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El futuro de la monarquía

IU y el PCE se querellan contra Juan Carlos I por sus presuntos negocios ilegales junto a Corinna

  • La querella interpuesta se centra en la grabación que el comisario jubilado Villarejo hizo de una reunión mantenida con la consultora alemana y el empresario Juan Villalonga
  • IU, el PCE y la asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas cree que de los audios se desprende la comisión de varios delitos, entre ellos tráfico de influencia, contra la Hacienda o constitución de grupo criminal

Publicada el 06/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 05/12/2018 a las 22:17
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Juan Carlos I, en una foto de archivo.

Juan Carlos I, en una foto de archivo.

EP
Dos semanas después de fotografiarse en Abu Dabhi con el presunto autor intelectual del asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi, al rey emérito se le puede abrir un nuevo frente. Este miércoles, veinticuatro horas antes del 40 aniversario de la Constitución, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (Fai-Rade) han interpuesto una querella criminal contra Juan Carlos de Borbón por los presuntos negocios ilegales realizados durante años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la que fuera su antigua amiga “entrañable”. En el escrito, presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se atribuyen al monarca más de media docena de delitos, entre los que se encuentran cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal o constitución de grupo criminal. Porque, en opinión de los querellantes, existen indicios de una “estructura organizada” creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad”.

La querella, dirigida además contra otras siete personas, se sostiene sobre la reunión que Zu Sayn-Wittgenstein mantuvo en 2015 con el empresario Juan Villalonga y con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –ahora encarcelado–, un encuentro que fue grabado de forma subrepticia por el policía y cuyos audios fueron publicados el pasado mes de julio. Durante aquella cita, la consultora alemana aseveró que el rey emérito tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y del abogado suizo Dante Canónica. Además, aseguró que se puso a su nombre una propiedad que el monarca marroquí regaló a Juan Carlos I, que el rey emérito había cobrado parte de la comisión del AVE a La Meca –una operación en la que también situó al empresario Juan Miguel Villar Mir– y que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, la había amenazado de muerte. Las cintas propiciaron la apertura de la pieza denominada Carol, que acabó siendo archivada por el juez Diego de Egea al considerar que no había pruebas de tales afirmaciones.

Para Enrique Santiago, secretario general del PCE y abogado encargado de redactar el escrito, la querella busca que se investiguen “hechos muy graves de público conocimiento” ante la “pavorosa dejadez del poder Ejecutivo, legislativo y judicial”. “Hemos constatado que no todos los españoles somos iguales ante la ley”, apunta en conversación con infoLibre el también responsable Federal de Justicia e Interior de IU, que recalca además que este “enriquecimiento considerable” del monarca se llevase presuntamente a cabo “durante los años más duros de la crisis y usando las instituciones y los recursos del Estado”. “Por salud democrática, es necesaria una investigación de todos estos hechos. Si no son ciertos, que desaparezca ya la duda. Y si lo son, que se actúe en consecuencia y caiga sobre él todo el peso de la ley”, sentencia.

“Pingües beneficios opacos al fisco”

Con los audios sobre la mesa, los querellantes consideran que “son numerables los indicios racionales” que indican que el monarca podría haberse dedicado durante “buena parte” de su etapa como jefe del Estado “a diversas actividades de mediación en actividades de comercio internacional –comisionista– incompatibles con el desempeño de cargo o función pública”. “Esta actividad le habría generado y le puede estar generando en la actualidad pingües beneficios presumiblemente opacos al fisco español”, recoge la querella, que recuerda las “explicaciones sobre testaferros y sistemas de ocultamiento y/o blanqueo de dinero” contenidas en la grabación del encuentro. En este sentido, el escrito señala que “se trataría de una conducta de incuestionable ilegalidad” al margen del estatus jurídico personal de Juan Carlos I “en cada momento”, en referencia a la condición de inviolabilidad que la Constitución establece para la figura del rey.

A juicio de los querellantes, las actividades descritas en los audios “perfectamente pueden constituir”, al menos, delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, “a resultas de una investigación judicial con las debidas garantías”. En su escrito, los dos partidos políticos y la asociación de abogados consideran que deben llevarse a cabo las pesquisas necesarias para dilucidar si se cometió o no alguna ilegalidad. Recuerdan, además, que “opiniones jurídicas sin duda más cualificadas” se han pronunciado en la misma línea. Así, ponen sobre la mesa el comunicado emitido por el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), un texto en el que afirmaban que las cintas “tienen la entidad suficiente” como para que la Agencia Tributaria (AEAT) “les preste la máxima atención y las verifique”. “Juan Carlos de Borbón, como cualquier otro residente fiscal en España, estaba y está obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 de la AEAT desde el año 2013”, señalan.

Grupo criminal

La querella, además, sostiene que de las grabaciones puede desprenderse también “la presunta existencia” de una estructura organizada “con vocación criminal”, creada y mantenida para realizar operaciones económicas “con clara apariencia de ilegalidad”. La finalidad de dicha estructura, que “ha funcionado plenamente” entre 2009 y 2015, era la “presunta obtención ilícita” por el rey emérito para su patrimonio personal “de cantidades económicas presuntamente de alta cuantía” obtenidas a través de operaciones realizadas “por empresas públicas o privadas españolas”, así como el “ocultamiento” a la Hacienda y la opinión pública del dinero percibido. “Valiéndose de la Jefatura del Estado, habría intervenido en operaciones económicas entre particulares, realizando actividades prohibidas a autoridades y cobrando comisiones económicas ilegales por dicha intervención, comisiones que posteriormente habrían sido ocultadas en paraísos fiscales o lugares opacos para la Hacienda Pública”, añaden.

Dicho grupo organizado “con vocación criminal”, apostillan los querellantes, estaría integrado por cinco personas diferentes. Juan Carlos I y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein se habrían encargado de “las negociaciones” con contratistas y contratantes. El “cobro de las comisiones ilegales” corrió por cuenta, según el escrito, del primo del rey Álvaro de Orleans, del abogado suizo Dante Canónica –“experto en ocultar cantidades económicas en paraísos fiscales mediante operaciones de ingeniería fiscal”, señalan– y del empresario Juan Miguel Villar Mir. “Parece deducirse de las grabaciones aportadas que Villar Mir también habría participado en la organización criminal descrita recaudando el importe de comisiones ilegales pagadas por contratistas y blanqueando las mismas, al menos respecto a las obras del AVE en la ciudad de La Meca”, apuntan.

La inviolabilidad del rey

Los querellantes, además, discrepan del auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decretando el archivo de la pieza conocida como Carol, un escrito en el que se deslizaba que “la ruptura de la relación de amistad en el año 2009” entre Juan Carlos I y la empresaria germana es lo que “pudo haber motivado el relato de hechos” que hizo ante Villarejo. Así, señalan que “nunca se ha contemplado en nuestra legislación” que el mantenimiento o no de una relación de amistad o afectiva “pueda ser un requisito de procedibilidad o exculpación en ningún caso”. “En absoluto se ha acreditado que el cese de la relación (…) determine que el testimonio de la primera tenga que ser necesariamente falso, resentido y, por tanto, descartable”, recoge el escrito, que asevera que más bien las declaraciones de la consultora alemana pueden estar relacionadas con “un deseo bastante obvio y procesalmente previsible” de quedar “exculpada” de una serie de delitos que pudiera haber cometido.

En cuanto a la inviolabilidad del rey, apuntan que “está relacionada con las funciones propias del desempeño del cargo oficial”. En ningún caso, dicen, “consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole personal”, aunque hubieran ocurrido durante su mandato como jefe del Estado. En este sentido, señalan que “los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponden con ninguna función” relacionada con su cargo. No obstante, si el Supremo decidiera asumir la interpretación “de un efecto ilimitado de inviolabilidad e irresponsabilidad” durante los años que estuvo al frente del Estado, los querellantes consideran que ello “no debería traer como consecuencia” la inadmisión de la querella porque “sin comprobación e instrucción no puede descartarse que las conductas descritas no se hayan realizado con posterioridad al 19 de junio de 2014 –cuando le sucedió Felipe VI– o incluso que sus efectos se mantengan en este momento”.

Delitos y diligencias

El escrito considera que los hechos descritos en torno a Juan Carlos I podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias cometido por funcionario y autoridad, constitución de grupo criminal o de los tipificados en relación con las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Siete delitos son también los que le imputan a la empresaria alemana: blanqueo de capitales, cohecho, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencias cometido por particular, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal. A De Orleans y Canónica, les atribuyen encubrimiento, blanqueo y constitución de grupo criminal. Estos dos últimos son también los que se imputan a Villar Mir, que añade a la lista cohecho y corrupción entre particulares. Por último, cuatro delitos se atribuyen a Villarejo y Sanz Roldán y solo uno, encubrimiento, a Villalonga.

Además, los querellantes solicitan al Supremo que se realicen varias diligencias de investigación. Por un lado, piden que se requieran los antecedentes que consten en la Agencia Tributaria en relación con el entramado financiero de sociedades offshore que Álvaro de Orleans usaba para realizar operaciones inmobiliarias en la costa gaditana. También, que se solicite a las autoridades de Mónaco y Suiza toda la información respecto a la situación patrimonial, sociedades participadas, cuentas corrientes y bienes que puedan pertenecer a Juan Carlos I, Zu Sayn-Wittgenstein, De Orleans, Canónica y Villar Mir. En cuanto al rey emérito y su primo, los querellantes también piden que se oficie a la AEAT para que aporte sus declaraciones del modelo 720 –bienes y derechos situados en el extranjero– y del 714 –impuesto sobre el patrimonio declarado– de los últimos diez años. 
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11 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 10/12/18 17:14

    ¿A que miseria llega el PCE que actua de parte de un delincuente peligroso como el sr Villarejo? El señor Villarejo que se ha hecho multimillonario a base del chantaje criminal, de comprar declaraciones de unos contra otros para obtener dinero, protegerse y ganar influencias. El señor Villarejo dice A (o hace decir A) y el PCE va al juzgado con las presuntas pruebas del delincuente Villarejo para favorecer la estrategia defensiva de ese delincuente. Nos cuentan cuando el gran partido Comunista Españaol de los Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Carlos Alons Zaldivar, PIilar Bravo, Antoni Gutierres, Sole Tura, etc se convertiria años después en el mamporrero de un delincuente peligroso , un mafioso al que sirve de correveidile y no nos lo podríamos creer. El gran PCE conchabado con el estercolero del poder. Nunca creí que fuera posible que llegara a tanta indecencia.

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  • Antonio Basanta Antonio Basanta 10/12/18 17:14

    ¿A que miseria llega el PCE que actua de parte de un delincuente peligroso como el sr Villarejo? El señor Villarejo que se ha hecho multimillonario a base del chantaje criminal, de comprar declaraciones de unos contra otros para obtener dinero, protegerse y ganar influencias. El señor Villarejo dice A (o hace decir A) y el PCE va al juzgado con las presuntas pruebas del delincuente Villarejo para favorecer la estrategia defensiva de ese delincuente. Nos cuentan cuando el gran partido Comunista Españaol de los Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Carlos Alons Zaldivar, PIilar Bravo, Antoni Gutierres, Sole Tura, etc se convertiria años después en el mamporrero de un delincuente peligroso , un mafioso al que sirve de correveidile y no nos lo podríamos creer. El gran PCE conchabado con el estercolero del poder. Nunca creí que fuera posible que llegara a tanta indecencia.

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  • Elvira Nantes Elvira Nantes 10/12/18 11:01

    Se puede cooperar de alguna forma con los querellantes?

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  • pep48 pep48 07/12/18 18:29

    Los "Borbones" ya dejaron huella de lo que eran y continúan en las mismas, ¡¡Viva La República!!, pues si lo haces mal, te vas a casa, con estos ya hay más que suficiente de lo mal que lo han hecho y aún están ahí.

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  • Aserejé Aserejé 07/12/18 12:31

    Suscribo todos vuestros comentarios. Saludos

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  • Excomulgado Excomulgado 07/12/18 08:59

    Ojalá metan a este impresentable entre rejas y le hagan devolver todo lo robado, ya que las comisiones qque se ha llevado nos ha tocado pagarlas a escote a todos los españoles. El que quiera zanganos que los alimente él.

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  • Txorigorri Txorigorri 06/12/18 19:43

    Sabiendo cómo está la justicia en este país y sobre todo cómo funciona el T.S., supongo que la querella acabará siendo sobreseída. No obstante, está bien que se denuncie y se saquen a la luz las andanzas de este personaje. También es una excelente manera de conmemorar el aniversario de la sacrosanta Constitución para poner negro sobre blanco la falta de equidad que la misma depara según de quién se trate y también para hacer saber que ser patriota es algo más que enarbolar banderas, sobre todo cuando hay tanto delincuente de postín escondido tras ellas.

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  • Isabelle0651 Isabelle0651 06/12/18 12:30

    ¡Bravo por IU y el PCE! Que se note desde todos los rincones que estas prácticas borbónicas son absolutamente intolerables. Ni testa coronada ni leches en vinagre.

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  • El chipionero El chipionero 06/12/18 10:29

    ¡Bien por IU y por el PCE! Ya era hora de que algún partido denunciase las más que supuestas irregularidades del rey emérito, por no decir los delitos. Lástima que, una vez más, el P$OE se doblegue y tape los olores de corrupción que han venido rodeando al Juan Carlos I. Posiblemente los republicanos socialistas que aún yacen en las cunetas se estarán removiendo en sus tumbas.

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  • Cantón Cantón 06/12/18 10:14

    Quizá  mi pregunta sea estúpida. ¿Tampoco la Sofía se enteraba de nada? ¿Tenían separación de bienes?. Si  eran reina y rey, y los dos cobraban y actuaban como tales.
    ¿Que empecinamiento existe en dejar al margen de la demanda e investigación a la señora? En caso de beneficios ilicitos, ¿No se los repartirán para los dos al 50%?

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    • Excomulgado Excomulgado 07/12/18 09:02

      Creo que Sofia se ha llevado mas porcentaje de cuernos y menos pelotazos económicos, pero si también hay que sentarla en la silla, ya que al igual que Juan Carlos ha vivido a nuestra costa y además nos han robado en forma de comisión.

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