El Gobierno quita la razón a Robles y Celáa: la inversión en armas no es "gasto social"

El Gobierno ha admitido por escrito, recurriendo como fuente a la clasificación de las funciones de las Administraciones Públicas de Naciones Unidas, que el gasto en armamento no puede ser incluido dentro de la categoría de "gasto social". Así consta en varias respuestas parlamentarias a la diputada del PDeCAT Miriam Nogueras, formación integrada en el Grupo Mixto, consultadas por infoLibre. 

Más allá de la literalidad de la contestación del Ejecutivo, que sostiene que "tradicionalmente se identifica como 'gasto social' el sumatorio" de los gastos en salud, educación y protección social, la respuesta es una desautorización a dos ministras que el pasado mes de diciembre coincidieron a la hora de considerar que el gasto en materia de defensa es "gasto social".

La primera en pronunciarse de esta manera fue Margarita Robles, titular de Defensa. Y la segunda, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celáa.

El viernes 14 de diciembre, el Consejo de Ministros autorizaba una inversión de 7.331 millones de euros en programas de seguridad y defensa. Un plan plurianual hasta el año 2032. Implicaba la construcción de cinco fragatas F-110, 348 blindados VCR 8x8 y la modernización de los aviones de combate 'Eurofighter'. Horas antes de la reunión, la titular de la cartera, Margarita Robles, concedía una entrevista en Onda Cero en la que defendió que la inversión en programas de armamento suponen también "gasto social".

"Es gasto social porque el gasto militar, además de generar y contribuir a la seguridad y la defensa, genera también puestos de trabajo para la industria española", insistió.

Además, se mostró convencida de que el Gobierno tiene por "obligación" invertir en material para garantizar su seguridad.

"7.000 puestos de trabajo al año"

Horas después, Isabel Celáa replicó este discurso desde la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los informadores demandaron a Celáa que explicara el "sentido de la ampliación del gasto presupuestario" en materia de Defensa y la motivación del mismo. "He de decir que, efectivamente, estos gastos de Defensa son gastos –como bien ha dicho la ministra [en alusión a Robles]– de carácter social, se prevé la creación de 7.000 puestos de trabajo al año. Son gastos que se dibujan para un escenario de 15 años", indicó la portavoz del Gobierno.

Dos días después, el lunes 17 de diciembre, la diputada Nogueras registraba cuatro preguntas al Gobierno para su respuesta escrita con la cuestión de la vinculación entre "gasto social" y gasto en armamento realizada por la titular de Defensa.

En la primera de ellas, tras citar las inversiones aprobadas en el Consejo de Ministros, preguntaba si a ojos del Gobierno "estos programas de armamento son gasto social". Y, en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, las razones.

En la segunda pregunta, con las declaraciones de Robles como base, pedía al Ejecutivo que fijase su definición de "gasto social" y que precise "qué tipo de partidas considera el Gobierno que son gasto social".

La tercera tenía como misión conocer "desde cuándo" el Gobierno considera "gasto social las inversiones en programas de armamento". 

Y la cuarta se interesaba por saber si en los Presupuestos Generales del Estado se iban "a incluir las inversiones en programas de armamento como 'gasto social' junto a las partidas sociales como sanidad, educación, empleo o pensiones".

La misma respuesta

Para todas estas preguntas, la respuesta es la misma. El Gobierno, que obvia las polémicas declaraciones de sus ministras, recurre a la "clasificación de las funciones de las Administraciones Públicas (COFOG)", una "metodología publicada por Naciones Unidas que clasifica los gastos, elaborados de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional, conforme a la finalidad que persiguen los fondos".

Esta clasificación "estructura los gastos en varios niveles, entre los que destacan un primer nivel de desarrollo, en el que se establecen 10 divisiones de gasto (grupos funcionales): (01) Servicios públicos generales; (02) Defensa; (03) Orden público y seguridad; (04) Asuntos económicos; (05) Protección del medioambiente; (06) Vivienda y servicios comunitarios; (07) Salud; (08) Actividades recreativas, cultura y religión; (09) Educación y (10) Protección social", puede leerse en la respuesta del Ejecutivo.

Y añade: "Tradicionalmente, se identifica como 'gasto social' el sumatorio de los grupos 07 (Salud), 09 (Educación) y 10 (Protección Social)". O sea, que nada que ver con el gasto en armamento.