Rosi, Juani, Mayra y Pepi pierden su batalla contra la especulación pese a la movilización ciudadana

Las familias de Pepi, Juani, Mayra y Rosi han sido desalojadas este viernes de sus viviendas de la calle Argumosa 11, en Lavapiés (Madrid), por la Policía Nacional. A las puertas del edificio se concentraban cientos de activistas de diversas plataformas antidesahucios (PAH, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos), que llegaron de madrugada para intentar parar de forma pacífica el desalojo de estas cuatro familias. 

La Policía llegó a las 2:30 de la madrugada y montó un cordón policial de más de ocho furgones, según fuentes consultadas por infoLibre que se encontraban dentro del edificio. En torno a las 9:30 de la mañana, las autoridades entraban al portal y echaban por la fuerza a quienes oponían resistencia pacífica. Los agentes detuvieron a seis activistas, que fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz.

Se trata de unos desahucios sin precedentes, según ha destacdo Alejandra Jacinto, abogada de Pepi y Juani, ya que son cuatro desalojos en el mismo edificio programados a la misma hora: las 9:30 de la mañana. Además, las órdenes judiciales han sido presentadas por tres juzgados diferentes que han ofrecido la misma resolución con el mismo auto y las mismas particularidades, entre ellas, el requerimiento al delegado del Gobierno para asegurar la ejecución. Asimismo, las órdenes de desalojo llegaban con tan sólo 48 y 24 horas de antelación para que los vecinos y activistas no consiguiesen organizarse y ayudar a que Pepi, Juani, Mayra y Rosi se quedasen en sus casas. Y es que incluso desde Naciones Unidas han advertido a través de una resolución que ni Juani ni Mayra pueden ser desahuciadas porque no cuentan con alternativa habitacional, y de hecho ninguna de ellas tiene un lugar en donde vivir después de que las hayan echado de sus hogares.

También resulta llamativo que cuando se iban a producir los desahucios, la comisión judicial no haya permitido entrar al inmueble a Alejandra Jacinto para que estuviese con sus defendidas. Sin embargo, sí han autorizado la entrada de los abogados de Pro indiviso, empresa propietaria del edificio. La propia abogada de Pepi y Juani ha asegurado que se trata de una empresa que cuenta con más de 70 inmuebles en todo el Estado español y desde la Plataforma Bloques en Lucha ahn advertido de que el objetivo de esta empresa es construir un bloque turístico en el que el precio de las casas sea un 300% más alto de lo que es ahora. Y es que según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pro indiviso ha contactado en varias ocasiones con Rosi para subirle el alquiler de 400 a 1.700 euros, cantidad que saben de sobra que ninguna de las vecinas pueden pagar.



Las víctimas de desahucio son familias con menores de edad. Uno de ellos es un bebé de apenas un mes y también hay personas con discapacidad del 85% y con pensiones no contributivas. Dos de las familias se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado a Europa Press fuentes municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias "a la espera de tener una alternativa más estable", según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.

Exigen la expropiación del edificio

La multitud que se encontraba en el edificio para tratar de parar los desahucios ha destacado que han ofrecido resistencia pacífica y que a pesar de ello los policías han entrado con mazos “rompiendo los cristales sin mirar quien había por delante”.  El resultado ha sido la detención de seis activistas de la PAH de Vallecas.
 



Entre las reivindicaciones de las plataformas y sindicatos antidesahucios hay una muy clara y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena expropie el edificio, para que así pueden ofrecerles a estas vecinas un alquiler social. Pues como dicen "quieren pagar y vivir en sus casas; no quieren vivir en mansiones, sino vivir y ya". Esta exigencia se debe a que el consistorio sí que ha expropiado varios edificios para salvarlos de fondos buitres y darles una nueva vida como centros sociales, por eso los activistas piden que se haga lo mismo con las viviendas que corren el peligro de ser compradas por estos empresarios para luego ser alquiladas a precios desorbitados. No sin antes echar a los vecinos de toda la vida de sus casas. 

El desahucio múltiple de esta mañana ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado que la política "no ha llegado a tiempo" de evitarlo. "La policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo desahucio que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis", ha dicho Celaá. La portavoz del Ejecutivo ha recordado el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto ley sobre alquileres presentado por el Ministerio de Fomento que incluía medidas como la obligación de comunicar al ciudadano con suficiente antelación y de pedir a los servicios sociales un informe sobre la vulnerabilidad social.