El Gobierno no sólo se enfrenta al prior del Valle: los Franco pueden recurrir y el Supremo tendrá la última palabra

El prior del Valle de los Caídos se ha pronunciado oficialmente sobre la exhumación del dictador Francisco Franco. Y lo ha hecho con una negativa. Según publicó este jueves el periódico El País, el benedictino Santiago Cantera remitió el pasado 26 de diciembre una misiva al Gobierno en la que desautorizaba la exhumación del general golpista, enterrado en el mausoleo hace ya casi 44 años. La respuesta llegó tan sólo dos semanas después de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara por escrito el preceptivo permiso para entrar en el templo. El prior, que fue candidato de Falange Española Independiente en las elecciones de 1993 y en los comicios europeos de 1994, dio una razón a su juicio clara: ni hay consenso de la familia Franco ni han finalizado los pleitos judiciales. 

La respuesta no fue una sorpresa para el Gobierno. Es más, según El País, el Ejecutivo "esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera, cuyos antecedentes ideológicos son conocidos públicamente", en alusión a su pasado falangista. Pero es que, además, la actitud de poner piedras en el camino hacia la exhumación no es nueva. "El prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas sobre este proceso por las autoridades eclesiásticas españolas, tanto desde el Arzobispado de Madrid como desde la Conferencia Episcopal", dijo el Gobierno.

 

El prior administrador del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro (d) | Web de la abadía

Las dos instituciones, no obstante, declinaron responder a la decisión del prior. Según informaron fuentes del Arzobispado a infoLibre, "la abadía del Valle de los Caídos es independiente", ya que solo responde ante su orden, los benedictinos, que tienen su sede en Francia, en la Abadía Saint-Pierre de Solesmes. "El Arzobispado sólo entraría en cuestiones doctrinales, y en este caso no hay ninguna cuestión doctrinal", indicaron. "Nosotros, lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, y es a lo que nos vamos a limitar, es apelar al acuerdo entre el Gobierno y la familia" del dictador. La misma respuesta que dio la Conferencia Episcopal a preguntas de este diario. Tal y como indicaron, su posición es exactamente la misma que ya dio el secretario general, Luis Javier Argüello García, en una entrevista concedida el pasado mes de diciembre en RTVE: "Nuestra remisión es a la familia y a quienes decidieron que Franco fuera enterrado allí. Instamos a la familia y a la administración pública a ponerse de acuerdo".  

A la espera de que llegue ese acuerdo, el Gobierno no se dará por vencido. Al menos, eso ha querido manifestar. "La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco", dijo Moncloa este mismo jueves. "Dentro de las gestiones previstas por el Gobierno, figura el traslado de todas los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera", añadió el Ejecutivo. 

Ese es el siguiente paso a seguir para que, al fin, la momia del dictador salga de su actual tumba. En un primer momento, el Gobierno aseguró que sería en verano de 2018; después, en Navidad; y, ahora, a principios de este recién estrenado 2019. Los pasos estaban claros, pero el problema han sido los obstáculos que los socialistas se han ido encontrando a lo largo del camino. Porque este del prior no es el único al que se enfrentan, según las fuentes consultadas por infoLibre. Hasta que se produzca la exhumación, puede haber más. Y todo, por un "error de cálculo" del Ejecutivo, según critica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "El Gobierno no se llegó a plantear los posibles escenarios" que se le podían presentar, asegura. Y es que a la negativa del prior de pasado falangista se suma la oposición de la familia Franco y la decisión del Tribunal Supremo, que será quien tenga la última palabra en todo este asunto. 

La familia y la decisión del Supremo, los siguientes escollos

La familia Franco, desde el primer momento, se ha mostrado contraria a la exhumación. De hecho, interpusieron un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que solicitaban la nulidad del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre para la exhumación de los restos del dictador. Pedían, así, que en tanto se analizaba el fondo del asunto, se paralizara cualquier actuación tendente a trasladar al general golpista fuera del Valle de los Caídos. El recurso, tal y como avanzó entonces el diario digital El Español, se dirigía contra las instrucciones que dictó el Gobierno para comenzar con las labores de exhumación.

De este modo, el acuerdo del Ejecutivo no suponía ni la inmediata exhumación de los restos de Franco ni producía una situación irreversible. Por eso, el Tribunal lo rechazó. No obstante, la resolución sobre el fondo del asunto quedaba pendiente.

Y así continúa. Por ello, el Gobierno deberá ahora sortear estos dos escollos: el de la familia y el del Supremo. "El Consejo de Ministros debe adoptar ahora otro acuerdo en el que decidirá cuándo se va a llevar a cabo la exhumación y a dónde van a ir a parar los restos. Este acuerdo será recurrible para la familia", explica Alicia Cárdenas, investigadora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 

¿Qué pasará entonces? Si el Tribunal lo admite a trámite, se podrá pronunciar sobre las medidas cautelares y, entonces sí, podría paralizar la exhumación hasta que se resuelva la cuestión de fondo, continúa explicando Cárdenas. O también puede dar luz verde al proceso mientras lo valora, añade. En ese caso, si al final se pronunciara a favor de la familia, Franco podría ser devuelto a su tumba en Cuelgamuros. 

No obstante, todas las fuentes consultadas confían en que el Supremo no impedirá que se lleve a cabo la exhumación. "Lo más razonable es que el Supremo se posicione a favor de la exhumación, pero no se sabe todavía", dice Cárdenas, que asegura que el proceso podría alargarse sine die. Eso, precisamente, es lo que preocupa a Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. "Estamos preocupados por que el Gobierno no llegue a hacerlo porque no le dé tiempo. Tememos que no se aprueben los Presupuestos, que el Ejecutivo convoque elecciones y que el asunto desaparezca", asegura. 

El pasado falangista del prior

La negativa del prior iría por otros cauces. Tal y como aseguró este jueves el Ejecutivo, se trasladarán todos los requerimientos legales a instancias superiores de Cantera, cuya decisión no ha sorprendido. No lo ha hecho porque, a pesar de administrar "un lugar de reconciliación", fue candidato del partido Falange Española Independiente (FEI) al menos en dos procesos electorales, tal y como pudo comprobar infoLibre a través de la documentación que figura en la página web de la Junta Electoral Central (JEC). En ambos comicios, el monje ocupó puestos de cierre en las listas y no salió elegido.

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La primera vez que aparece el nombre del prior administrador de la Abadía Benedictina en una lista electoral es en las generales del año 1993, la última victoria en las urnas de Felipe González. En esos comicios, Cantera, que por aquel entonces era un joven madrileño de 21 años, ocupaba el puesto número 32 de la lista que Falange Española Independiente presentó por la capital para el Congreso de los Diputados. 

El resultado fue pésimo, pero la formación falangista volvió a intentarlo un año después. Y Cantera estuvo ahí nuevamente. El actual prior administrador de la Abadía del Valle de los Caídos también se presentó en la candidatura de Falange Española Independiente para las elecciones al Parlamento Europeo de 1994, unos comicios en los que se impuso el PP de José María Aznar. En esta ocasión, ocupó el puesto número 40 de la lista. Y, como ocurrió un año antes, ni él ni ningún otro candidato de la formación falangista consiguieron entrar en la Eurocámara.

Ahora, según denuncia Silva, Cantera está enaltecido en el Valle. Y lo está gracias al consentimiento del Gobierno, que ha permitido a la abadía "jugar en un terreno donde no puede jugar". "Ahora, el prior cree que puede incumplir las leyes", añade. Por eso, su negativa.