Vivienda

El Gobierno aprueba un decreto que da mayor estabilidad a los inquilinos aunque es difícil que pinche la burbuja de los precios

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este viernes.

El decreto para regular el mercado del alquiler servirá para aumentar la estabilidad de los inquilinos, pero no para rebajar los precios de la vivienda. El paquete de medidas aprobado por el Gobierno este viernes contempla la limitación de la subida anual de los alquileres al IPC, amplía la duración mínima de los contratos de tres a cinco años –siete si el arrendador es una empresa– y también incrementa la ampliación del plazo de preaviso antes de la ruptura del contrato, por el que se establecen cuatro meses para el propietario y dos meses para el arrendatario. Pero la negativa del Ejecutivo a incluir en el decreto un mecanismo para limitar los precios dificuta que se pinche la burbuja del mercado del alquiler.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto no servirá para atajar el problema global de la vivienda en alquiler en España, algo de lo que culpó a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Calvo explicó que el paquete de medidas supone un "plan de emergencia y choque" para problemas particularmente "lacerantes" que afectan ahora mismo al mercado del alquiler, pero lamentó no haber podido poner en marcha propuestas como la rehabilitación del parque de viviendas vacías o la ampliación del parque de viviendas sociales.

"Esa es nuestra verdadera política de vivienda, no la podemos desplegar en su plenitud porque hemos estado en las circunstancias que hemos estado", lamentó la vicepresidenta del Gobierno, que no obstante se mostró confiada en que Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y ERC apoyarán el decreto para que salga definitivamente adelante. Por el momento, los nacionalistas catalanes conservadores ya han dado su aprobación al texto, y lo mismo ha hecho Unidos Podemos, que sin embargo ha calificado el paquete de "insuficiente" y ha lamentado que no incluya medidas para limitar los precios.

Esa es la misma queja que hacen algunos de los colectivos sociales del ámbito de la vivienda: el decreto incluye medidas necesarias, pero se queda corto. El Sindicato de Inquilinos de Cataluña, por ejemplo, lamentó en un comunicado que el hecho público este viernes "sea un decreto insuficiente en el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda". Y la organización homónima madrileña coincide en que el decreto es "débil", fundamentalmente porque no pone un límite para los precios, desbocados en las grandes ciudades.

El decreto tiene sus riesgos

Según sostiene una portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, las medidas puestas en marcha por el Gobierno no servirán para pinchar la burbuja del alquiler. "Es verdad que el decreto nos da algún derecho, y que ayuda a garantizar la estabilidad" de los inquilinos porque los contratos, a partir de ahora, tendrán una duración mínima de cinco años y no de tres, como hasta ahora. "Pero el problema de base es que los precios ya son inasumibles, y no nos vale que solo vayan a poder subir el IPC en los cinco años siguientes a la firma del contrato, porque lo que hay que hacer es bajarlos", denuncia la organización.

No obstante, incluso esta medida tiene sus riesgos. Así lo defiende el economista Alejandro Inurrieta, que fue presidente de la Sociedad Pública de Alquiler durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que explica que la ampliación de la duración de los contratos puede incluso reforzar la subida de los precios si no se instaura un mecanismo para limitarlos. "Ahora mismo nada va a impedir a los caseros, sean particulares o empresas, subir el precio en los nuevos contratos", lo que implica que el arrendador podría imponer una brusca subida para compensar el hecho de que, hasta dentro de cinco o siete años –y no de tres, como hasta ahora– no podrá revisar el precio salvo para acompasarlo con la inflación.

Esa circunstancia, unida al "poder de negociación" absoluto con el que –según el experto– cuentan ahora los arrendadores, hace casi imposible que las medidas puestas en marcha por el Gobierno sirvan para pinchar la burbuja de precios si éstos no se limitan, sostiene Inurrieta. No obstante, el economista no ve pasos en esta dirección, ya que afirma que "es casi imposible" crear un índice de precios de las viviendas en poco más de medio año, como se ha comprometido a hacer el Gobierno.

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Un índice "muy complicado" de elaborar en España

Y es que el decreto incluye la elaboración en un plazo de ocho meses de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se actualizará anualmente y que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte "a medidas de carácter fiscal", si bien Unidos Podemos plantea que este índice también sirva para limitar los precios en zonas donde estén desbocados. "Con la información que tienen las administraciones públicas, y con la cantidad de alquileres en negro o sin contrato que hay en España, hacer un índice de esas características en ocho meses es muy complicado", insiste Inurrieta. Y sin ese índice, atacar la burbuja en las zonas que más lo necesitan se complica.

El decreto del Gobierno también recoge la ampliación de la prórroga tácita de uno a tres años, y de igual forma establece que el arrendador tendrá que avisar con un mínimo de cuatro meses de antelación que no va a renovar el contrato. Además, se establece como obligatorio fijar fecha y hora cuando se programe un desahucio, y se establece la notificación sistemática de los procedimientos de desalojo a los servicios sociales para que éstos tengan más tiempo para analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad.

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