Calvo intenta frenar las críticas internas y externas admitiendo “errores” pero sigue adelante con el relator

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, máxima responsable del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación con el Govern de Cataluña para buscar una salida política a la crisis abierta en esta comunidad, intentó este miércoles frenar las críticas externas —sobre todo de PP y Ciudadanos— e internas —las más duras, las pronunciadas por el barón catellanomanchego, Emiliano García Page— convocando a los medios de comunicación a una rueda de prensa extraordinaria en La Moncloa en la que se esforzó en tratar de restar trascendencia a la figura del relator cuya presencia en las reuniones de una futura mesa de partidos el Gobierno ha terminado por aceptar a petición del Govern. Todo ello en pleno ultimátum independentista, que condiciona la tramitación de los Presupuestos, la semana que viene, a que se concreten estas negociaciones y a la participación en ellas de una figura “neutral” como la que ha admitido el Ejecutivo.

Calvo ha aceptado que la forma en que se ha dado a conocer la figura del relator no fue la más adecuada. “Nadie está a salvo de cometer errores” porque estamos ante “una situación muy compleja”. Y dio a entender que fueron las palabras de Miquel Iceta, el primero que mencionó la posibilidad de aceptar la presencia de alguien neutral, las que precipitaron el anuncio sin tener siquiera resuelta su identidad. La vicepresidenta negó haber actuado con “opacidad” y subrayó que se trata de un proceso que requiere “inteligencia y prudencia” en el que “lo más importante es llegar a una solución dentro de la seguridad jurídica”.

No obstante, atribuyó las críticas de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y uno de los dirigentes en activo más críticos con Pedro Sánchez, a que maneja mala información. Y recordó que las decisiones sobre Cataluña se toman con conocimiento de la Ejecutiva del PSOE y de su secretario general, Pedro Sánchez. “Lo que tenemos que hacer es tener información para no equivocarnos: el Gobierno ha hecho lo que tocaba hacer”.

Calvo se detuvo en hacer un relato de la herencia que este Gobierno recibió de Mariano Rajoy en relación con Cataluña y que sintetizó en el crecimiento exponencial del apoyo de los catalanes a los partidos independentistas, que ha pasado en pocos años de un 10% a un 47%. Y reivindicó la decisión del Ejecutivo actual de asumir “su responsabilidad” y tratar de recomponer un espacio de diálogo, algo que el PSOE ya hacía antes de la moción de censura que llegó a Pedro Sánchez a La Moncloa. “Es una situación difícil en la que el Gobierno no quiere escurrir el bulto”, porque las consecuencias de hacerlo ya se han visto durante el último mandato del PP. “No queremos ser un Gobierno escapista como el anterior”, subrayó.

Consciente de estar en el centro de las críticas desatadas por la gestión del diálogo con Cataluña, la vicepresidenta quiso poner en valor haber probado “que era posible” poner en marcha un camino de diálogo dentro del marco constitucional  a través de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat prevista en el Estatuto y que Rajoy no llegó a reunir una sola vez en sus siete años de mandato. 

Todo ello en un contexto “muy complejo” en el que Ciudadanos y el PP no han hecho otra cosa que poner obstáculos negándose incluso a sentarse en la mesa de partidos del Parlament a defender sus posiciones. Del partido de Albert Rivera “poco más hemos sabido” después de que ganase las elecciones catalanas y el PP se ha instalado “en un espacio de radicalidad incomprensible” en comparación con lo que el PSOE hizo cuando estaba en la oposición y Rajoy tuvo que afrontar la crisis catalana del 1-O. Pablo Casado, precisó, en vez de sentarse a hablar ha construido “un liderazgo que desbarra y difícilmente puede estar a la altura” de lo que necesita España en estos momentos.  

Lo único que ha hecho el Gobierno, subrayó, es dar respuesta “a un clamor de la sociedad catalana” abriendo un diálogo político en el marco de la “seguridad jurídica” para buscar “una solución política a un problema político”.

Es en ese contexto en el que el Gobierno entiende que, ocho meses después de iniciar la normalización de relaciones con Cataluña, ha llegado el momento de “hablar de de salidas políticas”.

Y eso incluye hablar incluso con quien está “en las antípodas” de lo que uno piensa porque en eso consiste la Constitución, en reconocer la legitimidad de todos los que han obtenido su representación en las urnas. Porque si no se dialoga, se preguntó al vicepresidenta, “¿quién se hace cargo?”

En su intento de minimizar la importancia del relator, inadmisible para la derecha, y para una parte del PSOE y del propio Gobierno, Calvo recordó que sólo existirá en el marco de la mesa de partidos que se constituya para facilitar el diálogo entre todos los representantes de los ciudadanos pero en ningún caso tendrá presencia en la comisión bilateral, el único foro de carácter institucional que el Gobierno ha situado como escenario del diálogo.

En busca de un nombre

En estos momentos, admitió, están tratando de consensuar con el Govern un nombre aceptable para los dos partes —alguien que no cobrará por su labor, tendrá que hacerlo “por amor al arte”, señaló Calvo—, pero adelantó que en todo caso es una responsabilidad qur corresponde a  los partidos que participen en la mesa de diálogo, el PSC en el caso de los socialistas.

Lo que no terminó de aclarar la vicepresidenta es de qué mesa de partidos está hablando, al distinguirla de la que se ha reunido ya dos veces en Barcelona por mandato del Parlament bajo la Presidencia de Quim Torra. Si se crea una nueva mesa, se sumaría a esta y a la comisión bilateral, lo que elevaría a tres los escenarios de diálogo sobre el futuro de Cataluña, sin contar la comisión de evaluación del Estado autonómico creada en el Congreso en septiembre de 2017 y a la que Calvo se refirió como otro espacio en el que el diálogo es posible. 

Antes de su comparecencia, y en una entrevista concedida a la Cadena SER, la vicepresidenta intentó en todo caso restar trascendencia a su decisión y aseguró que ”lo importante es lo que de verdad se acuerda, no el ruido alrededor”. Y recordó que los únicos acuerdos alcanzados con el Govern consisten en encauzar el diálogo a través de dos ámbitos: uno institucional, la existente comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, y otro para los partidos políticos catalanes. Ambas partes buscan todavía una “metodología para el diálogo”, explicó, y es en ese marco en el que el Gobierno de España ha acepta do la presencia, exclusivamente en la comisión de partidos políticos, de la figura de un relator “o lo que sea”, dijo Calvo,“ encargado de convocar, poner orden en el debate y recordar si se avanza o no se avanza”. “Es tan sencillo y razonable como que se sienten y haya alguien que les ayude en el trabajo”, explicó. “Es una figura que va a ayudar a trabajar y a encontrar soluciones, no tiene más trascendencia”, declaró.

En su opinión, “se está hablando del dedo y no de la luna” al dar tanta importancia a esta figura, que ni es un mediador, enfatizó, ni será internacional. Y aunque lo elegirán “los partidos que se van a a sentar” en esa mesa, a ella le gustaría que fuese “un catalán”.

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La vicepresidenta argumentó que “la situación de Cataluña no se puede circunscribir a los Presupuestos” para intentar se parar la aceptación de la figura del relator de la necesidad que el Gobierno tiene de los votos de los independentistas para poner en marcha su proyecto político, económico y social en el Congreso. “Es una situación excepcional, complejísima, necesita sentido común y ayuda por todos”, por eso se preguntó qué están haciendo PP y Ciudadanos, que ni siquiera se sientan a hablar para buscar uan solución.

“Las derechas de este país hace años que viven de este conflicto”, denunció Calvo. Pero “cuando hubo una crisis de verdad importante”, en referencia  a la declaración unilateral de independencia, el PSOE estuvo “donde había que estar. No tenemos nada que demostrar. Sólo pedimos que tengan lealtad. Nunca hemos comprado la tesis independentista”.

En la misma entrevista, la vicepresidenta reveló que si las negociaciones fuesen “razonablemente bien”, el Gobierno querría que el diálogo se trasladase a la comisión del Congreso que desde hace año y medio se constituyó para evaluar el Estado autonómico y que desde entonces languidece como consecuencia del boicot al que la han sometido no sólo los independentistas sino el PNV, Unidos Podemos y Ciudadanos.