La Fiscalía no logra apuntalar "el relato de la violencia" en las primeras semanas del juicio del 'procés'

Tres semanas después de que diera comienzo en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo el juicio del procés, la Fiscalía sigue sin tener bien atado el relato de violencia sobre el que sustenta su acusación contra el grueso de líderes independentistas sentados en el banquillo. Con la fase de interrogatorios de los procesados ya concluida y con la de las pruebas testificales recién iniciada, algunas de las defensas consideran en conversación con infoLibre que el Ministerio Público “ni siquiera” se ha empleado a fondo hasta el momento en apuntalar “el relato de violencia inicial”, aunque creen que es “precipitado” pensar que lo haya abandonado. Fuentes jurídicas conocedoras de la estrategia que sigue la Fiscalía señalan que hasta la fecha solo han declarado los acusados, que no están obligados ni a decir la verdad ni a responder a las preguntas que se les planteen, y los testigos con un perfil político. Lo más interesante, añaden, llegará en las próximas semanas, cuando empiecen a desfilar por el Alto Tribunal todos aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron sobre el terreno aquellos meses.

El Ministerio Público pide entre 16 y 25 años de prisión para el exvicepresident de la Generalitat, cinco exconsellers del Govern de Carles Puigdemont –Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn–, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Les acusa, además de la malversación, de un delito de rebelión, tipo penal para el que se requiere un alzamiento público y violento. Por eso, buena parte de su escrito de acusación se sostiene sobre el pilar de la violencia, un término al que hacen alusión en más de una docena de ocasiones. Así, por ejemplo, la acusación considera probado que durante aquel otoño independentista en Cataluña se produjo un “levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia” con el objetivo de “conseguir la secesión de ese territorio autonómico”. Y todos los enjuiciados por rebelión, añade, fomentaron, propiciaron y buscaron “el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad”.

Pero tras nueve largas sesiones de juicio en el Tribunal Supremo, las defensas de estos nueve acusados consideran que la Fiscalía todavía no ha sido capaz de evidenciar todas estas actitudes que reflejan en su escrito de acusación. “Las dos primeras semanas, ni lo han pretendido, porque intentar basar la prueba del relato acusatorio en la confesión de los acusados es un poco innecesario”, señalan fuentes de las defensas, que añaden que durante la tercera semana, con el “trío ministerial” en el Salón de Plenos, los fiscales tenían “algo más de posibilidades de fijar el marco” pero “tampoco lo han hecho”. De todos modos, avisan que es precipitado pensar que han abandonado el relato de la violencia, “que no se sustenta en sí mismo de esa forma tan gráfica” que expone el Ministerio Público. “Queda todo por abrir”, apuntan las fuentes consultadas por este diario, que recuerdan que “el juicio de verdad comenzará” a partir de la próxima semana, cuando empiecen a desfilar por el Alto Tribunal los testigos solicitados por la Fiscalía.

El Ministerio Público no fiaba, ni mucho menos, su estrategia de acusación a la fase de interrogatorios. Principalmente, porque los doce enjuiciados por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia no están obligados ni a decir la verdad ni a responder a todas las preguntas que se les planteen. Muy diferente es la etapa testifical, donde el medio millar de personas llamadas a declarar en la causa tendrán que contestar a cada cuestión que les lancen de forma veraz bajo la amenaza del delito de falso testimonio. En este sentido, fuentes conocedoras del proceder del Ministerio Público explican que la carga probatoria se irá construyendo a partir de las próximas semanas, con las documentales y las declaraciones de los peritos y algunos de los testigos. Porque el Ministerio Público, más que con las testificales de perfil político, quiere apuntalar el relato de la violencia y, por tanto, afianzar la rebelión a través de las declaraciones de miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra.

“La Fiscalía construye unos relatos un poco peliculeros”

La fase de los acusados se le atragantó al Ministerio Público, que por momentos dio una imagen de debilidad fruto de los constantes deslices sufridos y los permanentes titubeos. Los cuatro representantes de la Fiscalía –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena– aprovecharon buena parte del tiempo que invirtieron en los interrogatorios a dejar patente la flagrante desobediencia cometida por los exmiembros del Govern de Puigdemont respecto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y a incidir en el supuesto delito de malversación de caudales públicos que atribuyen a todos ellos. Preguntaron sobre los acontecimientos que la acusación tilda de violentos, sí. Pero, como era de esperar, todas las respuestas de los acusados buscaron desmontar ese relato. “La gente de Cataluña, sea o no independentista, es pacífica. Por mucho que se presente a la sociedad catalana como violenta, este relato no se sostiene por ningún sitio. Es más, es indignante”, no dudó en señalar el exconseller Jordi Turull durante su interrogatorio.

Buena parte de las cuestiones que sobre el supuesto uso de la violencia planteó la Fiscalía estuvieron centradas en la concentración que el 20 de septiembre de 2017 tuvo lugar a las puertas de la Conselleria de Economía, donde miles de personas –“asedio”, apunta el escrito de acusación– se agolparon para protestar contra el registro que se estaba produciendo por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En este asunto insistieron mucho los representantes del Ministerio Público durante los interrogatorios al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que rechazó tajantemente la violencia y señaló que lo que se produjo durante aquellos meses en Cataluña fueron actos de “resistencia no violenta, protesta pacífica”. En este sentido, fue intenso el intercambio de golpes entre el fiscal Javier Zaragoza y Sànchez. El primero le presionó poniendo sobre la mesa los vehículos de la Guardia Civil dañados. El exlíder de la ANC respondió lamentando aquellos hechos pero matizando que “no puede ser excusa para criminalizar una movilización”.

Además de en los coches, los fiscales también hicieron mucho hincapié en el hecho de que la comisión judicial, como recoge el Ministerio Público en su escrito, se viese “privada de libertad de movimientos” al tener “impedida la entrada o salida” del edificio. En este sentido, fueron varias las veces que se cuestionó cómo tuvo que abandonar las instalaciones la secretaria judicial. “Subiendo por los tejados”, deslizó el fiscal Javier Zaragoza. “La Fiscalía construye unos relatos un poco peliculeros. Subiendo por los tejados no, saltando un muro”, le replicó el exconseller de Interior Joaquim Forn, en línea con lo que declaró horas después Jordi Turull: “No sé si usted conoce el Ensanche de Barcelona, no pueden salir por la azotea, hay manzanas y en todo caso, debería haber caminado por varias azoteas”. De todos modos, los Jordis aclararon que si no abandonó el edificio por la puerta principal fue porque no quiso, porque se hizo un pasillo –del que se visualizaron imágenes en la sala– para que “pudiera entrar y salir quien quisiera”. La letrada, de todos modos, lo aclarará en sede judicial el próximo miércoles a petición de la Fiscalía.

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De la “violencia” a la “situación de excepcionalidad”

Tampoco consiguieron atar completamente el relato de la violencia con los primeros testigos llamados a declarar en el Tribunal Supremo. Ni siquiera, con aquellos que formaban parte del Gobierno central cuando la Fiscalía General del Estado decidió presentar su querella por rebelión, sedición y malversación. De los cuatro exmiembros del Ejecutivo que esta semana se sentaron en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, sólo la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dio un espaldarazo sin fisuras a las tesis del Ministerio Público. En un relato calcado al que pone sobre la mesa la Fiscalía, la también exministra de Administraciones Territoriales aseveró que “lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento”. “Lo vimos todos por televisión. Cuando una comisión judicial tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a una dependencia pública y se le impide salir, lo considero violencia”, afirmó la vicepresidenta, que utilizó también expresiones como “murallas humanas” para defender la actuación policial.

Algo menos tajantes fueron el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El primero, habló de “una resistencia activa, organizada”, de “personas con actitud de no facilitar el tema”, de “escudos humanos” y de “condiciones muy adversas”. Y cuando le apretó el abogado de Junqueras y Romeva, el letrado Andreu Van den Eynde, sobre el 1-O, el exministro del Interior señaló que la policía se encontró “problemas” porque las “masas organizadas” impedían la actuación policial “sentándose en el suelo con los brazos entrelazados”. Rajoy, por su parte, fue mucho más tibio que la exvicepresidenta del Gobierno. Mencionó una “situación de excepcionalidad” y “acosos”. Y deslizó, en alguna ocasión, el término “asedio”. Pero cuando las defensas le preguntaron claramente por “un solo acto de violencia” antes y después del 20-S, el expresidente recurrió a clásico “no lo recuerdo”. “Vi actos que se produjeron en hoteles donde estaban hospedados policías, lo que pasó en el TSJC... esta era una situación de anormalidad impropia de una sociedad avanzada”.