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Cataluña

El Gobierno alega que no citó la Constitución en su comunicado porque el término "seguridad jurídica" implica cumplirla

  • "No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, compuesto por todas y cada una de las normas, empezando por la Constitución, los Estatutos de autonomía y el resto de las leyes que lo componen", ha argumentado la ministra Batet
  • La Portavoz del Ejecutivo Isabel Celaá ha realizado una valoración positiva de la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat

infoLibre
Publicada el 21/12/2018 a las 18:33 Actualizada el 21/12/2018 a las 19:43
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La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, acompañada por la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, acompañada por la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet.

El Gobierno ha justificado hoy que en el comunicado conjunto tras la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Quim Torra no se mencionara la Constitución. En este sentido, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que se incluyó la búsqueda de una respuesta democrática en el marco de la "seguridad jurídica" porque ese término implica cumplir todo el ordenamiento, la Constitución, el Estatut y el resto de leyes, informa Europa Press.

La ministra de Educación y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha comparecido de manera conjunta con Batet tras la reunión del Consejo de Ministros, ha realizado una valoración positiva de la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, asegurando que "uno de los objetivos de este Gobierno es encauzar políticamente las relaciones con Cataluña para buscar una salida al conflicto de Cataluña".

El Consejo de Ministros ha tenido lugar en el edificio de la Lonja del Mar, en Barcelona, rodeado de fuertes medidas de seguridad y con abundancia de incidentes entre los CDR y los Mossos d'Esquadra en numerosos puntos de la ciudad.

En el comunicado conjunto emitido ayer por el Gobierno y la Generalitat se afirmaba que "con el objetivo de garantizar una solución deben potenciarse los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de las sociedad catalana, en el marco de la seguridad jurídica"; suprimiendo, con esa fórmula, la referencia al cumplimiento de la Constitución que contenía el borrador inicial propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tanto Celaá como Batet han recibido varias preguntas a este respecto, pero la respuesta reiterada ha sido que el término "seguridad jurídica" implica cumplir con todo el ordenamiento jurídico.

"No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, compuesto por todas y cada una de las normas, empezando por la Constitución, los Estatutos de autonomía y el resto de las leyes que lo componen", ha argumentado la ministra Batet, quien también ha recalcado que esa expresión está contemplada en el artículo 9 de la Constitución española.

De esta forma, tanto Batet como Celaá han evitado admitir que el Gobierno haya aceptado la petición de la Generalitat de que no se incluyera una referencia a la Constitución en el comunicado de los dos gobiernos. Ello, a pesar de que ayer fuentes del Gobierno español explicaran que originalmente querían que el comunicado incluyera una mención explícita de la Constitución, pero que para la Generalitat eso suponía un problema, por lo que se optó por la fórmula de mencionar la "seguridad jurídica", que satisfizo a las dos partes.

Eluden precisar si la reunión con Torra desbloquea los Presupuestos

Ambas ministras, que han defendido continuamente la vía del diálogo, han apelado también a la "reciprocidad" por parte de los partidos que componen el Gobierno catalán y también han llamado al diálogo entre los propios catalanes, es decir, entre todas las fuerzas que forman el arco parlamentario.

La titular de Política Territorial y la Portavoz también han evitado responder a las preguntas de si el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, había servido para desbloquear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Batet se ha limitado a responder que la reunión de ayer ha servido para reconocer lo positivo que aporta el diálogo y ha recordado que el "deshielo" que supuso la primera reunión entre Sánchez y Torra "ha dado sus frutos" con acuerdos y medidas concretas en beneficio de los ciudadanos.

La Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, por su parte, se centró en animar a los partidos a que aprueben las cuentas públicas y en reprochar a las "fuerzas de la derecha" que hayan bloqueado la reforma de la ley para que el Senado no tenga la última palabra sobre la modificación de la senda de déficit.

Celaá considera que es una "anomalía democrática" que el Senado, con mayoría del PP, pueda bloquear la aprobación de la nueva senda de déficit –el 1,8%– que, precisamente ayer, salió adelante en el Congreso de los Diputados con la mayoría que aprobó la moción de censura.

Celaá acusa a PP y Cs de querer recentralizar competencias de Cataluña

La titular de Educación también cargó contra el PP y Ciudadanos por su reiterada propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Lo invocan como si fuera el único artículo de la Constitución", ha recalcado antes de expresar su convicción de que "la defensa de la aplicación perpetua de ese artículo no aporta ninguna respuesta política, salvo que tras su invocación permanente se esconda un afán de recentralización perpetua de las competencias de la autonomía de Cataluña".

Tras dejar claro que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con ese planteamiento, ha precisado que no quiere volver a una "España de triste recuerdo de años atrás, centralista y recentralizadora".

Además, Isabel Celaá ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a interferir en la vía judicial que hay contra el anterior gobierno catalán al ser preguntada si creía que se podía normalizar la situación política mientras hubiera "presos y exiliados".

Ha respondido, a este respecto, que España es un estado de derecho que se sustenta sobre la separación de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en el orden judicial: "Es el poder judicial quien decide o determina prisión o libertad".
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