España lleva tres décadas sin políticas públicas para abordar la violencia sexual

"Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas". Es el subtítulo que reza en el informe de Amnistía Internacional Ya es hora de que me creas. Un estudio que analiza las carencias en el abordaje de la violencia sexual y plantea las herramientas para combatirla desde todos sus frentes. Durante su presentación este jueves, la organización ha recordado el "camino de piedras" por el que deben pasar las víctimas de violencia sexual y las desigualdades en función del territorio en el que habiten: a día de hoy, sólo siete comunidades autónomas cuentan con un centro especializado en violencia sexual y en ninguna existe un centro de crisis 24 horas.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha recordado que la violencia sexual "es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres". Pese a su dimensión, este tipo de violencia es "oficialmente invisible". Ése es, precisamente, el primer problema que detecta la organización: la total ausencia de datos, informes y estadísticas que cifren la magnitud del problema. En consecuencia, la violencia sexual ha estado tradicionalmente excluida de las políticas públicas dedicadas a luchar contra la violencia de género. "Mientras se daban importantes pasos en relación a la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas y exparejas, otras manifestaciones de violencia de género quedaban desatendidas", denuncia la organización. 

Tampoco existen, tal y como ha señalado Beltrán, campañas informativas que expliquen las pautas de actuación ante una agresión sexual. Por otro lado, los "estereotipos como raíz del problema" alimentan una "increíble y lamentable falta de formación" entre todos los agentes que intervienen en el proceso. El resultado para las víctimas es desolador: "Las mujeres no denuncian porque no creen que el sistema les respalde". Lo cierto es que, aunque el número de denuncias ha ascendido un 30% en el primer semestre del año, España está a la cola en comparación con los países de su entorno, según Eurostat.

Todas las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional aseguran que, de saber el camino de obstáculos al que se tienen que enfrentar, "no volverían a denunciar". Una frase, ha señalado la investigadora Bárbara Tardón, "demoledora que señala perfectamente el panorama en el que nos encontramos a día de hoy, donde todavía el Estado español sigue sin garantizar la debida diligencia en el marco de la prevención, la asistencia, la sanción a los responsables y por supuesto de la reparación integral".

A todo ello cabe añadir la "lotería de las comunidades autónomas". Según la investigación, diez comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual. Ninguna de ellas cuenta con los llamados centros de crisis, disponibles durante 24 horas los 365 días del año, aunque el Ayuntamiento de Madrid anunció en junio la puesta en marcha del primero. Por otro lado, sólo cuatro comunidades disponen de guías de actuación y únicamente nueve han desarrollado campañas de prevención o sensibilización institucionales. Finalmente, sólo cinco, además de Melilla, tienen protocolos de coordinación interinstitucional para casos de violencia sexual. A esta disparidad territorial se suman las diferencias dentro de cada comunidad, especialmente en las zonas rurales y en la periferia.

En este sentido, si bien el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha supuesto un avance importante, las autoras del informe lo tachan de insuficiente. "El Pacto de Estado tiene que incluir medidas de forma transversal, igual que lo hace en el entorno de la pareja o expareja", ha señalado Tardón. En el marco de la violencia sexual, "esas medidas no tienen que atender solamente a la prevención de la violencia sexual, que implicaría elaboración de campañas, investigaciones y políticas públicas, sino que se deben incorporar también medidas que garanticen que el Estado va a desarrollar un sistema de asistencia especializado en todas las comunidades autónomas, una justicia especializada, el acompañamiento a las víctimas durante ese proceso traumático y una reparación integral". El acuerdo, ha reiterado, "aborda la violencia sexual muy por encima y de forma residual".

Falta de asistencia 

Durante la presentación del informe dos víctimas han relatado sus experiencia personales. La primera, Mónica Méndez, perdió a su hija de 15 años en el año 2013. La menor se suicidó tras haber sufrido acoso sexual a través de redes sociales por parte de un hombre de 25 años. Una vez celebrado el juicio, el agresor fue condenado por un delito de coacciones, por el que debió asumir una multa de dos mil euros que a día de hoy no ha sido abonada a los familiares de la víctima. Méndez ha reconocido sentirse "maltratada por el sistema judicial" y dice ser "un número más para la justicia". La mujer también ha denunciado las carencias durante el proceso judicial y la revictimización que acarreó. "Pensé que con los medios que tiene, el Estado podría haber evitado la muerte de Raquel. Fui ingenua", ha sentenciado.

Otra víctima, Blanca –nombre ficticio–, ha corroborado asimismo la "experiencia traumática" que asumen las víctimas de violencia sexual. La falta de especialización por parte de los agentes de seguridad, la total inexistencia de acompañamiento, la ausencia de coordinación y la sensación de incredulidad han sido algunas de las cuestiones que la joven ha puesto sobre la mesa. La no asistencia en este tipo de procesos, ha recalcado Tardón, "condiciona el proceso judicial" y lastra la recuperación y reparación de las víctimas.

Recomendaciones

Junto al diagnóstico confeccionado por las investigadoras, el informe propone una serie de recomendaciones en diferentes esferas. En el plano de las políticas públicas, considera que España debe trabajar sobre acciones específicas, indicadores de resultado y un sistema de evaluación y seguimiento. También aconseja elaborar protocolos de actuación sectoriales a nivel estatal, del mismo modo que otros de coordinación intersectoriales y guías de actuación concretas. Asimismo, cree que a corto plazo las autoridades españolas podrían incluir datos de violencia sexual en las estadísticas sobre violencia de género, además de publicar información relativa a la respuesta judicial ante las denuncias.

En relación a la asistencia especializada, el estudio propone crear servicios como teléfonos disponibles las 24 horas y centros específicos para abordar el problema. Debe estar garantizado el funcionamiento de estos centros, dicen las responsables, en todo el territorio español. También apelan a la formación en violencia sexual "desde un enfoque interdisciplinar a los distintos agentes sociales" que están en contacto con las víctimas.

En el ámbito legislativo, llaman a revisar los textos, empezando por el ámbito penal y procesal, de manera que quede incorporado un enfoque de género y de derechos humanos que tenga en cuenta las características de las distintas formas de violencia sexual. También apuestan por el impulso de una Ley Integral sobre Violencia Sexual. Sería importante, asimismo, "acometer una revisión del Código Penal" respecto a los delitos sexuales, como ya está haciendo la comisión designada por el Ministerio Justicia –aunque no de forma vinculante–, y reformar la Ley de Extranjería "para que las víctimas y supervivientes de violencia sexual en situación administrativa irregular no se enfrenten a la posibilidad de la incoación de un expediente de expulsión" cuando acudan a denunciar.

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También es importante el abordaje en la esfera sanitaria. En este sentido, las autoras del documento hablan de "revisar, actualizar y asegurar que se difunde" el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, cuya última actualización data de 2012. También la formación es clave en este ámbito, así como "garantizar la cadena de custodia de las muestras en los centros hospitalarios".

En cuanto a la justicia, las autoridades deben garantizar "asistencia letrada gratuita e inmediata", además de desarrollar formación especializada para todos los agentes e "implementar un sistema operativo y diligente de coordinación de las oficinas de atención a las víctimas". Para mejorar la atención y el acompañamiento, es fundamental "adaptar las instancias judiciales para habilitar espacios amables y dignos".

La reparación es, finalmente, una cuestión de peso para las investigadoras. Por ello, "España debe incorporar expresamente en la legislación el derecho a la reparación de todas las víctimas", de manera que la misma "no se limite a una compensación económica, sino que también contemple restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición".