Más de 100 periodistas reclaman ante el TS respeto a su derecho al secreto profesional

Más de un centenar de periodistas y profesionales de la comunicación se han concentrado este viernes frente a la sede del Tribunal Supremo para reclamar su derecho al secreto profesional y denunciar el "insólito" ataque a la libertad de prensa después de los registros de las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares, incautando material profesional y personal de dos periodistas que investigan un caso de corrupción que afecta al empresario Bartolomé Cursach.

El secreto no se toca, Sin periodismo no hay democracia o Juez, respeta nuestro derecho son algunas de las reclamaciones que se han podido escuchar en la concentración, que ha tenido lugar este mediodía en la Plaza de la Villa de París, en Madrid, con la presencia del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, y del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, que edita el Diario de Mallorca.

En declaraciones a los numerosos medios de comunicación que han dado cobertura al acto, Javier Moll ha mostrado su apoyo "al trabajo de los periodistas" y que "puedan realizar su labor sin el sobresalto que significan los tristes acontecimientos" vividos en los últimos días. "Es sencillamente una muestra de solidaridad con los periodistas y el trabajo de los mismos", ha subrayado. Para el presidente de Prensa Ibérica, lo ocurrido esta semana en las redacciones de estos medios es "gravísimo" porque "se ataca el derecho del periodista de proteger sus fuentes, lo que es una manera de cercenar la posibilidad de informar de una manera libre y que sea eficiente para los receptores de esa información".

En este sentido, Martín de Cabiedes ha recordado que se ha presentado una querella criminal conjunta contra el juez que dictaminó la entrada en estos dos medios de comunicación. "Para nosotros es un acontecimiento extraordinariamente grave", ha destacado. "La situación de las personas que estaban en nuestra delegación en ese momento y cómo fueron atropelladas por la policía es absolutamente impresentable. La forma en que se le quitó el teléfono móvil, como arrancaron literalmente los ordenadores de las mesas y se los llevaron lo consideramos absolutamente inaceptable", ha afirmado.

60 informadores frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Unos 60 periodistas se han concentrado este viernes a mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para defender la libertad de prensa tras la incautación de teléfonos a periodistas, con el mensaje Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información y la etiqueta en redes #ElSecretoNoSeToca.

Los convocantes afirman que el secreto profesional de los periodistas es "el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas".

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Tras lo sucedido, informadores de toda España han mostrado su solidaridad con los compañeros y los medios de comunicación afectados, así como diversas agrupaciones profesionales, y más de 200 periodistas firmaron un primer escrito que fue entregado en mano al día siguiente a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y motivaron que el Consejo Fiscal se pronunciase al respecto, si bien se declaró no competente para opinar sobre una investigación en curso.

Más de medio millar de periodistas refrendaron un segundo escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instando al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución y frente este tipo de ataques a la libertad de prensa. "En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", destaca el escrito.

La Comisión Permanente del CGPJ defendió tras este escrito el derecho fundamental a la libertad de información y afirmó que "sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática".