El Gobierno admite que la cascada de demandas del entorno de los Franco puede retrasar la exhumación

El Gobierno ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" del dictador Francisco Franco para evitar su exhumación del Valle de los Caídos presentando demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos pueden "retrasar" la fase final del traslado de los restos.

Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión –son ya doce–, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar la fase final de la ejecución del traslado de la momia del dictador fuera del Valle de Cuelgamuros.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos porque entiende que, no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realice con seguridad para los operarios, informa Europa Press.

Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad". Ese expediente, impulsado por el Consejo de Ministros, "continúa su tramitación" dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.

Ahora, precisan desde La Moncloa, el Ayuntamiento dispone de tres días para presentar alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, Leonardo Falcó Rodríguez y el procurador Javier Campal Crespo, a quien el Gobierno identifica en el entorno de la familia Franco. "Estamos convencidos –señalan fuentes de Presidencia del Gobierno– de que tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo".

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En un auto, el juez se apoya en el informe pericial aportado por la Fundación Francisco Franco, según informó El Independiente, firmado por dos arquitectos: José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto. Este informe defiende, según indica el mismo diario, que las obras pretendidas por el Gobierno son “ilegales” por “atentar frontalmente” contra la protección del edificio. Por su parte, el auto indica que "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco". 

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", expone el auto.

Se da la circunstancia de que el juez de lo contencioso-administrativo que ha paralizado la exhumación es un viejo conocido de las causas de la memoria histórica y al que le persigue la polémica. José Yusty Bastarreche fue, por ejemplo, el magistrado que suspendió el acto en favor del referéndum catalán que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había autorizado hace dos años en un local propiedad del consistorio, informa El Confidencial. Yusty fue además uno de los miles de firmantes del manifiesto de Libres e Iguales, cuya finalidad principal era “la movilización del conjunto de los ciudadanos españoles en el grave debate provocado por el secesionismo catalán”. Yusty insertó en la web de la plataforma un comentario en el que se ofrecía para lo que pudiera "ser útil".