Del uso de la violencia a la batalla en Estrasburgo: claves para no perderse en el juicio del 'procés'

El escudo de España tallado en bronce que preside el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, obra del escultor valenciano Mariano Benlliure, será testigo durante los próximos meses de uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en democracia. Después de casi dos años de investigación, este martes arranca en el Alto Tribunal el juicio contra los doce dirigentes independentistas encausados por la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, las protestas frente a la Consellería de Economía, la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia –la famosa DUI– aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017. A lo largo de tres meses, las defensas buscarán desmontar las acusaciones de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que penden sobre la docena de acusados. La gran mayoría lo hará, sin embargo, con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el escenario donde se muestran convencidos de que se desarrollará la batalla final. España, mientras tanto, trata de mejorar la imagen de la justicia en el exterior.

El tribunal que tendrá que decidir si se cometieron o no los delitos que se han puesto sobre la mesa lo presidirá Manuel Marchena, que estuvo a punto de ser sustituido al frente del órgano que juzgará el caso procés –causa especial 20907/2017– tras ser propuesto para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Junto a él, se sentarán otros seis magistrados: Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer. Con estos siete nombres, desde el Consejo General del Poder Judicial insisten en que están representadas todas las sensibilidades de la judicatura. Del tribunal, los únicos 'independientes' son Marchena y Palomo. El resto, están adscritos a las principales asociaciones judiciales. Berdugo y del Moral pertenecen a la mayoritaria, y de corte conservador, Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Varela y Ferrer forman parte de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). Y Martínez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

En el proceso están encausados hasta doce líderes independentistas, que se enfrentan a peticiones de prisión que van de los 7 a los 74 años de prisión. Ocho de ellos formaron parte del Govern de Carles Puigdemont: el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Joaquím Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Los tres restantes son el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El Supremo no ha puesto ninguna objeción a que todos los procesados que así lo deseen puedan sentarse de forma contigua a sus abogados. Fuera del banquillo de los acusados quedan los exmiembros de la Mesa del Parlament –Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet– y la exdiputada de la CUP Mireia Boya. El Supremo decidió a finales de diciembre enviar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El Supremo trabaja con la idea de que el juicio se prolongue entre dos meses y medio y tres meses. Las sesiones, que ha decidido retransmitir en directo y mediante streamingstreaming, se celebrarán en el Salón de Plenos de 10.00 a 18.00 horas y de martes a jueves. La primera semana del juicio estará dedicada en exclusiva a las denominadas cuestiones previas, que precederán a las declaraciones de los doce líderes independentistas. Posteriormente, llegará el turno del más de medio millar de testigos –entre los que destaca el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy–, que irán desfilando por sede judicial y que estarán obligados no solo a responder, sino también a decir la verdad. A continuación se desarrollarán las periciales y, por último, llegarán las conclusiones finales. Dada la duración del proceso y su complejidad, en el Supremo descartan tener lista la sentencia para antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

  El uso de la violencia: ¿rebelión o sedición?

Uno de los ejes sobre los que pivotará el juicio es la existencia o no de violencia durante los hechos ocurridos entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. Esta ha sido la cuestión fundamental alrededor de la cual ha girado buena parte del proceso, habida cuenta de que la presencia de un alzamiento “violento” es la fina línea que separa el delito de rebelión del de sedición, que contempla penas más suaves. El análisis y debate en torno a este asunto ha impregnado buena parte de la causa. Aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en buena medida en el relato de los hechos, la percepción del elemento violento les ha llevado por caminos separados. Mientras tanto, la acusación popular, encarnada por Vox, acusa a los líderes independentistas de haber empleado la violencia y utilizado a las “masas de ciudadanos” contra las instituciones españolas. Las defensas, por su parte, alegan que el proceso dirigido por los líderes independentistas fue en todo momento pacífico.

El Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado llegan al juicio con diferentes posiciones. En su escrito de acusación, la Fiscalía pidió condenar por rebelión a 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación al exvicepresident Oriol Junqueras, y solicitó penas de 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos –Romeva, Forn, Turull, Rull y Bassa–, así como de 17 años para Sànchez, Cuixart y Forcadell. Para el Ministerio Público, cuyo escrito de acusación incluía la palabra “violencia” más de una veintena de veces, “el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”. Para ello, sostiene la acusación, pretendían usar “la fuerza intimidatoria” que representaban, por una parte, “la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos”, y por otra, el “uso de los Mossos d'Esquadra”.

Frente a este relato, la Abogacía del Estado presentó un escrito de acusación mucho más suave. Los servicios jurídicos hablan en todo momento de “ambiente crispado y hostil”, de “incidentes de orden público”, de “actos de resistencia y desobediencia” o de “situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos”. Pero no menciona, ni una sola vez, el término “violencia”. Por eso, se decanta por la sedición, pidiendo doce años de prisión para Junqueras, once años y medio para los cinco exconsellers presos, diez años para la expresidenta del Parlament y ocho años para Sànchez y Cuixart. De hecho, la decisión de la Abogacía del Estado de tomar un camino diferente al marcado por la Fiscalía acabó costando el puesto al abogado del Estado Edmundo Bal, jefe de lo Penal de los servicios jurídicos, que se negó a acatar el criterio de su superiora de acusar por sedición, y no por rebelión, a los líderes independentistas.

  El delito de malversación

La segunda pata sobre la que se sostiene la causa tiene que ver con la existencia o no de un delito de malversación. En este punto, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado consideran acreditado que tanto el exvicepresidente de la Generalitat como sus ocho exconsellers desviaron fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. En sus escritos de acusación, ambas partes sostienen que los líderes independentistas consiguieron burlar el control estatal de las cuentas de la Generalitat para financiar el procés. Una supervisión que se inició en 2015 y que se endureció dos años después: las certificaciones mensuales que Hacienda exigía a los interventores de las consejerías pasaron a ser semanales y debían constatar que no se había gastado un euro en actividades relacionadas con el referéndum. Finalmente, todos los miércoles la Intervención General de Cataluña tenía que enviar a Hacienda un certificado final junto con los individuales.

Sin embargo, a pesar de coincidir en el desvío de fondos, discrepan sustancialmente en las cantidades. La Fiscalía calcula que la Generalitat destinó para el referéndum unos 3,07 millones. La Abogacía, lo reduce a 1,97 millones. Una de las causas de esa diferencia de cifras estriba en los 900.906,7 euros en que la empresa pública Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) ha tasado el coste económico que supuso el uso durante el 1 de octubre de los 2.259 locales que la Generalitat habilitó como colegios electorales. El Ministerio Público incluye esa tasación pericial como parte del total malversado, mientras que los servicios jurídicos del Estado no. Ambas acusaciones también discrepan en lo relativo a los desembolsos para cartelería –la Abogacía dice que no le consta “cuantía de fondos públicos” y la Fiscalía estima unos 38.431,2 euros– y la contratación de observadores internacionales.

En relación con la supuesta comisión del delito de malversación tendrá que acudir a declarar como testigo en el juicio el exministro Cristóbal Montoro. El que fuera titular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy hizo saltar la polémica el pasado mes de abril cuando, en una entrevista concedida al diario El Mundo, negó categóricamente que el procés se hubiera financiado con fondos públicos. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, descartó Montoro, que defendía así los sistemas de control sobre las cuentas catalanas en vigor. Estas declaraciones llevaron al instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, a pedir al titular de Hacienda que le informase “a la mayor brevedad posible” sobre el soporte objetivo en el que se basaba para afirmar tal extremo, habida cuenta de que la Guardia Civil había remitido al juez un informe en el que se aseguraba que la Generalitat había dedicado 1,6 millones de fondos públicos a la organización y celebración de la consulta.

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  La batalla internacional

Las defensas, por su parte, están preparando el juicio con la vista puesta en el exterior. Algunas de ellas se muestran convencidas de que la última batalla del procés terminará desarrollándose en Estrasburgo. Pistas de ello se dieron, por ejemplo, en el escrito de defensa del presidente de Òmnium Cultural, un texto planteado en forma de acusación contra el Estado por “vulnerar los derechos fundamentales” –libertad de expresión o reunión– de un Jordi Cuixart al que se presenta como “defensor de los derechos humanos”. “Actuó consciente de su compromiso democrático en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, incluido el derecho a la autodeterminación”, señaló su equipo legal, del que forma parte el joven abogado suizo Olivier Peter, especializado en la defensa de casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, durante todo el proceso, el presidente de Òmnium ha recurrido en repetidas ocasiones en sus escritos a la doctrina de Estrasburgo.

Buena parte del discurso utilizado por el independentismo ha girado en torno a presentar la causa como un “juicio político” con sentencia ya escrita. Por eso, entre otras cosas, solicitaron para el juicio la presencia de observadores internacionales, algo que el Supremo solventó permitiendo que todas las sesiones sean retransmitidas en directo para que “todo ciudadano” pueda convertirse en observador “nacional o internacional”. A nivel político, en la lucha por el relato, el Govern ha anunciado que hará una gira por siete ciudades europeas para explicar que este “es un juicio político contra presos políticos”. En frente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que trabaja para potenciar el papel de los jueces de enlace en el exterior con el objetivo de que sean una pieza clave para explicar en el resto de países de nuestro entorno el funcionamiento plenamente democrático del sistema judicial. Ofensiva diplomática y política con uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan de fondo.