Gobierno y Generalitat estiran el diálogo sobre el diálogo a un mes de la votación de los Presupuestos

Todo sigue en el aire. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y sus dos interlocutores de la Generalitat, el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi (JxCat), no anunciaron este jueves ningún acuerdo concreto para hacer realidad “en el marco de la seguridad jurídica” el “espacio de diálogo efectivo” que “permita avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”, que es lo que acordaron hacer en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 20 de diciembre.

A través de un comunicado, ambas partes se limitaron a explicar que “el objeto de la reunión era establecer los mecanismos para un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política sobre el futuro de Cataluña” y a “valorar la posibilidad” de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: “Uno, entre Gobiernos a partir de la comisión bilateral Estado-Generalitat y, otro entre partidos, todavía por concretar”.

El comunicado es tan vago que no permite apreciar ningún avance en las negociaciones. De hecho, concluye anunciando que “habrá una segunda parte de la reunión” la semana que viene en Barcelona “para la concreción y fechas de estos acuerdos”.

En la práctica, y a falta de detalles más concretos, la única novedad es que ambas partes mantienen abierta la puerta al diálogo a cuatro semanas de que los partidos independentistas decidan si permiten la tramitación del proyecto de Presupuestos o rompen definitivamente con Pedro Sánchez.

Esquerra y el PDeCAT buscan la manera de sentar al Gobierno a una mesa en la que se pueda hablar de autodeterminación y en la que también estén presentes negociadores internacionales —el president Quim Torra lleva varios días de gira por Estados Unidos pidiendo la implicación de autoridades y representantes de instituciones norteamericanas—. El Gobierno, en cambio, pone el énfasis en la mesa de partidos, que circunscribe al ámbito de Cataluña, y subraya que el marco de diálogo tiene que ser la reforma del Estatuto siguiendo los procedimientos legales establecidos. Así que las posiciones siguen igual de distantes que al principio. Y el tiempo se va agotando.

Para complicar más las cosas, el calendario está plagado de citas incómodas. Los partidos independentistas pondrán en marcha su maquinaria antes de que acabe el mes. El 26 de enero tendrá lugar el congreso fundacional de la Crida Nacional per la República (CNR), la plataforma a partir de la cual Carles Puigdemont quiere construir su hegemonía política en Cataluña.

Tres días después, el martes 29, ya a pocos días del inicio en el Tribunal Supremo del juicio del procés, Esquerra se dispone a dar difusión a un mensaje político de su líder, Oriol Junqueras, que planean revestir de la mayor solemnidad posible. Del presidente de ERC, que lleva más de un año en prisión y será no sólo el principal protagonista del juicio en el Supremo sino el centro de la campaña electoral republicana del 26 de mayo, depende en última instancia la posición de su partido en torno a los Presupuestos de Sánchez.

 

Ya en febrero, el viernes 8, con las instituciones a pleno rendimiento, el president Quim Torra volverá a citar a los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar buscar puntos de acuerdos que resuelvan la crisis política catalana. Será la segunda vez que que lo haga y, como ya ocurrió en noviembre, se da por seguro el boicot de Ciudadanos, PP y la CUP, y la asistencia, en cambio, del JuntsxCat, Esquerra, Catalunya en Comú y el PSC. En la primera cita no hubo avances.

Es en este foro donde el Gobierno de Sánchez quiere buscar una solución para Cataluña que, en su opinión, pasa exclusivamente por una reforma estatutaria que amplíe el autogobierno y corrija la anomalía que supone que los catalanes sean los únicos españoles que se rigen por un Estatuto que no han aprobado (el actual fue modificado por el Tribunal Constitucional después de ser aprobado en referéndum).

Del juicio a los Presupuestos

La reunión no será fácil. Los abogados del procés calculan que el lunes 11 o el martes 12 dé comienzo en el Supremo el juicio del procésprocés, una cita que el independentismo quiere convertir en el centro de atención en España y fuera de ella y que las organizaciones sociales soberanistas, además de la CUP y los Comités de Defensa de la República, planean acompañar de intensas movilizaciones.

Por si esto fuera poco, para entonces el Congreso de los Diputados estará en pleno debate de totalidad del proyecto de Presupuestos para 2019, cuya primera votación—crucial para los planes de Sánchez— tendrá lugar el miércoles 13, coincidiendo con las primeras sesiones del juicio que debe decidir el futuro de los dirigentes independentistas acusados de rebelión.

El ambiente político, apenas mes y medio después de las elecciones andaluzas pusieran patas arriba los cálculos electorales en toda España con la inesperada irrupción de la ultraderecha de Vox, sólo va a seguir caldeándose. Las elecciones de mayo —europeas, municipales y autonómicas— están muy próximas y los partidos se disponen a poner todas la carne en el asador.

El diálogo Gobierno-Generalitat se atasca en la composición de la mesa de partidos para discutir el conflicto catalán

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PP y Ciudadanos volvieron este jueves a acusar al Gobierno de negociar pactos secretos con el independentismo para sacar adelante los Presupuestos. El secretario general del partido de Pablo Casado, Teodoro García Egea, exigió “transparencia” tras la reunión de Calvo con Aragonès y Artadi, y advirtió de que considerará “una traición para España” aprobar los Presupuestos con un “acuerdo oculto”. Su homólogo de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró la reunión una nueva “humillación” del Gobierno de Sánchez ante el independentismo.

En su estrategia contraria al diálogo, ambos partidos tratan de atraer a su posición a los dirigentes socialistas más críticos con Sánchez, algunos de los cuales se juegan su futuro como presidentes en las elecciones autonómicas de mayo. Este mismo jueves la derecha consiguió que el PSOE extremeño de Guillermo Fernández Vara se sumara a una resolución parlamentaria que resume las propuestas de Casado y Albert Rivera para Cataluña.

El documento aprobado por la Asamblea de Extremadura apoya nada menos la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana de manera “firme” y con la “amplitud y duración que se requiera”. Reclama al Gobierno central la “defensa incondicional” de los símbolos de “una nación milenaria como España”y exige la “defensa” del español como lengua “vehicular y común” de la enseñanza en todas las comunidades autónomas, sin que las lenguas cooficiales “sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar la lengua común, el español”.