transparencia en el poder judicial

El veto a Victoria Rosell enturbia la negociación entre PSOE y Podemos para el Poder Judicial

La jueza Victoria Rosell.

El veto socialista a que la jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell se incorpore al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enturbiado la negociación abierta para la configuración del bloque de vocales progresistas en el órgano de gobierno de la judicatura, cuyo actual mandato expira el 4 de diciembre. 

En virtud del pacto alcanzado por el PSOE y el PP, el CGPJ quedará presidido en su nueva etapa por el magistrado conservador Manuel Marchena, pero 11 de las 20 vocalías del Consejo –es decir, mayoría absoluta– serán para candidatos propuestos por los socialistas y, si se cumple el plan previsto, obtendrán el respaldo de Podemos. Pero, de momento, la negociación ha encallado. Si no fructifica, ambas partes corren riesgos: el PSOE se arriesga a que opere en su contra haber alcanzado un pacto de pasillo en solitario con el PP y que ya ha anticipado quién presidirá el Consejo antes de que hayan sido designados los vocales que deben elegirlo. Y Podemos corre el peligro de que su estrategia de aliado útil para la gobernación del país se resquebraje y dé bazas a quienes dentro de la formación cuestionan la política de apoyo al PSOE. Este martes, y tras el que mantuvieron el lunes, el presidente del Gobierno y Pablo Iglesias mantuvieron un nuevo contacto.

La jueza y exdiputada renunció en 2016 a ir de nuevo en las listas electorales de Podemos después de que, con un auto del que fue ponente Manuel Marchena, el Supremo ordenase investigarla tras una querella del exministro del PP José Manue Soria. La denuncia fue finalmente archivada.

La exclusión de Rosell, avanzada ya el lunes y que a día de hoy se presenta como irreversible tal como han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras de la negociación, ha enrarecido el clima y dificulta el avance de unas conversaciones con fecha límite: el 3 o el 4 de diciembre, cuando el Senado debe votar en Pleno los nombres de los 10 vocales que le corresponde elegir, seis de ellos de extracción judicial. Y es ahí, justamente, donde se presenta el problema, porque además de Rosell es entre los 51 candidatos del cupo asignado a miembros de la carrera judicial (12 de los 20 vocales) donde, una vez cerrada la designación del magistrado José Ricardo de Prada por el turno de juristas de reconocido prestigio, se localizan los otros aspirantes que Podemos esperaba, o aún espera, presentar como bendecidos por sus siglas. Para entonces, el Congreso ya habrá votado a sus 10 vocales en una sesión fijada para el día 22 de este mes.

Aunque este martes circuló que el veto a Rosell ha partido de Manuel Marchena, cuyo ascenso a la cúpula del poder judicial implica su salida del tribunal encargado de juzgar a los acusados por el procés, otras fuentes aseguran que el virtual presidente del CGPJ es "por completo ajeno al asunto". Y fuentes políticas ajenas a las anteriores aseguran que, en realidad, no se trata de un veto en sentido estricto sino que "no todos caben en un consejo de 20 vocales".

La catalana Mar Serna entra en escena

Las apuestas iniciales de Podemos para el cupo de vocales de extracción judicial incluían, además del nombre de Victoria Rosell, el de José María Fernández Seijo, el juez que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE y que consiguió que este tribunal condenase la normativa hipotecaria española por permitir cláusulas abusivas. Y el de Esther Erice, presidenta de la Audiencia de Navarra y coordinadora de la comisión de violencia de género de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). El PSOE, sostienen fuentes conocedoras de la negociación, da su visto bueno a Seijo pero vacila ahora en lo que concierne a Erice. En la negociación ha entrado en escena el nombre de la jueza Mar Serna, que la pasada década perteneció al Gobierno del socialista José Montilla en la Generalitat de Cataluña y cuya incorporación saludaría Podemos y que cabría interpretar como un guiño al PSC en pleno conflicto soberanista.

Elegida diputada de Podemos en 2015, Rosell renunció en la primavera de 2016 a ir de nuevo en las listas electorales de la formación morada después de que, con un auto del que fue ponente Manuel Marchena, el Supremo admitiera una querella por prevaricación del exministro José Manuel Soria, que la acusaba de haber favorecido al empresario Miguel Ángel Ramírez, con el que la pareja de la jueza mantenía "relaciones económicas". Según Soria, Rosell retrasó la investigación por delito fiscal contra Ramírez.

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Una vez que Rosell se reintegró a la carrera judicial, la querella fue trasladada al Tribunal Superior de Canarias (TSJC), que finalmente la archivó. El caso levantó una enorme polvareda mediática, jurídica y política cuando trascendió que el juez que la había sustituido tras su salto al Congreso había dado instrucciones al empresario Miguel Ángel Ramírez.

Con el pleito ya en el TSJC, el caso dio así un giro drástico. El propio Ramírez desveló que el juez Salvador Alba, el que había tomado el relevo de Rosell en el juzgado de instrucción 8 de Las Palmas, se había reunido en privado con él antes de tomarle declaración y le había dicho lo que tenía que manifestar para, presuntamente, perjudicar a la exdiputada de Podemos. Ramírez aportó una grabación de la charla. En julio de este año, el CGPJ suspendió al juez Alba después de que el TSJ de Canarias, ante el que están aforados todos los jueces del archipiélago, ordenara abrir juicio contra él por prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

 

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