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Secreto profesional

El juez del 'caso Cursach' anula oficialmente la orden de que se valió para requisar los móviles a dos periodistas

  • El magistrado que investiga las filtraciones del 'caso Cursach' da marcha atrás tras la oleada de críticas y la querella por prevaricación, pero dice que los informadores dieron sus teléfonos "sin protesta alguna"
  • Los dos medios afectados, Europa Press y 'Diario de Mallorca', desmienten que la entrega fuese voluntaria

Publicada el 03/01/2019 a las 18:53 Actualizada el 03/01/2019 a las 20:12
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Concentración de unas 200 personas en Palma en defensa del derecho a la información y a la libertad de prensa.

Concentración en Palma por la incautación de dispositivos a periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca'.

EP
El juez Miguel Florit, que durante la investigación de las filtraciones del llamado caso Cursach requisó hace tres semanas los teléfonos móviles de dos periodistas de Palma que no constan como imputados en la causa, ha dado marcha atrás tras la oleada de críticas y la querella planteada por los medios afectados, la agencia Europa Press y el rotativo Diario de Mallorca. En un auto fechado este miércoles 2 de enero, Florit desvela que la "intervención" de "determinados dispositivos de almacenamiento de información" se produjo en virtud de una resolución dictada el 11 de diciembre y que "fue anulada o dejada sin efecto" por otra que él mismo dictó diez días después, es decir, el día 21. 

El juez remarca que ese segundo auto contiene una certificación de que ni los móviles ni los ordenadores confiscados habían sido "abiertos, volcados ni examinados sus contenidos". Pese a que la anulación o revocación del auto del día 11 implica una rectificación, el juez sostiene que los dos periodistas entregaron sus teléfonos "sin protesta alguna". Y que podían haber recurrido la orden sin necesidad de contar para ello con los servicios de ningún abogado. Tanto Europa Press como Diario de Mallorca niegan de forma taxativa la versión de la entrega pacífica

"Los policías –dice el texto difundido por Europa Press tras conocerse el nuevo auto de Florit– exigieron a la periodista [Blanca Pou] toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel". "Por tanto –concluye la agencia– Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica".

Diario de Mallorca se pronuncia en términos casi idénticos: "El magistrado –se lee en la noticia difundida este jueves en su web– afirma que los dos informadores podían haber recurrido el auto de 11 de diciembre y asegura que también entregaron voluntariamente su material de trabajo. No obstante, los dos redactores se opusieron de partida, pero los agentes insistieron en la obligatoriedad de la entrega y no les dejaron ponerse en contacto con sus empresas ni con un abogado que les asesorara".

Una semana después de la inédita incautación, dos policías del Grupo de Blanqueo de Baleares fueron detenidos como presuntos autores de la revelación de secretos investigada por Florit. El juez había abierto esa pieza, de carácter secreto, tras las quejas de los abogados de Bartolomé Cursach, un importante empresario de la noche mallorquina que acabó viendo cómo la prensa aireaba de pronto el relato de los supuestos sobornos que supuestamente pagó durante años para blindar su imperio y hundir a la competencia.

Desarrollada con el apoyo expreso de la Fiscalía y sin precedente conocido, la confiscación de los teléfonos móviles con que ambos periodistas se comunican de manera habitual con sus fuentes abrió un encendido debate sobre la vulneración del secreto profesional, expresamente protegido por el artículo 20 de la Constitución. El derecho a no revelar las fuentes se ha considerado de manera unánime desde la restauración democrática como un requisito esencial para la libertad de información.

A raíz de la incautación, los dos periodistas y sus respectivos medios interpusieron una querella contra Florit que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Baleares (TSJIB). Los querellantes atribuyen al magistrado tres delitos: prevaricación judicial, contra el secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.
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8 Comentarios
  • canor canor 04/01/19 17:21

    La ineptitud de algunos magistrados es mas que palpable. Encontrar a la JUSTICIA en este pais es mas que laborioso, imposible. JUSTICIA ¿DONDE TE HAS EXILIADO?

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  • Pelias Pelias 04/01/19 17:03

    Lo de algunos jueces es una gran vergüenza ¡Pobre Justicia! Es como poner el zorro a cuidar de las gallinas.

    ¿Y el CGPJ dirá ahora: 'pelillos a la mar?

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  • j.c.ab j.c.ab 04/01/19 14:45

    La policía requiere el material por orden del juez, ¿¿¿¿¿Y el juez dice que no se resistieron como excusa?????. ¿¿Que hubiera sucedido si hubiera podido demostrar que se oponían???. Y esta gentuza exige respeto a sus decisiones. La montaña de estiércol que los cubre está muy fundamentada y nadie respeta la porquería.

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  • Tajo Tajo 04/01/19 13:58

    Vergonzante y asqueroso el comportamiento de jueces como ese, pero no le pasará nada. Si de verdad existiera JUSTICIA en este país, ese indivíduo debería ser expulsado de la judicatura y juzgado como delincuente. Del CGPJ, mejor ni hablar, como del TS o del TC; mientras no se limpien esos órganos de la casta que los ocupa, esta es la justicia que tendremos.

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  • CarlosP58 CarlosP58 03/01/19 21:44

    Este caso demostrará para qué sirve y qué hace el Consejo General del Poder Judicial, ese que se negó a renovar el Ppcorrupto mediante la filtración interesada del wathsap del senador Ppero Cosidó.
    Estamos ante la violación flagrante de "derechos fundamentales" por parte de un miembro de la administración pública de Justicia del Reino de España.
    Ahora el CGPJ deberá tomar decisiones y no podrá mantener ese comportamiento de un miembro de la judicatura y a la vez garantizarla protección de derechos fundamentales, ya violados.
    Lo demás, pamplinas para entretener.
    Saludos y Periodismo Libre.

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  • Cantón Cantón 03/01/19 20:59

    Y tenemos esta caterva de estúpidos por jueces.
    ¿Cuanto hay que estudiar para llegar a este nivel de estupidez?
    No se si generalizar la estulticia entre este colectivo, pero se lo están ganando a pulso. Son tantos, y un día tras otro que hay que desconfiar de esta tropa y la aplicacion de su trabajo.

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  • Draco Draco 03/01/19 20:49

    Y a este juez quien le va a juzgar?

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    • BASTE BASTE 04/01/19 08:10

      Sus juezcompis.Tenemos lo que nos merecemos.

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