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operación Tandem

La Audiencia Nacional toma el control del entramado societario que usaba Villarejo para blanquear los cohechos

  • El juez avisa de que estas empresas son sólo la punta del iceberg y hay ramificaciones en el extranjero, pero aún se desconoce su alcance
  • Adopta esta decisión instado por la Fiscalía Anticorrupción para salvaguardar el patrimonio intervenido al excomisario, estimado en torno a 20 millones de euros

Publicada el 08/02/2019 a las 15:36 Actualizada el 08/02/2019 a las 15:37
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El excomisario José Manuel Villarejo.

El excomisario Villarejo.

EUROPA PRESS
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado nombrar un administrador judicial para gestionar el entramado societario que habría levantado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a fin de blanquear fondos fruto de sus actividades delictivas. Con esta decisión, se pondrán bajo tutela también las cuentas bancarias y las participaciones sociales a su nombre y el de su socio, Rafael Redondo, quienes quedan además despojados de sus cargos orgánicos en todas las mercantiles.

En un auto con fecha 5 de febrero al que ha tenido acceso Europa Press, García Castellón adopta esta decisión instado por la Fiscalía Anticorrupción para salvaguardar el patrimonio intervenido a Villarejo, estimado en torno a 20 millones de euros, y evitar la "pérdida irremisible" de su valor de cara a una responsabilidad civil en caso de condena que sólo por los delitos de blanqueo que se le imputan podría superar los 78 millones de euros.

Además, se nombra administración, según explica el juez, porque "se han revelado las implicaciones internacionales y la posible desviación de fondos a paraísos fiscales extraños a la acción de la justicia española", hecho del que el juez avisa en el auto pues las sociedades que ordena administrar son "el elemento más visible de la organización", que tendría "ramificaciones internacionales" de las que aún se desconoce "su contenido y alcance".

Según razona el auto, "Villarejo controla un complejo entramado societario y de cuentas bancarias vinculadas y afectos a su persona, que son utilizadas instrumentalmente para la comisión de los delitos que son objeto de investigación". Se trata de sociedades que constituirían "una típica estructura circular de participaciones que dificulta la identificación de su titularidad real y cuyo capital social es superior a los dos millones de euros".

El juez subraya que muchas de las empresas de dicho entramado presentan "una conexión directa con diversos paraísos fiscales o territorios considerados no cooperantes", que Villarejo utilizaría para "retornar desde el exterior los fondos recibidos por sus ilícitos servicios contratados con sus clientes privados", así como para "invertirlos en activos patrimoniales plenamente alejados de su origen delictivo".

No se trata sólo de Villarejo y Redondo, pues tanto en las mercantiles como en las cuentas bancarias para las que ahora se nombra administrador judicial aparecen directamente vinculados como socios, partícipes, administradores o apoderados la mujer del comisario jubilado, Gema Alcalá, y Juan Carlos Escribano, imputados ambos en el caso Tándem.

Villarejo, Redondo y otros investigados

García Castellón explica sobre este asunto que de la instrucción y del examen de los diversos oficios presentados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se han podido constatar "numerosas e intrincadas vinculaciones empresariales y los sujetos investigados, las cuales no dejan de cambiar, generándose a su vez otras nuevas estructuras mercantiles que emplean con la finalidad delictiva".

En principio, esta actividad delictiva estaría relacionada con "la organización de Guinea Ecuatorial que contrató sus servicios", que es el origen de las investigaciones de Tándem, si bien no se puede descartar que también se utilizara "para blanquear fondos procedentes de pagos por otros servicios de naturaleza ilícita", ya que en la actividad que desarrolló al margen de su cargo en la Policía Nacional Villarejo "habría aceptado otros encargos similares a pesar de su condición de comisario en activo que le habrían permitido la adquisición de un importante patrimonio de origen ilícito".

En este "entramado criminal", expone el magistrado, estarían "inmersas" las sociedades vinculadas al Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), Cenyt Consultoría Organizacional SL, Zoelick SL, Lextor SL, Global Sinapsis Investment SL, Inversiones Estratégicas Sensibles SL, CPD Real State Sl y Autocobermar SL, que manejaban un patrimonio "desproporcionado y no justificado".

CENYT SL es, según el juez, la empresa que "coordina y dirige el funcionamiento de las demás". Se trataría de "una de las utilizadas en la operativa de blanqueo de capitales procedentes del cohecho que habría cometido Villarejo e indirectamente, del blanqueo internacional de capitales", mientras el resto de sociedades que ordena administrar "no son sino diversas caras de la misma actividad delictiva".

Los socios actuales de esta mercantil son Global Sinapsis Investment e Inversiones Estratégicas Sensibles, cuyo titular real es Villarejo y en la que continuaba hasta ahora ocupando el cargo de presidente y consejero, siendo también secretario y apoderado Rafael Redondo. "La actividad de dicha sociedad es puramente instrumental e imposible distinguir otro objeto social distinto que la propia actividad delictiva", señala el juez.

Caso distinto es CPD Real State –inmuebles– y Autocobermar –un parking en Marbella–, porque su objeto social es la gestión del patrimonio inmobiliario que ha venido siendo adquirido por el grupo, es decir, "en estas existen bienes pero la organización no existe o es mínima, quedando reducida a la gestión patrimonial del capital social obtenido por las primeras", explica.

Con todo, el juez entiende que "el caso de ambas mercantiles tampoco es reconocible otro sustrato organizativo que aquel puramente instrumental" y su fin es "la gestión de un patrimonio que tendría un origen manifiestamente espurio", así que ordena que se administren para al menos, asegurar "el decomiso del valor" de las ganancias "inicialmente obtenidas".

La punta del iceberg

Según el juez, este "cuadro descriptivo" del entramado societario "no constituye sino el elemento más visible de la organización", ya que en el curso de la investigación se ha tomado conocimiento de las ramificaciones internacionales, aunque actualmente se desconoce su "contenido y alcance", de modo que no se descarta el descubrimiento en el futuro de otras operaciones de "menor transparencia fiscal".

"Por tales razones, la administración judicial que se constituye habrá de tener presente esta circunstancia al objeto de valorar las decisiones que deban adoptarse y en la obligación de poder recuperar las inversiones y otros bienes ilícitamente distraídos del ámbito de la economía de mercado sometido a control de transparencia", añade García Castellón en el auto recogido por Europa Press.

Tanto la designación de la persona que desempeñe la función de administración judicial como su forma de actuación, la rendición de cuentas y la retribución procedente, apunta el auto del magistrado, se determinará en una comparecencia en el juzgado a la que serán citados los propios investigados Villarejo y Redondo, así como los administradores de hecho de todas las sociedades, sus socios o partícipes cuyas acciones no hayan sido embargadas.

De hecho, la comparecencia estaba prevista para este viernes, si bien fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que se ha tenido que aplazar debido a la ausencia de algunos de los administradores.
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