IU pedirá la imputación de Aguirre en 'Púnica' tras el informe de la UCO sobre la financiación ilegal del PP

Izquierda Unida (IU) pedirá la imputación de Esperanza Aguirre en la Operación Púnica tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que afianza las sospechas de financiación ilegal del PP madrileño en las elecciones de 2011. El escrito que sus abogados esperan presentar la próxima semana hará extensiva al PP como persona jurídica la solicitud de imputación. 

"Es irracional que, más de cuatro años después de iniciada la instrucción, Aguirre no haya comparecido en ningún momento ante el juez", argumenta el abogado que representa a IU en la causa, Juan Moreno. El letrado entiende que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional –es decir, "la máxima responsable" del partido y del Ejecutivo autonómico– debe declarar ante el juez. Y hacerlo no como testigo con obligación de decir la verdad porque casi cualquier pregunta relevante sobre los hechos investigados la colocaría en la tesitura de "incriminarse a sí misma". "Aunque solo sea por una cuestión de garantías procesales –sostiene Moreno–, tiene que ir con abogado para que se le pueda preguntar, por ejemplo, si ella sabía o no sabía lo que estaba ocurriendo".

Con "lo que estaba ocurriendo", Moreno engloba lo que los investigadores han ido desgranando en sucesivos informes: contratos públicos de servicios supuestamente amañados a cambio de que los adjudicatarios financiasen al PP; contratos millonarios de supuesta publicidad institucional que en realidad –eso mantiene la Guardia Civil– ocultaban la producción y difusión de propaganda del partido y entrañaban la confección de facturas falsas; dinero negro contabilizado en la caja B regional y desvío de subvenciones públicas a través de la fundación Fundescam. El informe de la UCO conocido hace una semana no solo sostiene que el PP de Madrid gastó en las elecciones de 2011 –autonómicas, municipales y generales– el doble de lo que la ley le permitía. Según la Guardia Civil, hay "sólidos elementos de prueba" de que la caja B regional del partido aportó al menos 1,25 millones para la campaña del PP madrileño.

En abril, Aguirre afirmó en el Congreso que, hasta donde ella sabe, "no ha habido ninguna financiación ilegal del PP de Madrid". Durante su comparecencia ante la comisión constituida por la Cámara Baja para investigar la financiación del PP, la expresidenta madrileña añadió algo más: que cometió un "error craso" por no vigilar sus cuentas.

En el ojo del huracán

No es la primera vez que IU pide la citación de Aguirre como investigada. En noviembre, la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a una petición de IU en ese mismo sentido. Lo hizo con el argumento de que debía "estarse a la espera de que finalicen las líneas de investigación que están actualmente abiertas en la pieza de financiación". Así aparece reproducido en un auto lanzado un mes más tarde por el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Esa misma resolución alerta de que la pieza de financiación "no se encuentra delimitada ni formada procesalmente" todavía. Y no se trata solo de un tecnicismo: será en su delimitación, trámite que según fuentes jurídicas ha de producirse ya en breve, cuando las fiscales del caso deban pronunciarse sobre qué hechos conforman la pieza y a qué personas se atribuyen los eventuales delitos. 

¿Pedirá Anticorrupción que Aguirre sea imputada en la pieza de financiación del PP? Tras difundirse el nuevo informe de la UCO, guentes de la Fiscalía especializada aseguraron la semana pasada a infoLibre que no hay una decisión al respecto. Y que eso significa exactamente lo dicho: que no puede descartarse pero tampoco darse por hecho que el ministerio público requerirá su comparecencia como investigada. ¿Influirá la petición de IU y la que, en su caso, pueda formular la acusación más veterana del caso y que tiene oficialmente encomendada la dirección jurídica de las restantes, Adade? A día de hoy, se trata de una pregunta sin respuesta.

Desde casi el arranque de la Operación Púnica, cuyo estallido en octubre de 2014 convulsionó al PP madrileño casi con la misma intensidad que ya lo había hecho Gürtel cinco años atrás, Esperanza Aguirre ha permanecido en el ojo del huracán: pero cada vez que las hipótesis –o las especulaciones o los rumores– apuntaban a su inminente imputación, salió indemne. Francisco Granados fue el primero en caer. Luego, una vez el juez decidió incorporar a las actuaciones todo lo que se investigaba sobre la financiación del PP madrileño en la Operación Lezo, también Ignacio González pasó a estar imputado en estas diligencias. Así, el que había sido el número dos de Aguirre en el partido –Granados– y su antiguo delfín y luego sucesor al frente del Gobierno regional –González– aparecen hoy como las dos figuras políticas estelares de un caso cuyos hechos nucleares tuvieron Madrid como escenario.

Otro político, un desconocido para la opinión pública que durante años manejó la contabilidad del PP madrileño también durante la etapa de Aguirre, completa el trípode: Beltrán Gutiérrez, que a su cargo como gerente del partido aunaba el de gerente de Fundescam, la fundación que desde 2003 contribuyó a pagar campañas electorales de la antigua lideresa con fondos ajenos al circuito legal y a la que la UCO dedica una parte sustancial de su último informe.

De la reforma de 2012 a los contratos de Indra

En relación a la pretendida imputación del PP, los razonamientos de IU enlazan con la reforma del Código Penal de diciembre de 2012, que abrió la puerta a perseguir penalmente a partidos y sindicatos.

Aunque el supuesto plan para enjugar la deuda contraída por el PP madrileño en las elecciones de 2011 mediante la obtención de un millón de euros con ayuda de empresas adjudicatarias de grandes contratos públicos fue anterior a la entrada en vigor de la reforma, IU sostiene que "su ejecución se prolongó hasta 2013 y muy posiblemente hasta 2014".

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En el plan al que alude el abogado de IU y cuyos entresijos han ido reflejando distintos autos e informes policiales, ocupaba un papel protagonista la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, la antigua ICM. Según los investigadores, de acuerdo con grandes contratistas como la semipública Indra y con el objetivo de desviar el dinero al PP, ICM debía conseguir un millón de euros.

Un testigo clave, el exsubdirector de ICM, Silvano Corujo, ya declaró que la exigencia de que ICM se involucrara en la búsqueda de fondos para el PP llegó directamente de Ignacio González en junio de 2012. Corujo le contó también al juez que ICM infló incluso el contrato adjudicado en 2014 a Indra para procesar y difundir los resultados de las autonómicas del año siguiente.

Crucial en las pesquisas sobre la financiación del PP, los contratos sospechosos de ICM comenzaron a investigarse dentro de la llamada Operación Lezo, donde también Aguirre aparece bajo el foco por su papel como presidenta en la concesión de un campo de golf de titularidad pública a una empresa de la familia de Ignacio González. Finalmente, todo lo relacionado con el tándem ICM-Indra se incorporó a las actuaciones de Púnica. ¿Por qué? Para evitar el solapamiento de actuaciones en torno a las cuentas del PP madrileño y agilizar la investigación.