Las sombras en el historial de Ence, la nueva empresa del Ibex 35

El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 anunció este lunes que la cadena de supermercados Dia abandona el índice selectivo, al que se incorporará Ence, una empresa española dedicada a la transformación de madera en pasta de papel o en biomasa agroforestal, utilizada para producir energía renovable. La compañía cuenta con dos fábricas: una en Navia (Asturias) y otra en Pontevedra (Galicia), cerca de la ría del mismo nombre. La segunda ha protagonizado durante décadas uno de los muchos conflictos en España entre una industria y los ecologistas por la supuesta contaminación de sus actividades. Estas batallas suelen tener muchos elementos comunes –alegación de la empresa a todos los empleos que genera su actividad, evaluaciones ambientales bajo sospecha, discusiones sobre los contaminantes que se vierten al medio natural–. En el caso de Ence, que a partir del 22 de diciembre de 2018 formará parte de las 35 empresas españolas con más liquidez que cotizan en las cuatro bolsas españolas, se suman dos casos de puertas giratorias y un ejemplo, aseguran sus opositores, de "connivencia" entre la Administración y la papelera.

La ría de Pontevedra es un espacio natural privilegiado. No solo referente para el turismo, también un escenario ideal para las bateas, las plataformas de madera que se colocan para la cría y el cultivo de moluscos. Cualquier modificación en este ecosistema, lógicamente, afecta al sector. Es la reivindicación de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) que, con la complicidad del Ayuntamiento de Pontevedra (en manos del BNG desde 1999), se opone a la presencia de la fábrica de la papelera, ubicada en el complejo industrial de Lourizán, y aluden a años de incumplimientos de la legalidad en materia de los residuos que vierten al mar. El primer episodio judicializado hace referencia a las acciones de Ence entre los años 50 y 1994. En 2002, seis directivos de la compañía fueron condenados por un delito ecológico. Aunque no reconocieron su culpabilidad, el acuerdo entre las partes cerró el pago de 430.000 euros a las distintas Administraciones implicadas para la regeneración de la ría.

Desde aquel episodio, Ence cumple con toda la legislación que se le ha aplicado y, además, ha recibido varios espaldarazos recientes de diversas administraciones. En declaraciones a los medios, la compañía presume de que su gestión medioambiental es "excelente". "La biofábrica es fundamental para la economía de Pontevedra y de toda Galicia, no es perjudicial en absoluto para la salud humana, y no emite sustancias que perjudican el medio", afirma. En enero de 2016, el Gobierno, por entonces en funciones, de Mariano Rajoy, amplió hasta 2073 la concesión para ocupar los terrenos que otorgó Franco en su momento. La excusa para hacerlo, aun estando en funciones, es que se trataba de un trámite "administrativo", a pesar de tener a grupos ecologistas y a un Ayuntamiento en contra. En noviembre de este año, la Xunta de Galicia revisó y renovó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa.

Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, Ence vertió a la ría en 2017 decenas de miles de kilos de nitrógeno, arsénico, cadmio y otras sustancias, aunque con una reducción significativa de las principales emisiones con respecto al año anterior. En respuesta a preguntas de infoLibre, Ence afirma que sus resultados medioambientales mejoran "holgadamente" los límites de la autorización ambiental. "Todos los parámetros que miden la calidad ambiental del efluente de la planta mejoraron, entre los que cabe destacar la Demanda Química de Oxígeno, que mejoró en un 36% el límite establecido", y los sólidos en suspensión, vertidos en una cantidad un 59% inferior a lo que indica la normativa que se le aplica, explica el departamento de comunicación de la empresa.

¿Por qué, entonces, insisten los ecologistas, si todo parece estar en orden? Porque consideran que los límites de emisiones que se le aplican a Ence –y que cumple desde hace años– son demasiado laxos y no son los que se le deberían aplicar. La APDR defiende la compañía debería regirse por la directiva de aguas residuales urbanas de la Unión Europea, que impone límites mucho más estrictos que la directiva de emisiones industriales que utiliza la autorización ambiental. De aplicarse, afirman los activistas, la planta de Pontevedra superaría los máximos permitidos.

La propia directiva establece que "aguas residuales urbanas" son "las aguas residuales domésticas" (esencialmente las que provienen de los baños) "o la mezcla de las mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de correntía pluvial". El segundo caso, la mezcla, es el caso de Ence, afirma la asociación. La empresa utiliza el mismo tubo emisario que proviene de la depuradora de la zona, y que vierte los desechos en la ría. En octubre, la propia Xunta, en su proyecto para construir un nuevo tubo subterráneo más largo, reconoció que los vertidos habían causado daños a las bateas y a la salubridad de las aguas de la ría de Pontevedra. "Sin embargo, Ence seguirá usando el tubo anterior, el que según la Xunta había degradado la zona", denuncia Antón Masa, el presidente de la APDR.

La Comisión Europea ha dado la razón a los opositores de Ence: considera que la directiva de aguas residuales urbanas es la que debe regir en el caso de la planta pontevedresa, y deberían aplicarse sus límites. Motivos, considera Masa, para que el Gobierno de Sánchez revoque el permiso que Rajoy, en funciones, concedió a la papelera. "Como mínimo, es una concesión injusta e irregular", explica el presidente de la asociación de defensa de la ría. Sin embargo, no tienen muchas esperanzas en que el Ejecutivo socialista se ponga manos a la obra, a pesar de la carta que el alcalde de Pontevedra le mandó a Sánchez pocos días después de tomar posesión.

Puertas giratorias

El apoyo de la Administración a Ence en los diversos permisos que necesita explica, a juicio de Masa, la "connivencia" de la que acusa a ambas partes, reforzada por dos casos de puertas giratorias entre el Gobierno y la Xunta y la nueva empresa del Ibex. En su consejo de administración figuran Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000, y Juan Carlos del Álamo, ex conselleiro de Medio Ambiente de Fraga entre 1997 y 2003, y destituido tras la crisis del Prestige. En 2002, con Del Álamo en el cargo, la Xunta le concedió la autorización ambiental que ha sido revalidada en noviembre de 2018. Fichó por Ence en 2009 y se mantiene en el cargo.

Además, la APPR pone el foco en la subdirectora general de Coordinación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, María José Echeverría Moreno, por ser la esposa del director de la planta pontevedresa de Ence, Antonio Casal. Accedió a la administración en 2002 como subdirectora de Calidad Ambiental, el mismo año en el que se concedió a la compañía la autorización ambiental.

Ence se defendió de las acusaciones de una supuesta trama familiar entre la empresa y el Gobierno gallego asegurando que cuando Casal entró en la empresa, Echeverría trabajaba en Uruguay, y que en el momento de la obtención del permiso, la mujer del director no tenía responsabilidad en la subdirección de Evaluación Ambiental, que es la que se encarga de expedir las autorizaciones. Las acusaciones son "profundamente falsas y machistas", alegó la compañía.

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El polémico eucalipto

Rondan sobre Ence, además, las dudas acerca de su modelo de negocio y su impacto sobre el monte gallego, una de las regiones españolas que más sufre los incendios forestales. La fábrica de pasta de papel de Pontevedra se alimenta, prioritariamente, de los eucaliptos que en las últimas décadas han poblado los espacios naturales de la comunidad autónoma. Los propietarios de los montes negocian directamente con la compañía la venta de la madera y favorece, al ser un comprador tan voraz, que cada vez interese más la plantación de estos mirtáceos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la especie ocupa el 18% de toda la zona forestal de Galicia, que sirve para abastecer de madera a más de la mitad de la demanda de esta materia prima en todo el país. "Aporta el 60 % de los ingresos a más de 80.000 propietarios forestales y a miles de trabajadores rurales y a cientos de empresas”, afirmó un informe encargado por la cartera, a favor de seguir manteniendo el papel del eucalipto.

Los contrarios al eucalipto, que aseguran que es una especie invasora, piden reducir el número de ejemplares, ya que son pirófitos: arden con facilidad, su extensión empobrece la biodiversidad y no deja espacio para otros árboles o plantas más resistentes. Sin embargo, la relación directa entre los incendios que algunos veranos asolan Galicia y los eucaliptos no está probada, y si la hay, no es el único factor que interviene, como explica el ingeniero forestal Juan Picos: "En el norte de A Coruña hay más eucaliptos y es donde menos incendios hay", ejemplifica el experto, que recuerda además que el árbol es la principal fuente de ingresos de muchas familias y que deja, en un año, más de 200 millones de euros netos en Galicia. Si las plantaciones son rentables, expone, se cuidan, por lo que la ausencia de matorrales abandonados en su base dificulta la expansión del fuego. Ence se suma a la hipótesis: "Es precisamente el cultivo de eucalipto y la rentabilidad que ofrece al propietario forestal, que le estimula a implantar medidas preventivas para evitar que su inversión desaparezca, la mejor alternativa para combatir el abandono y, en consecuencia, los incendios forestales", aseguran.