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Universidad

Gobierno y rectores acuerdan que la cotización de prácticas universitarias comience con el curso 2019-2020

  • El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado la decisión del Gobierno de que no sean estas últimas las que soporten los gastos
  • Han convenido que la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018 sobre medidas urgentes en materia social, laboral y de pensiones comience con el próximo curso

infoLibre
Publicada el 16/01/2019 a las 19:20 Actualizada el 16/01/2019 a las 19:21
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Una clase en la Universidad de Navarra.

Imagen de archivo una clase en la Universidad de Navarra.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) han acordado este miércoles que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020. Informa Europa Press.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha coordinado e impulsado una reunión celebrada este miércoles con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la CRUE sobre la aplicación de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

En la reunión de este miércoles, según informa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, además de este acuerdo, "se han expuesto los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición que deben ser objeto de regulación", y que tiene un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha expuesto la intención del Gobierno de "construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes", asegura. "Es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social", ha añadido.

En la reunión también se ha emplazado al diálogo con otros sectores de la comunidad educativa, así como a estudiar, en una próxima reunión dentro de dos semanas, un informe de CRUE sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones. Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han asistido a la reunión la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, Ángeles Heras, el subsecretario del Departamento, Pablo Martín y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

En representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez. Representando a CRUE han participado en la reunión su presidente y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, el responsable de Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Collado, el responsable de Asuntos Académicos y rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, y la presidenta del grupo de trabajo de Empleo de CRUE y vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Nuria Grané.

Por su parte, la CRUE ha agradecido "la decisión del Gobierno de abrir un diálogo para el desarrollo de la nueva normativa" y ha valorado "muy positivamente su predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos por su aplicación". En otro comunicado, la conferencia de rectores dice comprender "que la intención del Gobierno de reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes es muy positiva" y "celebra el acuerdo alcanzado en la reunión para que la entrada en vigor de esta Disposición no se produzca antes del comienzo del curso académico 2019-2020".

Hace dos semanas, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
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