La CNMC carga contra el decreto de Ábalos y propone aumentar el número de licencias de taxi

Limitar el servicio de los VTC para proteger el sector del taxi perjudicará a los consumidores. Así, al menos, lo cree la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que este jueves emitió un informe en el que arremete contra el decreto que reguló el sector del taxi y las VTC aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre para ceder las competencias a comunidades y ayuntamientos. Después de varios días de huelga de taxistas, el superregulador considera que las limitaciones a las compañías como Uber y Cabify no están suficientemente argumentadas, y apuesta por aumentar el número de licencias de taxi para compensar los efectos de la nueva regulación.

El decreto aprobado por el Gobierno en septiembre a instancias del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, instaura varias restricciones, si bien la más importante de ellas es la que establece que, tras un periodo de moratoria de cuatro años, los vehículos VTC tendrán prohibido realizar viajes dentro de la misma ciudad si no tienen una licencia específica de ese municipio, algo que en la práctica da a los ayuntamientos la posibilidad de prohibir este tipo de transporte. "Los usuarios finales se verán perjudicados, previsiblemente en forma de mayores precios, mayores tiempos de espera, menor calidad y menor innovación en el transporte", sostiene la CNMC en su informe.

El superregulador basa su veredicto, fundamentalmente, en dos argumentos: las restricciones no están suficientemente justificadas por el Gobierno y, además, el sector del taxi no ha crecido en los últimos años a pesar del aumento de la población y del flujo de turistas, es decir, de la demanda. "Las licencias de taxi llevan estancadas en España, desde hace 25 años, en torno a las 70.000", explica la CNMC, que asegura que este estancamiento "resulta poco coherente con la evolución experimentada por otras variables en este mismo periodo".

"Mientras el número de licencias de taxi ha decrecido en el periodo 1994-2018 en el conjunto de España (de 72.072 a 69.792), la población en España ha aumentado un 18% (de 39,6 millones a 46,7 millones), la renta per cápita de los españoles ha crecido un 40% (de 17.890€ a 25.291€) y la entrada anual de turistas extranjeros lo ha hecho un 30% (de 33 millones a más de 75 millones)", plantea el regulador. Y "reducir el número de operadores disponibles para poder prestar servicios discrecionales de transporte urbano e interurbano y su capacidad e incentivos para competir" solo irá en perjuicio de los ciudadanos, a quienes se les reduce la oferta cuando precisamente ha aumentado la demanda, argumenta la CNMC.

"Donde más intensamente se notará el impacto de la desaparición de los operadores VTC son Madrid (donde las VTC suponen el 29% del total de autorizaciones taxi+VTC), Cantabria (23%), Andalucía (17%), Cataluña (15%), Murcia (13%), Castilla y León (12%) y Navarra (12%)", detalla el informe, que asegura que, no obstante, en el resto de las comunidades autónomas "también se notarán los efectos de la desaparición de los operadores VTC, ya que dejará de ser posible la competencia de los VTC" de otras comunidades, que con la normativa actual pueden prestar hasta el 20% de sus servicios en autonomías diferentes a las que han expedido su licencia.

Además, la CNMC recuerda al Gobierno que "una actividad económica solo puede limitarse a fin de salvaguardar una razón imperiosa de interés general", y que entre ellas "no se encuentra la protección de determinados modelos de negocio ni otras de carácter económico". Por ello, el superregulador hace al Ejecutivo varias sugerencias y avisos.

  1. La nueva regulación no puede suponer la expulsión de Uber y Cabify

Actualmente se encuentra vigente la ratio que limita las licencias de VTC a una por cada 30 licencias de taxi. No obstante, esta norma no estuvo operativa entre 2009 y 2015, lo que provocó que, en la actualidad, esta ratio sea mucho más desfavorable al taxi en ciudades como Madrid o Barcelona. El decreto del Gobierno pretende que los ayuntamientos puedan, después del periodo de transición de cuatro años, limitar el número de VTC en sus ciudades negándose a conceder la segunda licencia que será necesaria a partir de ese momento para circular. Pero la CNMC asegura que eso sería atentar contra los derechos de las licencias VTC ya concedidas.

La interpretación judicial de la ratio 1/30 "no ampara en modo alguno que las nuevas competencias otorgadas a comunidades autónomicas y entidades locales permitan la expulsión de operadores con derechos consolidados o la exclusión de aquellos que obtengan por vía judicial la debida autorización", insiste el superregulador, que recuerda que ya ha recurrido ante los tribunales medidas similares a la aprobada por el Gobierno, "en concreto el Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cuya principal restricción consistía en la exigencia de una autorización adicional a la nacional para operar en dicha área".

  2. La precontratación de los servicios de VTC

Según la nueva normativa, un ciudadano solo podrá coger un vehículo de Uber o Cabify si lo ha precontratado previamente, una restricción que no se aplica al taxi, que podrá pararse por la calle de la manera habitual. Esta obligación, sostiene la CNMC, "supone un obstáculo injustificado para las VTC", por lo que "es recomendable que la regulación autonómica y local" la elimine.

  3. Horarios, calendarios y recorridos mínimos

El decreto del Gobierno del pasado septiembre también faculta a los ayuntamientos a regular la actividad de las VTC en lo relativo a sus horarios y calendarios de prestación del servicio o los recorridos mínimos y máximos de los vehículos. Pero para la CNMC estas prerrogativas "son limitaciones a la actividad económica que no están en principio justificadas en ninguna razón imperiosa de interés general". "Es cuestionable que la imposición de un horario o calendario sea la medida más adecuada para garantizar la cobertura del servicio, especialmente en determinadas franjas horarias o zonas geográficas", sostiene el informe, que considera "recomendable evitar las limitaciones de operación según horarios o calendarios tanto para taxis como para VTC, pues esta clase de intervención genera ineficiencias en el mercado".

  4. Requisitos para los vehículos y la flota

Al superregulador tampoco le parece recomendable que el Estado imponga restricciones en lo relativo a los coches que desarrollan la actividad de transporte de pasajeros. "La exigencia de requisitos concretos sobre los vehículos (edad, capacidad del motor, longitud, entre otros) entraña un aumento de los costes de entrada y operación, tanto de taxis como de VTC", afirma el informe, que matiza que "aspectos como el mantenimiento y conservación del vehículo y el cumplimiento con la normativa vigente de seguridad son medidas más efectivas y menos restrictivas que la imposición de un límite de antigüedad" y recomienda "revisar estos requisitos y eliminar los que no sean necesarios o sean desproporcionados".

  5. Las restricciones a la hora de circular

La CNMC tampoco considera justo que las VTC tengan vetadas algunas prácticas que a los taxis sí se les permiten en lo relativo a la circulación o el estacionamiento. "La CNMC ya se ha pronunciado de manera contraria a determinadas disposiciones locales que facilitan el ejercicio de la actividad del taxi mediante al acceso a carriles bus o zonas de circulación restringida o falta de limitaciones a la duración del estacionamiento que, o bien no están disponibles para el VTC, o se admiten con distinta intensidad", insiste el informe, que sostiene que no están "justificadas" las "restricciones circulatorias que tratan de manera diferenciada a operadores de taxi y VTC", por ejemplo "permitiendo el acceso a determinadas calles solo a una tipología de operadores".

  6. La vigencia de la ratio 1/30

Mientras los taxistas insisten en que se fuerce el cumplimiento de la ratio 1/30 entre taxis y VTC, el superregulador apuesta por todo lo contrario: eliminar esa limitación, habida cuenta de que el decreto del Gobierno impedirá a Uber y Cabify operar en ciudades si así lo prohíben sus ayuntamientos. "Desaparecida la capacidad de competir de las autorizaciones nacionales VTC con el taxi en el ámbito urbano, desaparece la razón que, según el Tribunal Supremo, puede justificar la introducción de esta clase de limitaciones", por lo que "es recomendable que se elimine la regla de proporcionalidad 1/30 de la normativa estatal en materia de transportes", sostiene.

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El decreto del Gobierno prohíbe, a partir del periodo transitorio de cuatro años, que las VTC de una comunidad puedan operar en otra. Pero la CNMC aprovecha la redacción de la norma para recomendar que esta posibilidad vuelva a ser legal "ante incrementos coyunturales de demanda u otras circunstancias que lo hagan conveniente". Serían las propias empresas las que decidirían "cuándo operar temporalmente en otras comunidades", y esta prestación temporal de servicios "no debería estar sujeta a ningún tipo de autorización o control previo".

  8. El aumento de las licencias de taxi

Los perjuicios para la oferta de limitar la actividad de Uber y Cabify, según la CNMC, serán "más graves cuato más intrusiva sea la regulación" del taxi. Y, por ello, se recomienda "incrementar el número de licencias de taxi respecto a los actuales niveles". "La limitación en el número de operadores es menos negativa si el número de licencias viene determinado por variables objetivas, adecuadas, proporcionadas y establecidas de antemano, si existe un mecanismo competitivo de asignación de licencias y si estas tienen una duración temporal, de modo que pueda existir una competencia periódica por su obtención", opina el superregulador, que también apuesta por permitir la competencia entre los taxistas a la hora de fijar precios o incluir publicidad en sus coches.