Un informe policial concluye que el Gobierno de Aguirre creó el escenario "ideal" para amañar contratos millonarios

El "alto nivel de discrecionalidad" y la "injustificable ausencia" de informes jurídicos en tres licitaciones multimillonarias para la ampliación de la red de metro permitieron al ya desaparecido ente público madrileño Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) "actuar en un entorno totalmente opaco" y crear la "situación ideal para adjudicar un contrato de manera fraudulenta".

Los entrecomillados pertenecen a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la Operación Púnica y que afianza los indicios de que, tal como sostiene el arrepentido David Marjaliza, el empresario Javier López Madrid se benefició en 2004 de adjudicaciones amañadas de obras del Metro cuyo importe sumaba 216 millones.

En aquel momento, el Gobierno de Madrid tenía como presidenta a Esperanza Aguirre. Y quien era su número dos en la estructura regional del PP y hoy ostenta el rango de principal imputado en Púnica, Francisco Granados, dirigía la Consejería de Transportes. En enero de este año, Marjaliza declaró ante el juez que él mismo, Granados y López Madrid se repartieron paritariamente 3,6 millones en comisiones ilegales derivadas de esas adjudicaciones. Hasta que optó por confesar su implicación en la trama y desvelar datos de terceros, Marjaliza constaba como uno de los grandes aliados de Granados, su amigo, socio y vecino en el pueblo de ambos –Valdemoro– durante años.

Tanto López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y amigo de Felipe VI y su esposa, como Granados niegan taxativamente la versión de Marjaliza: ni hubo amaño ni hubo reparto de mordidas, afirman desde que el empresario arrepentido destapó en enero la operación ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Pero el informe de la UCO, elaborado precisamente a raíz de esa confesión, mantiene que el pago de 700.000 euros que una empresa de Marjaliza –Aruba– hizo a otra de López Madrid –Financiera SIA Capital, de su exclusiva propiedad– obedece "presumiblemente" a su intervención en la compraventa de una empresa que inicialmente pertenecía a OHL –Grabitum– y que tras quedar en manos de otra mercantil –Obrum, controlada por Marjaliza– se vio beneficiada con adjudicaciones del Metro.

Fechado el 31 de agosto, el informe desmenuza a lo largo de 143 páginas todas y cada una de las facetas relacionadas con los contratos de Mintra bajo sospecha, así como distintos correos electrónicos y otros documentos incautados a López Madrid que la UCO valora como demostrativos del acuerdo alcanzado por Marjaliza y el yerno de Villar Mir para hacerse con contratos públicos del Ejecutivo regional. Por ejemplo, una anotación en un cuadro de ingresos previstos para Financiera SIA aparece consignada la cifra de un millón de euros junto a la leyenda "Operación Obrum" y un intervalo de fechas situado entre noviembre de 2005 y julio de 2006.

Presuntos corruptos de renombre

El prolijo análisis de la UCO pone el acento en un punto que la presencia de presuntos corruptos de renombre, como Javier López Madrid o Francisco Granados o David Marjaliza, eclipsa a menudo: la existencia de una mecánica instaurada por el organismo responsable de la licitación, tolerada por las instancias superiores y sin la cual no habría sido posible el amaño. "En definitiva –exponen los autores del informe–, los aspectos analizados en el presente apartado [el relativo al análisis de los expedientes administrativos de contratación] otorgaron a la actividad contractual desarrollada en Mintra una serie de condicionantes, los cuales le permitieron actuar en un entorno totalmente opaco, con ausencia de control jurídico y económico, lo que le posibilitó proceder en la licitación y adjudicación de los contratos analizados en este informe con alto nivel de discrecionalidad (...) formando todo ello un escenario acorde para el amaño de contratos". La idea de que la falta de control y de transparencia convirtió a Mintra en el escenario propicio para la adjudicación fraudulenta de contratos de gran magnitud opera como un auténtico leitmotiv en el informe.

La sociedad que López Madrid usó para cobrar comisiones en 'Púnica' gestionó durante 10 años una empresa pública madrileña

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La UCO define como "una omisión difícilmente justificable" la inexistencia de informes jurídicos sobre las adjudicaciones en liza. "Máxime –recalcan los autores del informe– si se tiene en cuenta el alcance y la magnitud de los tres contratos de obra debido al objeto de los mismos, construcción de infraestructuras ferroviarias, y el precio total de la ejecución de las obras, 26 millones de euros el contrato de prolongación de la línea 10 [de metro], 134 millones de euros el contrato de Metro Ligero y 56 millones de euros el contrato de Metro Norte".

En su comparecencia de enero ante el juez del caso Púnica, Marjaliza aportó distintas facturas abonadas a Financiera Sia Capital por una de sus empresas, Vancouver Gestión SL. Teóricamente, todas ellas se correspondían con servicios de intermediación inmobiliaria realizados por Financiera SIA para Vancouver. Según Marjaliza, el concepto de las facturas era falso. Su emisión perseguía camuflar el pago de comisiones a López Madrid por haber facilitado la venta a Obrum de Grabitum. Obrum necesitaba a Grabitum porque esa compañía, originariamente filial de OHL, tenía la clasificación necesaria para acudir a concursos públicos.

Financiera SIA es la empresa a través de la cual López Madrid gestionó durante 10 años un fondo público de capital riesgo de la Comunidad de Madrid –Inicap–, lo que le reportó honorarios de al menos 600.000 euros. Las presuntas ilegalidades perpetradas a través de Inicap figuran en la querella por malversación a gran escala en la Comunidad de Madrid contra un centenar de antiguos altos cargos y empresarios que hace dos semanas presentaron el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos).