La factura de la corrupción

La 'Operación Lezo' devalúa la imagen del Canal de Isabel II en los mercados internacionales

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.

El caso Lezo, donde se investiga la corrupción institucionalizada en el Canal de Isabel II y sus filiales durante la década de poder de Ignacio González, ha comenzado a pasar factura al grupo público madrileño en los mercados internacionales. Este martes, el Canal ha comunicado a la CNMV que la agencia Moody's "ha puesto en revisión" al Canal para rebajar su calificación.

El detonante para el anuncio de Moody's ha sido la decisión de la Fiscalía colombiana de embargar las acciones que en la firma local Triple A de Barranquilla posee Inassa, la gran filial del Canal en Latinoamérica y núcleo de una tupida red de sobornos a terceros y, presuntamente, de mordidas millonarias para el propio expresidente madrileño y su círculo de confianza. La investigación ha destapado que solo por la compra de la empresa brasileña Emissao, articulada a finales de 2013 a través de Inassa, Ignacio González y cuatro de sus –supuestos– cómplices se embolsaron 5,4 millones de dólares.

El Canal reconoce de forma expresa que ese es el motivo que subyace tras el paso dado por Moody's. La agencia ha iniciado el proceso de revisión a la baja por "la creciente incertidumbre sobre el impacto de los procesos judiciales en curso en los tribunales colombianos contra el grupo del Canal".

El hecho relevante notificado por el Canal de Isabel II llega a la CNMV apenas cinco días después de que Moody's lanzara una nota oficial donde destaca las consecuencias del gran caso de corrupción nucleado en torno a quien primero fue el delfín de Ignacio González, luego su sucesor y, finalmente, el principal imputado en Lezo. Puedes leer el contenido del Hecho Relevante remitido a la CNMV pinchando aquí y el comunicado previo de Moody's pinchando aquí.

"Los procedimientos legales en curso en los que es el Canal está involucrado –dice el texto– ponen el foco sobre el impacto negativo que tienen sobre el actual perfil financiero del grupo los defectuosos mecanismos de control y la débil gobernanza en sus operaciones en Latinoamérica durante los últimos años". Moody's hace constar "que las cuentas auditadas de 2017 para el grupo consolidado del Canal y sus participadas no se han emitido aún, en espera de las investigaciones legales en Colombia".

Lo previsible es que en no más de 90 días, la agencia decida si rebaja el rating –el riesgo de crédito de una compañía– o solo sus perspectivas de evolución, es decir, su previsible tendencia financiera. Los portavoces del Canal de Isabel II consultados por infoLibre han declinado hacer cualquier pronunciamiento adicional al texto remitido a la CNMV. No obstante, otras fuentes financieras consideran altamente impobrable que incluso si Moody's rebaja la calificación se produzca una desbandada de bonistas en aplicación del derecho de vencimiento anticipado ("Event of Default") del contrato por "Government Intervention", es decir, por la intervención gubernamental en Colombia. El bono del Canal, aseguran las citadas fuentes, se cotiza hoy más alto incluso con la Operación Lezo en marcha. 

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Esos dos conceptos –"Event of Default" y "Government Intervention"– aparecen expresamente mencionados en la notificación del grupo de aguas a la CNMV. Incluso en ese supuesto, dice la nota, "el Canal mantiene una sólida posición financiera (liquidez y líneas de crédito) y acceso al mercado de préstamos bancarios que le permitiría, en su caso, el rescate de la emisión realizada bajo el programa de renta fija registrado en la CNMV sin afectar a su solvencia".

El Canal subraya ante la CNMV que "tiene previsto personarse ante el juez de control de garantías a través de sus representantes en Triple A y en la mercantil Inassa, para defender los intereses de Inassa, de sus accionistas y de los accionistas de Triple A con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales".

 

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