Patrimonio Nacional oculta datos clave para conocer si los monjes del Valle cumplen con la legalidad

Cuarenta años después de la muerte del dictador, el futuro del Valle de los Caídos lleva meses instalado en la agenda política española a raíz de la decisión del Gobierno central de impulsar la exhumación de Francisco Franco, una iniciativa que permanece varada por las continuas trabas puestas por la familia del dictador y cuyo éxito pende de un hilo tras el adelanto electoral. Administrado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, una entidad jurídica que controla Patrimonio Nacional de forma “temporal” desde hace casi cuatro décadas, este mausoleo fascista levantado en plena sierra de Guadarrama todavía se rige por la armadura jurídica tejida durante el franquismo. Un conjunto normativo que, entre otras cosas, establece una serie de obligaciones que debe cumplir la Abadía Benedictina encargada de la gestión del templo para ser beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Sin embargo, la ocultación de datos clave por parte de Patrimonio Nacional ante peticiones de información de infoLibre impide conocer si durante todos estos años los monjes han cumplido con la legalidad que rige en el conjunto monumental.

Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, ni tampoco ahora Pedro Sánchez. En los últimos 37 años, ninguno de los gobiernos que ha pasado por la Moncloa se ha puesto manos a la obra para regular la situación jurídica de Cuelgamuros a pesar de estar obligados por ley a hacerlo. La consecuencia directa de los continuos olvidos es que el mausoleo fascista continúa, a día de hoy, sujeto a tres normas promulgadas en la década de 1950: el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos y el Reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la mencionada Fundación de la Santa Cruz. Un conjunto normativo [consultar aquí en PDF] que a ojos de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, “está clarísimo” que hay que actualizar con criterios de utilidad y “pensando en el interés general y en los fondos públicos”.

Todos estos textos, entre otras cosas, cimientan la relación existente entre la entidad jurídica que controla Patrimonio Nacional y los monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos que custodian desde 1958 el templo donde reposan los restos del dictador y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. En concreto, el marco jurídico en vigor fija que en el mausoleo fascista deberá haber una Abadía Benedictina que tendrá que encargarse “del cumplimiento de los fines” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Para ello, “tendrá derecho” a recibir “los productos de sus bienes” siempre y cuando cumpla una serie de obligaciones que van desde la dirección y adiestramiento de una escolanía hasta el cuidado de la hospedería. “Caso de incumplimiento, el Patronato [de la Fundación] dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede para que esta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”, recoge el decreto-ley de 1957.

Este diario solicitó el pasado mes de agosto a Patrimonio Nacional algunos datos que resultan relevantes para comprobar si la congregación religiosa ha cumplido durante todos estos años con las obligaciones recogidas en la armadura jurídica vigente. En virtud de lo establecido en la Ley de Transparencia, el órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia dio respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por este diario. Sin embargo, rechazó facilitar cierta información clave en relación con la Abadía Benedictina, que en la actualidad dirige el prior Santiago Cantera Montenegro, excandidato de Falange Española Independiente en dos procesos electorales y firme detractor de la exhumación del dictador. Ni siquiera la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dando la razón a infoLibre e instando a Patrimonio Nacional a dar respuesta a todas aquellas cuestiones que no aclararon les ha llevado a replantearse su posición. La opacidad impide, por tanto, comprobar si se está cumpliendo o no con la legalidad.

La Abadía ha saltado a la palestra en los últimos días después de que Patrimonio Nacional anunciase que no transferirá los 340.000 euros de subvención anual correspondientes al ejercicio de 2018 hasta que los monjes del Valle de los Caídos no presenten un presupuesto de ingresos y gastos “equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente”. La decisión ha sido adoptada después de que el Tribunal de Cuentas emitiera en 2016 un duro informe en el que se señalaba que la aportación de Patrimonio Nacional a las arcas de la Abadía Benedictina no cumplía con los requisitos de justificación exigidos en la Ley de Subvenciones. “No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”, señalaba entonces el órgano fiscalizador del Estado.

El Centro de Estudios Sociales

Una de las obligaciones que tiene la Abadía Benedictina en relación con la “finalidad social” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la de dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES) “con su biblioteca, publicaciones, becarios y pensionados”. El objetivo, recoge el convenio de mayo de 1958, es “seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones”, recopilando “la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia” así como llevando a cabo “la divulgación de aquellos trabajos sobre materias sociales” que realice el Centro de Estudios Sociales o celebrando “tandas de ejercicios espirituales”. A pesar de ello, Patrimonio Nacional reconoce en respuesta a infoLibre que el CES “dejó de tener actividad continuada a partir de 1983”, aunque añade que “en cumplimiento de los fines fundacionales” el centro “prosigue su actividad” en el terreno del estudio y la investigación “facilitando consultas a investigadores” y “participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones”.

Son los únicos detalles que el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia ha facilitado al respecto. El decreto-ley de 1957 establece que para el régimen del Centro de Estudios Sociales se constituirá una junta, que será la encargada de “acordar anualmente el plan de estudios y trabajos” del CES. Este órgano, continúa la norma, estará integrado por “los ministros subsecretario de la Presidencia, Justicia, Educación Nacional y de Trabajo, el obispo de Madrid-Alcalá, dos prelados designados por la Conferencia de Metropolitanos, el abad del monasterio y aquellas otras personas que pueda designar el Patronato [de la Fundación de la Santa Cruz]”. Sesenta y un años después de la promulgación de ese decreto, este diario se interesó por la actual composición de la junta y los planes de estudio que esta debería haber aprobado durante la última década. Patrimonio Nacional ha rechazado, incluso cuando así se lo ha reclamado el Consejo de Transparencia, facilitar toda esa información.

El número de monjes y la escolanía

El convenio de mayo de 1958, firmado por los entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno y abad de Silos –Luis Carrero Blanco e Isaac María Toribios, respectivamente–, también establece, en su quinto punto, que la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “deberá contar en todo momento con un mínimo de veinte monjes profesos y el correspondiente noviciado”. A día de hoy, según la información recopilada por el organismo dependiente de Presidencia, cuentan con “21 monjes y 2 postulantes”. Esta ha sido la única información que ha aceptado facilitar. Preguntado por la evolución durante la última década, se ha limitado a señalar que se ha mantenido “en cifras similares [a la actual]” desde el año 2014, sin ofrecer datos concretos ejercicio a ejercicio. Y, por supuesto, nada de concretar cómo controla el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que el número de monjes y novicios cumple con el mínimo que marca la normativa para que la orden religiosa pueda continuar en el Valle de los Caídos.

Algo parecido sucede cuando se solicita información en relación con otra de las obligaciones que tiene la Abadía Benedictina: dirigir y adiestrar una escolanía. En este sentido, el artículo 5 del Reglamento de la Fundación de la Santa Cruz establece que esta debe contar con “un mínimo de treinta niños cantores” que “recibirán educación, alimento y vestido con absoluta gratuidad”. En sus respuestas, sostiene que “unos cincuenta niños de toda España, de 8 a 16 años, reciben en la escolanía formación académica y musical”. Y añade: “Su repertorio abarca desde la monodia medieval hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música. Diariamente, cantan en la Basílica la misa solemne, junto a los monjes benedictinos”. Sin embargo, no aclara ni cómo se concreta la obligación de darles educación, alimento y vestido con gratuidad ni tampoco qué importe exacto de los presupuestos se ha dedicado a las partidas de educación, alimento y vestido de los niños de la escolanía durante los diez últimos años.

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Incumpliendo la ley que obliga a regular el Valle de los Caídos

Los diferentes gobiernos llevan desde la década de los ochenta incumpliendo las dos normas que les obligan a regular la situación jurídica de Cuelgamuros. En 1982, la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional autorizó al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en la Presidencia. Y, aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado el 27 de enero de 2009, que obra en poder de este periódico.