El juicio del 'procés'

Romeva: "Las relaciones basadas en la represión y el amordazamiento suelen fracasar"

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La declaración del exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva puso este martes punto y final a la cuarta jornada del juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El que fuera, en palabras de la Fiscalía, cara visible de la “acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso rebelde” insistió durante su intervención en el Salón de Plenos del Alto Tribunal en que está convencido de que lo que han hecho “es lícito y legítimo” porque “ningún tratado internacional” niega el derecho a la autodeterminación. Además, rechazó tajantemente el delito de malversación de fondos públicos que se le atribuye como responsable de Asuntos Exteriores del Ejecutivo catalán y afirmó en que a lo largo del proceso “nunca jamás se incitó a la violencia”. Porque los únicos actos violentos que se produjeron, dijo, los protagonizaron las fuerzas de seguridad del Estado. “No fue el comportamiento adecuado de una policía democrática en un país democrático”, apostilló.

El Ministerio Público pide para Romeva 16 años de prisión por rebelión y malversación, una pena que la Abogacía del Estado rebaja hasta los 11 años y 6 meses al considerar que el tipo aplicable en esta causa sería el de sedición. El exconseller de Asuntos Exteriores afrontó el interrogatorio siguiendo la misma línea estratégica que el exvicepresident del Ejecutivo catalán Oriol Junqueras, con el que comparte abogado. Sin un solo papel sobre la mesa, el dirigente soberanista decidió responder exclusivamente a su defensa en una declaración mucho más política que la de los exconsellers Joaquim Forn y Jordi Turull. Su abogado, como ya hizo durante el interrogatorio al ex número dos del Govern de Carles Puigdemont, utilizó las primeras preguntas para presentar al acusado. “Soy diputado en el Parlament de Cataluña, suspendido por este tribunal y estoy encarcelado desde hace un año por lo que considero un juicio político”, aseveró Romeva, que como Junqueras se definió como un “preso político”.

La intervención del líder independentista se prolongó casi una hora y media. Romeva utilizó buena parte del tiempo en apuntalar la idea de que “no hay ningún tratado europeo” ni ningún artículo de la Constitución que prohíba o niegue el derecho a la autodeterminación, algo que no circunscribe exclusivamente a la época de la descolonización sino que lo entiende como un derecho que “evoluciona en los tiempos”. “Ha habido 106 referéndums de autodeterminación, de estos 54 se han producido en los últimos 30 años. De estos, 26 se han hecho sin el permiso del Estado matriz. No se puede determinar la autodeterminación como algo anecdótico”, afirmó Romeva, que situó el punto de partida de la crisis catalana en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. “Tuve la sensación de que se había roto algo muy serio. Se produjo una ruptura del pacto constitucional de 1978 que fue provocada por un Tribunal Constitucional politizado”, apuntó Romeva, que señaló que ese fue el momento en el que dejó de ser “federalista” y pasó a “estar independentista”.

“Solo unas relaciones basadas en la libertad son duraderas”relaciones basadas en la libertad son duraderas

En su intervención, el exeurodiputado apostilló que en los últimos años se han incorporado nuevos supuestos en relación con el derecho a la autodeterminación. “Uno de ellos es en el caso en el que se ha intentado todo antes”, aseveró Romeva. En este sentido, el líder independentista insistió, como ya han hecho todos los acusados que han sido interrogados en sede judicial, en los continuos intentos de abrir un proceso de diálogo con el Ejecutivo central. “Hemos defendido este derecho siempre apelando al civismo, apelando al pacifismo, a la responsabilidad, a la concordia, al diálogo, a la negociación, en definitiva haciendo política”, explicó el exconseller, que añadió que “solo los doctrinarios se tapan los oídos y amordazan a los otros”. “Solo unas relaciones basadas en la libertad son duraderas. Aquellas que se basan en la represión y en el amordazamiento son tóxicas y suelen fracasar”, aseveró el encausado ante el tribunal, que en la sesión de la tarde se ha visto menos obligado a intervenir para encauzar el interrogatorio.

Con las presentaciones hechas y con el debate político puesto sobre la mesa, el letrado Van den Eynde comenzó a preguntar a su representado por el departamento que dirigía en el Ejecutivo catalán. En su escrito de acusación, el Ministerio Público defiende que, de cara al referéndum del 1-O, la Generalitat “desplegó presupuestos, políticas generales y actuaciones concretas para dotarse de una proyección internacional que sirviera de palanca para el proceso de independencia emprendido”. En esta estrategia de “enorme trascendencia” de “internacionalización del conflicto”, la Fiscalía coloca a la Consellería de Exteriores como una de las piezas clave. Al ser preguntado al respecto, Romeva dijo que el Govern “tiene el deber” de llevar a cabo “acción exterior”, aunque con “algunas restricciones”: “No se permite a la Generalitat como representante del Estado, como firmante de tratados ni que desarrolle tareas consulares. ¿Cuándo la Generalitat hizo una de estas tres cosas?”, se preguntó.

Los gastos de la “internacionalización del conflicto”

El exconseller, que definió el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) como un órgano que lleva a cabo lo que se conoce como “diplomacia pública”, también fue cuestionado por la supuesta malversación de fondos públicos en esta actividad exterior. El Ministerio Público contabiliza en este proceso de “internacionalización del conflicto” gastos como un contrato firmado con una consultora para “facilitar” encuentros con los medios, cámaras de comercio u organizaciones. También pone el foco en los desembolsos derivados de la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales. En este sentido, Romeva dijo que sigue “sin entender” los motivos por los que se le atribuye el delito de malversación y aclaró que los gastos que se hicieron fueron “perfectamente lícitos y de acorde a las competencias que tenía atribuidas”. “¿Cómo puede ser ilícito hacer una conferencia en el Parlamento Europeo? (…) No tiene sentido, es delirante que se acuse cualquiera de nuestras acciones de ilícito penal”, apuntó el líder independentista.

Romeva reconoció los gastos que realizó el Diplocat en concepto de observadores internacionales para la consulta del 1-O. Para invitar a una treintena de eurodiputados, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, se desembolsaron 40.591 euros y se comprometieron otros 2.750 euros. Para traer observadores, los gastos ascendieron a casi 300.000 euros y otros 47.000 euros comprometidos. Sin embargo, el exeurodiputado explicó que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña es un “consorcio público-privado” con “agenda propia y presupuesto” y afirmó que entre sus actividades estaba la invitación a “visitantes internacionales” para que pudieran conocer “la realidad de Cataluña. “Se reunían con todos los partidos y asociaciones sin ningún problema y sin cortapisas”, aseveró el exconseller de Asuntos Exteriores, que también fue cuestionado por su abogado sobre el registro de catalanes en el exterior, algo que “ya existía antes de ser nombrado” al frente del departamento.

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“Es pernicioso decir que hubo un alzamiento”

La defensa de Romeva también aprovechó el interrogatorio para hacer constar el carácter pacífico del procés. Así, a cuestiones de Van den Eynde, el extitular de Asuntos Exteriores aseguró que defendieron el proyecto político apelando “siempre” al “civismo” y al “pacifismo”. Por eso, rechazó “rotundamente” que incitarán o apelaran a la violencia para conseguir los objetivos marcados. “Defiendo la vía no violenta por pura convicción, pero también por pragmatismo”, señaló el acusado, que puso sobre la mesa estudios que indican que los objetivos que se persiguen por la vía violenta “tienen un 26% de éxito”, frente al “53%” de aquellos que se han buscado por cauces pacíficos. En este sentido, dejó claro que la única actitud violenta que vio fue la de las fuerzas de seguridad del Estado, que en su opinión no tuvieron “el comportamiento de una policía democrática”. “Es pernicioso decir que hubo un alzamiento. (…) Una democracia que cercena el derecho a la protesta es una democracia frágil”, apuntó.

A lo largo del interrogatorio, el encausado lanzó un par de dardos a la acusación popular, representada por Vox, a la que todos los enjuiciados han evitado darle voz durante la fase de interrogatorios. “Cuando defiendo una república catalana, pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal. Quienes defendemos estos valores estamos acusados, quienes los amenazan, se sientan entre los acusadores”, señaló Romeva en los primeros compases de su declaración. Un interrogatorio que se alargó hasta las 18.00 horas y que finalizó con una petición expresa al tribunal: “Estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito, legítimo y creo que legal. Defender el principio democrático es una responsabilidad y un deber, y quiero lamentar el hecho de que si estamos aquí es porque quienes tenían que hacer política no lo hicieron y les pasaron a ustedes una responsabilidad que les atañe a ellos. Les pido que devuelvan esa carpeta a donde nunca debió haber salido, a la política”.

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