Cuatro preguntas y respuestas sobre los planes del Gobierno para luchar contra el cambio climático

El Ministerio de Transición Ecológica ha compartido este martes con medios y grupos parlamentarios un borrador con las principales líneas maestras de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, previo paso a la tramitación parlamentaria de la norma. Ha trascendido, como lo más llamativo, la propuesta del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos diésel, gasolina o híbridos a partir de 2040, pero incluso dicha determinación está sujeta a matices propios del largo plazo con el que se trata el tema. El documento compartido con los medios deja algunas cuestiones sobre la mesa aún no resueltas y sin concretar.

En algunos casos, porque la concreción vendrá después, en las normas de rango inferior que desarrollen el contenido de la ley. Y en otros, porque ni el Ministerio, ni Teresa Ribera, ni los estudiosos, ni las empresas, pueden adivinar el futuro. Se puede prever con más o menos margen de equivocación cómo evolucionará el mayor reto medioambiental del siglo: pero no cómo se adaptarán las sociedades, cómo reaccionará la industria o qué respuestas dará la tecnología.

Además, la intención del Ejecutivo no es regular todo lo que tiene que ver con cambio climático de una sola tacada, en una única ley orgánica, lo que sería imposible; pretende establecer un marco que, consensuado por las fuerzas políticas, sirva de base para trabajar en todos los ámbitos: energía, residuos, economía circular, biodiversidad… Eso sí, la cartera de Ribera avisa: los objetivos podrán ser revisados, "pero su modificación no podrá suponer una disminución del nivel de ambición". Lo presentado hoy no es lo máximo, pero sí lo mínimo.

1. ¿Qué vehículos no podrán matricularse en 2040?

Los titulares de este martes hablan de una propuesta de prohibición de los diésel, gasolina e híbridos, pero no se trata de una prohibición expresa. El documento facilitado a los medios habla de "turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono", lo que, en principio, también afectaría a los vehículos alimentados con gas natural, que el sector automovilístico y el gasista venden como alternativa "de transición" en cuestiones de movilidad. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica rechazan hablar de combustibles concretos, porque no se sabe cómo estará compuesto el parque móvil en 2040. Y no descartan que la tecnología del gas natural avance hacia la ausencia de emisiones de CO2. Más que prohibir, defienden, se trata de crear un "escenario de certidumbre y emitir una señal clarísima al sector", para que la industria tenga margen de reacción.

2. ¿Qué pasa con la fecha de cierre de las centrales de carbón?

Tras analizar el borrador, Equo ha exigido que la Ley de Cambio Climático incluya una fecha concreta para el cierre de las muy contaminantes centrales de carbón. Desde el Ministerio responden que no es competencia de esta norma, sino de las que la desarrollen: entre ellas, los Planes Integrados de Energía y Clima, con 2030 como objetivo, que tras su elaboración deben remitirse a la Comisión Europea para que evalúe los progresos de España en la materia. Aseguran estas fuentes que no incluirá un calendario de cierre, ya que se tratará de una decisión de la industria, sino que estos planes establecerán una senda de descarbonización de la economía que fijará distintos porcentajes para cada energía en el mix.

3. ¿Objetivos demasiado ambiciosos o demasiado conformistas?

Hay varias cifras en el documento facilitado este martes, con las que el Gobierno asegura que, de salir adelante la ley sin tocar en este sentido, no se podrán modificar salvo para aumentar el grado de compromiso. Las dos grandes referencias temporales, como suele ser habitual en la acción climática, son dos: 2030 y 2050. En cuanto a 2030, el Ejecutivo propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% por debajo de los niveles de 1990, es decir, reducirlas en 37 puntos porcentuales. Bruselas obliga, como mínimo, a que las emisiones de 2030 sean similares a las de 1990, por lo que el borrador va más allá de lo impuesto por el club comunitario. "No hay país tan ambicioso dentro de la Unión Europea", defiende el Ministerio de Transición Ecológica. En cuanto a las renovables, deberán significar el 35% del consumo de energía final (la UE exige un 27%); y el sistema eléctrico deberá contar con un 70% de generación limpia.

Para 2050, sin embargo, el sistema eléctrico deberá basarse "exclusivamente" en fuentes de generación de origen renovable, aunque el borrador no menciona cuál debe de ser la cuota teniendo en cuenta todo el consumo de energía, lo que ha criticado Equo, que, sin mencionar una meta de un 100% renovable para todos los tipos de energía, pide un enfoque más “global”. Con respecto a las emisiones, la reducción debe ser de un 90% con respecto al nivel de 1990.

Las fuentes del Ministerio consultadas por infoLibre aseguran que las reducciones y los escenarios de renovables planteados, que pasan por la vuelta a las instalaciones masivas de eólica y fotovoltaica cuanto antes, son "razonables" y "ambiciosos". La estrategia pasa por electrificar la economía, es decir, que cada vez más procesos necesiten la electricidad en vez de otros combustibles para funcionar, por lo que combinado con una generación renovable y limpia se llega, en teoría, a la sostenibilidad.

A día de hoy, pocos consideran viable un objetivo de 100% de energía proveniente de renovables en 2050. Y, con respecto al 100% de energía eléctrica renovable, hay dudas. En primer lugar, por la intermitencia de las renovables, que dependen de factores incontrolables como el viento y los días de sol: hay quien considera que será necesaria una tecnología de respaldo, que se active a placer, para determinados días de necesidad extrema, aunque este análisis suele obviar la previsible evolución del almacenamiento con baterías. Y en segundo lugar, porque la capacidad renovable, y la electrificación, tiene un límite físico al que se puede llegar si no se plantea consumir menos, en vez de consumir igual o más, pero más limpio. Por ejemplo: cambiar todo el parque móvil actual por vehículos eléctricos no es viable. Hacen falta menos coches, y que los que queden sean sostenibles.

4. ¿En qué consistirán los contratos de transición justa?

Se trata de la única medida palpable que incluye el documento, en cuanto a una transición justa que no afecte a los sectores más vulnerables o a los más dependientes de tecnologías e industrias contaminantes: se trata de convenios entre las administraciones públicas de áreas afectadas y el Ministerio, en los que participarán asociaciones, empresas, sindicatos o universidades, y que tratará no solo de indemnizar, también de volver a formar e integrar para que nadie se quede atrás. Es una propuesta recogida en el documento que sirve al Gobierno de base: el que elaboró el Consejo Asesor para la Transición Ecológica del PSOE, dirigido por la propia ministra Ribera. Y que, una vez más, vuelve a caer en la misma indefinición: aún no se sabe qué incluirá exactamente, cuánto dinero se dedicará o cuáles serán las zonas y los sectores que se beneficiarán. Desde el Ejecutivo puntualizan que la norma que detalle la transición energética del país precisará la herramienta, y que será muy parecida a los acuerdos a los que se ha llegado con la minería, y que no se han podido incluir por falta de margen: prejubilaciones, formación para reinsertar a los desempleados y ayudas a las empresas como pilares principales.