Forcadell cierra los interrogatorios rechazando que la DUI tuviera "consecuencias jurídicas"

La expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, puso fin este martes a la ronda de declaraciones de los doce dirigentes independentistas procesados en la causa del procés. Durante el interrogatorio, la que fuera máxima autoridad de la Cámara catalana aseguró que la declaración de independencia no tenía “consecuencias jurídicas” y afirmó que la Mesa del Parlament “siempre ha tenido en cuenta derechos fundamentales como la libertad de expresión o la inviolabilidad parlamentaria”. De todos los que fueran miembros del órgano de gobierno de la Cámara, Forcadell es la única que continúa encausada en el procedimiento que se juzga en el Supremo, después de que el Alto Tribunal decidiese levantar del banquillo de los acusados a Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet –todos ellos exmiembros de la Mesa– y la exdiputada de la CUP Mireia Boya al considerar que “son susceptibles de un enjuiciamiento separado” en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo como la Abogacía del Estado sitúan a la expresidenta de la Cámara catalana en uno de los “tres pilares básicos” que, de forma “combinada y sincronizada”, formaban parte del “plan urdido” para “declarar la independencia” de Cataluña. En concreto, la colocan en el “parlamentario”, cuyo epicentro “consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente”. Con todo ello de fondo, el Ministerio Público solicita para la expresidenta del Parlament diecisiete años de cárcel por un delito de rebelión, una pena que los servicios jurídicos del Estado rebajan hasta los diez años de prisión al considerar que el tipo aplicable sería el de sedición al no apreciar que concurriese la violencia necesaria para la calificación que pone sobre la mesa la Fiscalía del Alto Tribunal.

El interrogatorio a Forcadell, que ya ha llevado su situación de prisión preventiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), arrancó a primera hora de la tarde. De chaqueta blanca, la que fuera líder de la Cámara catalana aceptó responder a las preguntas del Ministerio Público –representado por la fiscal Consuelo Madrigal–, la Abogacía del Estado –representada por Rosa María Seoane– y su defensa, encarnada por la abogada Olga Arderiu. La práctica totalidad del interrogatorio de las acusaciones se centró en todas aquellas “resoluciones parlamentarias y normas legales” tendentes a “crear el marco legal que sustentara la construcción de la República catalana” cuya tramitación fue permitida por los miembros de la Mesa investigados en la causa “aun siendo plenamente conscientes de que incumplían su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional” y a pesar de las “múltiples advertencias y requerimientos que les formuló el Tribunal Constitucional”.

“Politización” del Tribunal Constitucional

Forcadell, que arrancado su intervención lamentando que no pudiera utilizar la traducción simultánea –“el catalán siempre acaba siendo una lengua minorizada”–, quiso dejar claro desde el primer momento que ni participó ni dirigió “ninguna estrategia” hacia la independencia. “Me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament y mi tarea se centraba en el ámbito legislativo”, señaló la que fuera máxima autoridad de la Cámara catalana, quien ante las preguntas de la fiscal aseveró que “no es potestad de la Mesa del Parlament valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias” porque, en caso de hacerlo, “limitaría y controlaría el debate parlamentario” y el Parlament se convertiría en un “órgano censor”. Y la “palabra” en una Cámara, dijo, “tiene que ser libre”: “El debate tiene que ser libre. Otra cosa son las consecuencias jurídicas de ese debate”. “La Mesa siempre ha tenido en cuenta derechos fundamentales como la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria o el pluralismo político”, concluyó en este sentido.

Casi todo el interrogatorio fue puramente jurídico. Se preguntó a la expresidenta por la tramitación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica. También se le cuestionó por la admisión a trámite de la Resolución 1/XI de inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente y de la Resolución 5/XI para la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. En este sentido, la fiscal recordó a Forcadell que la primera iniciativa fue anulada por el TC, momento que aprovechó la expresidenta del Parlament para criticar la “politización” de un órgano judicial que en temas relacionados con Cataluña “ha utilizado criterios políticos en lugar de jurídicos”. “[El Constitucional] nos estaba pidiendo que nos convirtiéramos en un órgano censor”, replicó la dirigente independentista. “¿Se puede debatir entonces la legalización de la trata de seres humanos?”, respondió Madrigal. Un primer enfrentamiento que Forcadell atajó: “El único límite a la libertad de expresión son los derechos humanos”.

Como casi todos los acusados, la expresidenta del Parlament también fue cuestionada por las protestas previas al referéndum del 1-O. En concreto, se le preguntó en primer término por la movilización ante la Conselleria de Economía, a la que confirmó que acudió porque habían detenido a varios colaboradores del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el dirigente independentista “estaba muy abatido”. “Le saludé y me fui”, puntualizó Forcadell, que deslizó que pudo llegar hasta la puerta “sin ninguna dificultad”. Del mismo modo, confirmó su asistencia a la concentración de ese mismo día en Sabadell. Sobre esta protesta, la que fuera máxima autoridad de la Cámara catalana explicó, tras la reproducción de un vídeo en el Salón de Plenos, que pidió la libertad de los detenidos y la participación en la consulta convocada para el 1-O. “Pedí votar sí y votar no porque entiendo que votar en un referéndum no es un delito”, aclaró la acusada, que añadió que en democracia “no hay que tener miedo a ejercer los derechos fundamentales, incluido el de protesta”.

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“¿Era verdad, una mentira, una farsa?”

A lo largo de las más de tres horas que duró el interrogatorio, la expresidenta del Parlament también trató de tirar por tierra la existencia de violencia que pone la mesa el Ministerio Público para considerar el delito de rebelión. “Todo lo hemos hecho siempre pacíficamente”, insistió Forcadell, que en relación con el 1-O dijo que no se encontrará “ningún tuit ni declaración” en la que hubiera llamado a “ocupar los colegios” la víspera de la consulta. De hecho, los mensajes en redes sociales han tenido un papel relevante durante toda la fase de interrogatorios. El Ministerio Público, por ejemplo, cuestionó a la expresidenta de la Cámara catalana por un mensaje que subió a la red social Twitter tras la votación del 1-O en el que daba las gracias a todos los que “hicieron posible” una “jornada inolvidable”. “El 1 de octubre fue una jornada inolvidable para todos los que la vivimos por la violencia ejercida por la policía. Yo agradecí en un tuit a la gente que, a pesar de la violencia, se comportaron pacíficamente”, explicó.

Otro de los momentos tensos del interrogatorio se registró cuando fue preguntada por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). “¿Se declaró la independencia el 27 de octubre?”, preguntó Madrigal. “Se aprobaron dos propuestas de resolución y se leyó un preámbulo que era una declaración política sin consecuencias jurídicas”, se explicó Forcadell. “Entonces, ¿era verdad, una mentira, una farsa?”, replicó la fiscal. “La política es una cosa seria”, sentenció la expresidenta del Parlament. Poco antes de las 20.00 horas, el presidente del tribunal puso fin a la última sesión de la fase de interrogatorios. A partir de este miércoles arrancarán en el Supremo las testificales. En total, están llamados a declarar más de medio millar de testigos. Los primeros en comparecer serán aquellos con un perfil político, intentando así el Alto Tribunal que sus declaraciones no se produzcan en plena campaña electoral. Entre ellos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la que fuera su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, así como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.