El Gobierno presenta su agenda de acción climática: 200.000 millones de euros para "la transformación de España para la próxima década"

El Gobierno presentó este miércoles, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, sus planes para hacer frente al cambio climático y llevar a cabo una transformación transversal de la economía para descarbonizarla, aprovechar el impulso de la sostenibilidad y, en palabras del presidente Sánchez, "no dejar a nadie atrás". En el acto, al que acudieron los presidentes de las principales compañías energéticas y los líderes de las ONG ambientales, se presentaron las tres patas del llamado Marco de Energía y Clima: el largamente esperado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Integrado de Energía y Clima (una obligación que exige la Unión Europea y que deben entregar todos los Estados miembro) y la Estrategia para una Transición Justa, destinada a paliar los posibles daños en el tejido productivo en las comarcas y regiones más vulnerables al cambio: sobre todo, las dependientes de los combustibles fósiles.

En el acto, en el que participaron la ministra Teresa Ribera y el presidente, Pedro Sánchez, acompañados de las ministras de Hacienda (María Jesús Montero), de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Magdalena Valerio) y de Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto), ha habido pocas novedades, ya que las principales líneas de actuación del Ejecutivo ya habían sido adelantadas y los detalles se revelarán cuando se publique el Marco, en el Consejo de Ministros del próximo viernes. La acción climática española, a expensas del trámite parlamentario y de un eventual cambio de manos en Moncloa, movilizará 200.000 millones de euros de inversión pública y privada –"fundamentalmente privada", aclaran fuentes del Ministerio–, provenientes sobre todo del "despliegue sin parangón" de las energías renovables.

Además, aseguró Sánchez en su comparecencia, se crearán "más de 200.000 puestos de trabajo" fruto de un "círculo virtuoso de crecimiento sostenible" que impactará, sobre todo, en las regiones más despobladas de la llamada "España vacía": las energías limpias no necesitan grandes núcleos industriales, solo sol y viento. El Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico estos nuevos empleos se  distribuirán en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, y el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Además, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética.

Sánchez repasó las líneas maestras del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: establecerá límites a la explotación de los hidrocarburos, revisará los subsidios a combustibles fósiles, apostará por la electrificación del transporte y asumirá como objetivo, como ya fue adelantado, que en 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2 (independientemente de su tecnología). Además, a través del seguimiento de indicadores e impactos de las políticas públicas, se incidirá en la adaptación al cambio climático de uno de los países con mayor riesgo de desertificación del mundo y se buscará proteger los siempre frágiles ecosistemas, el aire, la tierra y el suelo, con especial atención a la biodiversidad.

Con respecto al Plan Integrado de Energía y Clima, que establecerá la penetración deseable de cada tipo de tecnología en el mix energético a lo largo de las próximas décadas, el Gobierno asume objetivos del 20% de energía total de procedencia renovable para 2020 y un 42% en el 2030, en línea con las metas de la UE y del Acuerdo de París. El presidente anunció, además, que se creará un estatuto específico para la industria electrointensiva, con el fin de que no se vea afectada por las cada vez mayores restricciones al CO2 del sector secundario. No se mencionó ninguna generación de energía concreta, ya que el Ejecutivo ha puesto especial empeño en no calendarizar, al menos públicamente, la clausura de centralesno calendarizar, al menos públicamente, la clausura de centrales, y simplemente establecer el marco para que las compañías tomen sus propias decisiones. Ni siquiera se habló del fin del parque nuclear, adelantado por Ribera la semana pasada. Las reducciones que se autoimpondrá el país no fueron detalladas en el evento, pero en principio serán las mismas que ya recogía el borrador facilitado a los medios el pasado noviembre. El Ejecutivo propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en al menos un 20% por debajo de los niveles de 1990, es decir, reducirlas en 37 puntos porcentuales. Bruselas obliga, como mínimo, a que las emisiones de 2030 sean similares a las de 1990, por lo que el borrador va más allá de lo impuesto por el club comunitario.

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Con respecto a la Estrategia de Transición Justa, Sánchez reafirmó la apuesta de su gabinete por establecer convenios de transición para todas las comarcas vulnerables, para conseguir el objetivo de un "impacto cero" sobre la población cuyo modo de vida aún depende de tecnologías contaminantes. La estrategia facilitará a estos sectores un "acceso ágil a ventanas de financiación", incentivos fiscales y ayudas de la Unión Europea, en caso de ser necesarias, con el objetivo de compensar "los posibles desajustes" que conllevará la descarbonización. 

"Esta es la agenda de transformación de España para la próxima década", aseguró Sánchez, en el mismo tono positivo con el que ayer comenzó la precampaña de su partido: no se trata de restricciones, sino de una adaptación al mayor reto ambiental, político, económico y social del siglo que traerá más oportunidades que incomodidad. "No debemos elegir entre trabajo y prosperidad y lucha contra el calentamiento global", remarcó, con referencias veladas a la amenaza reaccionaria que a su juicio representa la derecha en los próximos comicios. La ministra Ribera, por su parte, insistió en las razones de justicia social que, asegura, han permeado la elaboración del marco: "Debemos ofrecer equidad, apoyo a los más vulnerables e integrar la variable del clima en todas las políticas", aseguró, en un discurso que sonó a despedida presentando la principal meta que se fijó su cartera en junio de 2018.

Sin embargo, los planes del Ejecutivo, presentados a pocas semanas de la disolución de las Cortes, corren el peligro de convertirse en papel mojado ante un posible cambio de Gobierno. El anteproyecto de ley no pasará por sede parlamentaria y tanto el Plan Integrado de Energía y Clima como la Estrategia de Transición Justa podrían verse modificados o eliminarse. Fuentes del Ministerio dudan de que un posible Gobierno de la derecha se atreva a cambiar algo, ya que se ha llevado a cabo con el beneplácito de las poderosas empresas energéticas. "Nosotros hemos hecho los deberes", apuntan.