El "cordón sanitario" a la extrema derecha en Europa: una medida limitada a muy pocos países

Dos semanas después de las elecciones andaluzas, PP y Ciudadanos han comenzado el tira y afloja para alcanzar un acuerdo de gobierno que desaloje a Susana Díaz del Palacio de San Telmo. Ambos partidos se han decantado por la vía de un Ejecutivo en minoría que se sostenga alcanzando acuerdos puntuales con el resto de fuerzas parlamentarias, entre ellas Vox, el partido de extrema derecha que dio la sorpresa en los comicios haciéndose con 12 asientos en el Parlamento andaluz. En ese dibujo, el partido ultraderechista se convertirá en la principal muleta de un futuro Gobierno conservador en la comunidad, a pesar de que el resto de partidos han pedido aislar a Vox.

Nada más conocerse los resultados en Andalucía, varias formaciones plantearon la necesidad de establecer un “dique de contención” para frenar a Vox. Una petición a la que se ha sumado el propio Gobierno socialista: “Curiosamente en Europa casi todos los países tienen un cordón sanitario alrededor de estos partidos, como reminiscencia de lo que fueron los resultados de políticas de derecha en el siglo XX”, señaló la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este grupo, destacan Francia y Alemania, donde las formaciones políticas se han puesto de acuerdo para levantar una muralla alrededor de partidos como el Frente Nacional o AfD (Alternativa para Alemania). Lo mismo ocurre en Suecia, donde la formación de Gobierno está bloqueada desde septiembre porque ni el bloque de izquierda ni la alianza de centroderecha quieren pactar con el partido xenófobo Demócratas de Suecia. Esta situación ha obligado a centristas y socialdemócratas a negociar entre ellos para intentar desatascar la situación.

Un cordón sanitario que, sin embargo, ha sido despreciado en varios Estados de la Unión Europea, donde la extrema derecha no solo ha sido clave a la hora de levantar un Ejecutivo tras las elecciones, sino que además ha entrado a formar parte de esos gobiernos. Una coalición formada por los euroescépticos del Movimiento 5 Estrellas y los xenófobos de la Liga Norte lleva meses pilotando Italia, la tercera economía comunitaria. Algo similar sucede en Austria, donde los democristianos del Partido Popular comparten gabinete con los ultraderechistas, lo que ha propiciado que el Ejecutivo se esté escorando cada vez más hacia posiciones racistas y excluyentes. La extrema derecha también está o ha estado presente en los gobiernos de Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia o Letonia. Y, por supuesto, en Polonia y Hungría, dos democracias iliberales que están cada vez más bajo la lupa de Bruselas.

  El ascenso ultra en Italia

 

Las elecciones italianas celebradas el pasado mes de marzo supusieron una revolución política sin precedentes en el país mediterráneo, pues por vez primera las fuerzas antiestablishment acumulaban el respaldo necesario para hacerse con las riendas del país. Por un lado, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) del cómico Beppe Grillo cosechó en las urnas el 32,7% de los sufragios, lo que le convirtió en la fuerza más votada. Por otro, la xenófoba Liga Norte de Matteo Salvini dio la campanada al hacerse con el 17,4% de los votos. Con estos resultados sobre la mesa, ambas formaciones terminaron cerrando un acuerdo para levantar su “Gobierno del cambio”, presidido por Giuseppe Conte y vicepresidido por los líderes de ambas formaciones, Luigi di Maio y Matteo Salvini. Del nuevo Ejecutivo, la formación de extrema derecha se quedó con seis ministerios –Interior, Políticas Agrícolas, Educación, Asuntos Regionales, Administración y Discapacidad y Familia–.

Ya en el Gobierno, que actualmente está manteniendo un pulso con Bruselas en materia presupuestaria, el partido xenófobo ha conseguido situar la lucha contra la inmigración, un debate en el que se encuentra cómodo, en el centro de la agenda política. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, la Liga Norte consiguió que el Parlamento diera luz verde al conocido como decreto Salvini, una norma que limita las concesiones de asilo a refugiados de guerra o represaliados políticos y que plantea la retirada de la nacionalidad a los extranjeros condenados por terrorismo, entre otras medidas. Esta ley provocó fuertes tensiones dentro del M5S, donde algunos senadores se negaron categóricamente a respaldar el decreto. A esta erosión interna se suma, además, la caída en las encuestas. Los últimos sondeos le dan un 28% de los votos, cinco puntos menos que en las elecciones de marzo, mientras que el discurso de mano dura de la Liga Norte sitúa a los de Salvini rozando el 30%.

  La Austria del canciller Kurz

 

Austria tampoco apostó por un cordón sanitario para aislar a los ultras. La victoria de Sebastian Kurz en las elecciones legislativas de hace un año supuso un giro a la derecha del tablero político austriaco. El Partido Popular (ÖVP) se impuso en los comicios con el 31,6% de los sufragios, mientras que los socialdemócratas retrocedieron a la segunda posición después de cosechar el 26,9% de los sufragios. Sin embargo, aunque los austriacos colocaron a Kurz a las puertas de la cancillería, el conservador no contaba con los apoyos suficientes para formar gobierno. Al ÖVP se le abrían, entonces, dos vías: apostar por una gran coalición a la alemana o apoyarse en la extrema derecha del FPÖ. Finalmente, los conservadores se decantaron por la segunda opción, formando una coalición de gobierno con los ultras que permitió al FPÖ colocar a su candidato como vicecanciller y quedarse con seis ministerios –Administración Pública, Exteriores, Defensa, Interior, Trabajo y Transportes–.

Durante este año de vida, el Ejecutivo austriaco ha seguido una línea dura en materia de inmigración. Hace una semana, por ejemplo, el Gobierno de coalición presentó en Viena una propuesta de reforma de la Mindestsicherung –el plan de ayuda social mínima a las personas sin recursos– que, entre otras cosas, recorte las subvenciones a todos aquellos extranjeros que no hablen bien alemán. “Tenemos una inmigración masiva en el sistema de la Mindestsicherung”, señaló Kurz, que en los últimos meses ha planteado la creación de un “eje” de Estados europeos “dispuestos” a “combatir la inmigración ilegal” y ha anunciado que Austria dará prioridad a este tema durante su presidencia del Consejo de la UE. Con esta mano dura, el ÖVP ha conseguido mantenerse firme en las encuestas. Los últimos sondeos le dan un 33% de los votos, casi dos puntos más que en las últimas legislativas. El FPÖ, por el contrario, se sitúa en el 23%, tres puntos por debajo.

  De Bélgica a Finlandia pasando por Dinamarca

 

El discurso ultranacionalista y xenófobo también ha conseguido colarse en los últimos años en los gobiernos belga y finlandés. En el primer país, las últimas elecciones al Parlamento federal se cerraron con la victoria de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), con el 20,33% de los sufragios, seguida por el Partido Socialista Valón, Partido de los Cristiano-Demócratas de Flandes (CD&V), Liberales y Demócratas Flamencos (LDF) y el Movimiento Reformador (MR). En octubre de 2014, ciento treinta días después de la cita con las urnas, el centro-derecha consiguió cerrar un acuerdo de gobierno a cuatro bandas liderado por el MR y en el que se integraban también el CD&V, el LDF y la N-VA, que se quedó con tres ministerios y dos secretarías de Estado. Aunque en Bélgica la etiqueta de la ultraderecha la tiene asignada la formación Vlaams Belang, lo cierto es que la posición que mantiene Nueva Alianza Flamenca en temas como la inmigración la sitúan muy cerca de los postulados ultras.

La N-VA fue, por ejemplo, la formación que presentó junto al CD&V el pasado mes de enero un proyecto de ley para que la Policía pueda registrar viviendas en busca de inmigrantes ilegales con la aprobación de un juez de instrucción, una norma que también contaba con el respaldo del Ejecutivo federal y que fue duramente rechazada por las asociaciones judiciales belgas y los partidos de la oposición, que tildaron la medida de “liberticida y desproporcionada”. Y fueron también los que el pasado fin de semana abrieron una profunda brecha en el Gobierno belga anunciando su salida tras la decisión del primer ministro, Charles Michel, de rubricar el Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas, algo a lo que se oponía la formación nacionalista flamenca.

En el caso de Finlandia, las elecciones de 2015 terminaron desembocando en una coalición de gobierno derechista integrada por las tres formaciones más votadas en los comicios: el Partido de Centro, los ultras de Verdaderos Finlandeses y los conservadores de la Coalición Nacional. En el nuevo gabinete, la formación de extrema derecha, que cosechó en las urnas un 17,6% de los sufragios, se quedó con cuatro ministerios –Asuntos Exteriores, Justicia y Empleo, Defensa y Asuntos Sociales y de Sanidad–. Con su entrada en el Ejecutivo, el partido xenófobo se vio obligado a hacer concesiones y a suavizar su posición, expulsando a algunos de sus miembros más abiertamente racistas. En sus tres años en el Gobierno, el partido de extrema derecha ha defraudado a buena parte de su electorado, algo que se pudo ver en las municipales de 2017, cuando consiguieron tan solo el 8,8% de los votos. Las últimas encuestas siguen situando a Verdaderos Finlandeses por debajo del 10%.

También en Dinamarca la extrema derecha juega un papel importante, aunque en su caso lo hace desde fuera del Gobierno. Tras las elecciones de 2015, el Partido Liberal Danés (Venstre), el tercero más respaldado en los comicios, decidió poner en marcha primero un Ejecutivo en solitario y, varios meses después, uno en coalición integrando en el gabinete a la Alianza Liberal y el Partido Popular Conservador. Sin embargo, a pesar del tripartito, el Gobierno sigue estando en minoría en el Parlamento, por lo que necesitan apoyarse en la ultraderecha, encarnada en el Partido Popular Danés. Su influencia política ha permitido impulsar medidas xenófobas, como la propuesta que a comienzos de diciembre puso sobre la mesa el Ejecutivo danés de enviar a un islote a todos aquellos inmigrantes a los que se les haya denegado el asilo y no se les pueda deportar a su país de origen. Actualmente, las encuestas están dando al Partido Popular Danés una intención de voto del 18%, un punto por encima de lo que cosechó en los comicios de 2015.

  El Grupo de Visegrado, Bulgaria y Letonia

 

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La extrema derecha antiinmigración también está muy presente en el denominado Grupo de Visegrado –República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia–, el club de Estados que se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para Bruselas por la aplicación de políticas autoritarias y por su nula implicación en la acogida de refugiados tras la crisis migratoria de 2015. De los cuatro, los que más destacan a nivel europeo son Polonia y Hungria, dos países cuyos gobiernos están en manos de formaciones ultraconservadoras que, por el momento, no han necesitado recurrir al apoyo de partidos todavía más escorados a la ultraderecha. Ambos Estados, no obstante, están bajo la lupa de Bruselas por la deriva autoritaria que han ido marcando los ejecutivos de Viktor Orban (Fidesz) y Jaroslaw Kaczynski (PiS). En el caso de Polonia, la Comisión Europea ya ha activado el mecanismo sancionador por violar los valores comunitarios. A pesar de ello, tanto Fidesz como el PiS se mantienen fuertes en las encuestas.

En Eslovaquia, el Ejecutivo es todavía más peculiar. El gobierno se sostiene sobre una coalición tripartita integrada por los socialdemócratas, la formación de la minoría húngara Most-Hid y la vieja ultraderecha del Partido Nacional Eslovaco, que consiguió quedarse con las carteras de Defensa, Agricultura y Educación y al que las últimas encuestas dan un 12% de intención de voto –en las legislativas de 2016 consiguió un 8,6% de las papeletas–.

Además de en suelo eslovaco, los partidos xenófobos también han conseguido colarse en los gobiernos de Bulgaria y Letonia. En el primer país, Patriotas Unidos colocó en el Ejecutivo al viceprimer ministro responsable de políticas económicas y a otros cuatro ministros. De la coalición de gobierno letón forman parte los ultraderechistas de Alianza Nacional, a los que las encuestas sitúan en el 10%, un punto por debajo de lo que consiguió en los últimos comicios legislativos.