La Mesa del
Congreso ha rechazado este martes admitir a trámite
la proposición no de ley registrada por el
PDeCAT para, entre otras cosas, reprobar la actuación de
Felipe VI en torno al conflicto político de Cataluña y pedir la "abolición" de la monarquía.
El órgano de gobierno de la Cámara se ha escudado en el informe correspondiente de los letrados del Congreso que recuerdan que, según el artículo 56.3 de la Constitución, "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", por lo que
tampoco es objeto de control parlamentario. No ha habido necesidad de votación, según aseguran fuentes parlamentarias.
En la iniciativa del PDeCAT, recogida por Europa Press, se pedía
una condena expresa "del posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017", durante la jornada del referéndum ilegal.
Los independentistas catalanes también reclamaban que el Congreso manifieste "su compromiso con los valores republicanos" y, "superando el carácter monárquico de la Constitución" de 1978, llamaba a la abolición de la monarquía tachándola de
"institución caduca y antidemocrática".
La condena del Parlament va al TC
Además, aprovechaba para censurar
la judicialización del proceso independentista catalán y las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución y de ilegalización de partidos soberanistas, así como para instar a todas las instituciones a garantizar "la libre expresión de la pluralidad política en el Estado".
En su argumentación, el partido independentista de
Carles Puigdemont y
Quim Torra recordaba que
el Parlamento catalán ya aprobó una moción de En Comú censurando la actuación de Felipe VI y pidiendo el fin de la monarquía, un texto que el Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
El
PP, el
PSOE y
Ciudadanos han aplicado el mismo criterio de los letrados para rechazar el escrito de
Unidos Podemos pidiendo corregir la negativa a tramitar su petición
para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I al hilo de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen.