ONG instan al Gobierno a que no permita la devolución a Libia de 12 migrantes rescatados en el mar: "No es un país seguro"

Se han cumplido seis días desde que el pesquero de Santa Pola (Alicante) Nuestra Madre de Loreto rescatara a 12 migrantes a la deriva en el mar Mediterráneo, a escasas millas de los puertos de Libia, pero el destino de todas estas personas sigue sin estar claro. Las horas y los días continúan pasando pero la única solución que se ha presentado en el horizonte no convence a nadie. Este lunes, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, aseguró que el Ejecutivo central "mantiene negociaciones" con Libia para que se permita el desembarque en uno de sus puertos. Esas fueron las palabras que hicieron saltar todas las alarmas. Porque Libia, insisten desde entonces distintas ONG, el Defensor del Pueblo y hasta algunos eurodiputados, "no es un puerto seguro". 

El Ejecutivo, en cambio, opina lo contrario. Como los puertos de Italia y Malta se cerraron en bloque a acoger a los migrantes y refugiados que viajaban a bordo del buque, este se puso en contacto con su país de bandera, España. Sin embargo, y en contra del criterio que instaló el Gobierno socialista tras la acogida este verano del Aquarius, la respuesta fue una negativa. Y la explicación fue simple: Libia es el destino más seguro porque es más cercano a cualquiera de los puertos españolesel destino más seguro. 

 

Esta afirmación ha levantado numerosas críticas. De hecho, el propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comunicó este martes que había iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que valore "la posibilidad de permitir el desembarco en territorio español, por cuestiones humanitarias, de las personas rescatadas por el pesquero español Nuestra Madre de Loreto". "Según declaraciones realizadas por el capitán del barco a la prensa, las personas rescatadas, procedentes de varios países africanos, han mostrado su temor y rechazo ante la posibilidad de ser devueltos a Libia, país del que huyeron", asegura la institución en nota de prensa. 

Ese temor y rechazo está fundamentado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de hecho, ha cuestionado en reiteradas ocasiones que Libia sea un puerto seguro para el desembarco de migrantes y desaconseja los retornos a Libia tras los rescates en el mar. 

Lo mismo hizo Amnistía Internacional, que ya denunció varias veces que el país no era seguro. Lo ha vuelto a repetir este miércoles, cuando ha pedido a España, Italia y Malta, a través de una nota de prensa, que permitan el desembarco en un puerto seguro. Libia no podría serlo en ningún caso. "Estas personas han arriesgado sus vidas para escapar de los abusos de Derechos Humanos en Libia y deben ser desembarcados sin demora en el lugar seguro más cercano, ya sea en Malta o Italia", dijo Matteo de Bellis, investigador sobre el asilo y la migración de Amnistía Internacional. "Bajo ninguna circunstancia deben ser devueltos a Libia, donde se enfrentarían a la detención arbitraria y, posiblemente, la tortura y otros abusos", añadió. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), por su parte, se ha manifestado en el mismo sentido. Ha pedido al Ejecutivo de Sánchez, también a través de un comunicado hecho público este miércoles, que "no dé la espalda a su compromiso con las personas que necesitan protección y ordene inmediatamente permitir el desembarco en puerto español del pesquero". En caso contrario, denuncian, se estaría produciendo una vulneración "de la normativa internacional y el derecho de asilo". 

 

Cambio de criterio del Gobierno

Pero además de suponer una grave vulneración de los Derechos Humanos y la legislación internacional, según las ONG, si el Gobierno finalmente permite el desembarco de los 12 migrantes en puerto libio estaría incurriendo en una enorme contradicción y en un giro político "incomprensible". En este sentido, la directora de Cear, Estrella Galán, recordó al Ejecutivo socialista que, cuando llegó a la Moncloa, quiso poner los Derechos Humanos como una "prioridad en su agenda". 

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De hecho, en un primer momento, parecía que esta promesa se cumplía. Así, en el mes de junio, el propio Pedro Sánchez anunció que España acogería a los 629 migrantes y refugiados que fueron rescatados en el Mediterráneo por el barco Aquarius. Aquella ocasión era muy similar a la actual. Italia y Malta se negaron a abrir sus puertos y los tripulantes pasaron días a la deriva. "Por esta razón, es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer 'un puerto seguro' a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional", dijo entonces el Gobierno.

Peor ya dos meses más tarde el criterio cambió. La situación, exactamente la misma, y la respuesta, radicalmente diferente: España ya no era la mejor opción para que atracara el Aquarius –en esta ocasión con 141 personas a bordo– porque no era "el puerto más cercano". La misma tesis que defienden ahora. 

Mientras tanto, ocho eurodiputados ya han firmado un comunicado con el que han pedido a la Unión Europea que actúe, pues la institución, lamentaron, está "a punto de asistir a una nueva tragedia en el Mediterráneo". Y es que, añadieron, los días pasan y los recursos básicos, como alimentos y combustible, se están agotando. Además, las condiciones meteorológicas no son demasiado favorables.