El Gobierno negocia in extremis para evitar una derrota y sacar adelante ocho decretos ley, entre ellos el de alquileres

Contrarreloj. El Gobierno negociaba este lunes, a la hora de escribir estas líneas, un acuerdo con Unidos Podemos y con otras fuerzas políticas que le permita salvar el decreto ley que aprobó el 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Pedro Sánchez y sus ministros viven en el alambre desde el inicio de la legislatura. El PSOE sólo tiene 84 diputados, carece de un pacto de legislatura con otros grupos que le asegure estabilidad y está obligado a negociarlo todo. Por eso este martes se la vuelven a jugar en el Congreso de los Diputados en una sesión plenaria que debe validar —o echar por tierra— hasta ocho reales decretos ley con los que el Gobierno intenta sacar adelante algunas de sus medidas más urgentes —y otras que le vienen impuestas desde Bruselas— sorteando el boicot legislativo que le han impuesto PP y Ciudadanos. 

La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, se mostraba optimista este lunes y ponía en valor la capacidad que el PSOE ha demostrado tener a la hora de llegar a acuerdos: todos los decretos ley del Gobierno, y han sido muchos desde la moción de censura, han sido aprobados en el Congreso. De ahí que, pese a las dificultades, los socialistas confíen en sacar adelante también los ocho que van a Pleno este martes.

No será fácil. En al menos cuatro de ellos no contaban el lunes por la tarde con el respaldo de su principal socio, Unidos Podemos. Y Esquerra hizo saber que no apoyará el de alquileres, lo que —si no se produce un cambio de postura— dejará al Gobierno en manos de lo que decidan PP y Ciudadanos.

El decreto de los alquileres, presentado hace poco más de un mes por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como la respuesta del Gobierno a la burbuja que ha disparado el precio de los arrendamientos de viviendas en las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, puso en marcha un paquete de medidas entre las que no está la posibilidad de limitar el incremento de las rentas, contraviniendo así el preacuerdo presupuestario suscrito en su día por Sánchez y Pablo Iglesias en La Moncloa.

El decreto modifica cinco leyes: Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal, Enjuiciamiento Civil, Haciendas Locales e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los cambios más destacados son la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años.

En cuanto a la fianza, se limitan las garantías adicionales hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración, lo que reduce la carga económica que genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.

El decreto también incluye medidas que afectan a las viviendas de uso turístico, en un intento de poner coto a su proliferación, que en algunos barrios están impulsando los vecinos.

Adriana Lastra aseguró este lunes que la dificultad para alcanzar un acuerdo con Unidos Podemos en este asunto, crucial para la formación morada, es “técnica y no política” y tiene que ver con garantizar la “seguridad jurídica”.

El problema tiene que ver con la inexistencia de una estadística oficial de precios del alquiler que pueda ser utilizada. El diario Expansión reveló este lunes que Fomento ha encargado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la confección de una, pero con toda probabilidad tardará un tiempo en estar lista.

Compromiso

La demanda de Unidos Podemos no sólo ha estado estos días en el centro de las reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias sino que el 21 de diciembre, durante la visita de Sánchez a Barcelona, consumió buena parte de la reunión improvisada que el presidente del Gobierno mantuvo con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ante la que se comprometió a que las ciudades puedan hacer frente a los precios abusivos.

Desde que Sánchez está en la Moncloa el Gobierno ha conseguido sacar adelante todos los decretos ley que ha tramitado. En el Congreso sólo sufrió un revés serio la primera vez que intentó aprobar el proyecto de ley de reforma de la ley de estabilidad presupuestaria y no logró convencer ni a Unidos Podemos ni a los independentistas catalanes.

Esta vez, además de los problemas para sacar adelante las medidas en materia de alquileres, el Gobierno está negociando hasta el último minuto para garantizar la convalidación de otros dos: el que desarrolla una directiva europea de obligada aplicación y que pondrá fin en 2020 al monopolio de Renfe en materia de transporte ferroviario y el que aprobó el Ejecutivo el 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas.

Unidos Podemos quiere cambios en los dos y, si no los consigue, votará en contra del primero y se abstendrá en el segundo. Lo que no significa que no vayan a salir adelante, sobre todo si, como parece, PP y Ciudadanos no se van a oponer.

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Otra cosa es lo que pueda ocurrir con el decreto de 21 de diciembre de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En este caso, Unidos Podemos reclama medidas complementarias al Ministerio de Industria.

Los otros cuatro decretos ley que se votan este martes en el Congreso tienen que ver con la subida de sueldos de los empleados públicos en 2019, la devolución del IRPF de las prestaciones por paternidad y maternidad a empleados públicos y actualización de los valores catastrales, la ampliación de competencias del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en supervisión macroprudencial y medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.

El Pleno será un nuevo test de la capacidad de llegar a acuersos del Gobierno a sólo tres semanas de la crucial votación en el Congreso que debe decidir si su proyecto de Presupuestos se somete a debate o simplemente es rechazado por la mayoría de diputados de la Cámara baja.