El Gobierno informa a la JEC de que Zapatero aprobó 11 reales decretos ley y Rajoy otros 2 tras anunciar las elecciones

El Gobierno ha aportado a la Junta Electoral Central (JEC) la relación de contenidos aprobados por los Consejos de Ministros de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy desde que anunciaran la fecha de las siguientes elecciones generales hasta su celebración, en los que se aprobaron un total de trece reales decretos (once por el Gobierno socialista y dos por el conservador) que fueron después anunciados en rueda de prensa, informa Europa Press.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha incluido esta documentación en su escrito a la JEC pidiendo el "archivo o la inadmisión" de la reclamación planteada por el Partido Popular, que quiere que se suspendan durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros que tuvieran medidas "electoralistas".

Las alegaciones del Ejecutivo incluyen las 37 ruedas de prensa que se celebraron después de todos los Consejos de Ministros en los años 2011, 2015 y 2016, una vez anunciadas las elecciones y, después, disueltas las Cortes Generales.

En 2011, Zapatero anunció el 28 de julio la celebración de elecciones y, hasta su celebración el 20 de noviembre, su Gobierno aprobó un total de once reales decretos ley: siete de ellos antes de la disolución de las Cortes el 27 de septiembre y cuatro en el periodo posterior.

Zapatero bajó el IVA de la vivienda

Una semana después de convocar las elecciones para el 20 de noviembre, el Gobierno aprobaba un real decreto ley con tres medidas urgentes, la primera en relación con la reducción del déficit y la reactivación de la economía y el empleo, reduciendo –de manera temporal– el I.V.A del 8% al 4% para la adquisición de vivienda nueva, para así "reactivar el sector de la construcción", según informó el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco en rueda de prensa. Las otras dos consistieron en una modificación del impuesto de sociedades para "mejorar la gestión de los ingresos", y una reforma para "reducir el gasto farmacéutico".

También cabe destacar el decreto ley con el que se restableció el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal. Según explicó Blanco el 16 de septiembre, este impuesto se retomó para poder "distribuir las cargas de la crisis de una forma más justa", de modo que "lo justo" era "pedir un esfuerzo a los que más tienen" para reforzar el Estado del Bienestar.

Dos semanas antes, el Consejo de Ministros aprobó de manera urgente, el real decreto ley que daba paso a la promoción del empleo juvenil, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional para las personas que agotaran su protección de desempleo. Para el Gobierno, la creación de empleo era "la prioridad nacional" después de que "la burbuja inmobiliaria" hiciera renunciar a muchos jóvenes "a la formación". "Ahora no tienen ni formación ni empleo y eso exige medidas", defendió en su momento el ministro de Fomento, José Blanco, justificando dicho decreto ley.

Durante los cuatro meses, también se aprobó por el mismo sistema la aplicación del Convenio Internacional sobre Embargo Preventivo de Buques; la creación de la Comisión de Regulación Aeroportuaria; la reforma del texto refundido de la Ley de Aguas; y medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se dio el visto bueno a reales decretos ley sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito; el crédito extraordinario y suplementos de crédito para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración; medidas de carácter urgente para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca; y la regulación de las bonificaciones de cuota a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la ONCE.

Rajoy reguló las comisiones de los cajeros automáticos

Ya en 2015, Mariano Rajoy anunció la fecha del 20 de diciembre para la celebración de elecciones casi tres meses antes, el 2 de octubre. Y ese mismo día el Consejo de Ministros dio el visto bueno a un real decreto ley para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Se hizo para dar respuesta a la "gran preocupación" que se había generado entre los ciudadanos por la posibilidad de que las entidades financieras pudieran cobrar doble comisión, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El otro real decreto ley aprobado por su Ejecutivo en periodo electoral fue el 30 de octubre, con el Parlamento ya disuelto, con objeto de adoptar medidas urgentes para reparar los daños causados por temporales de lluvia en Canarias y el sur y el este peninsular en los meses de septiembre y octubre de ese año.

Pero además, la vicepresidenta compareció tras cada Consejo de Ministros para dar cuenta de los contenidos aprobados, con medidas en favor de la unidad de mercado, fondos territoriales para políticas activas de empleo o la creación de un registro central de delincuentes sexuales.

Repetición de elecciones y medidas de protección social

Antes de las elecciones que se celebraron el 26 de junio de 2016, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy celebró ocho Consejos de Ministros –con sus respectivas ruedas de prensa– después de que fueran convocadas el 3 de mayo.

En este periodo, el Ejecutivo no llevó al Consejo ningún real decreto ley pero sí que anunció y aprobó medidas e iniciativas que comportaban inversiones en diferentes ámbitos. Destaca por ejemplo que el 17 de junio, a nueve días de la celebración de los comicios, y en plena campaña electoral, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara la aprobación de "un importante paquete de medidas en materia de protección social" por el que repartían 91,3 millones de euros a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales para la lucha contra la pobreza infantil y la desigualdad.

En ese mismo día, se aprobó dar apoyo financiero por valor de 97 millones a proyectos de digitalización en empresas, o se autorizaron contratos en infraestructuras por valor de 83 millones en la Comunidad Valenciana.

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Durante ese periodo previo a las generales de 2016, el Gobierno trató en varios Consejos la crisis de los refugiados, concedió subvenciones para inversiones en Teruel, aprobó informes sobre la seguridad en Venezuela, o concedió la nacionalidad española a familiares de opositores venezolanos.

Destaca también la aprobación de inversiones por valor de 100 millones de euros en planes tecnológicos el 3 de junio, la solicitud a Francia de la extradición de dos etarras fruto de la "labor incansable de la Justicia", o el anuncio del ahorro que suponía por aquel entonces la reforma de las administraciones públicas.

En ese mismo Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría anunció un informe sobre los datos del paro y señaló que se había reducido en mayo de 2016 en 120.000 personas. "España ha recuperado más de la mitad de los autónomos", subrayó. En esa misma rueda de prensa, la vicepresidenta habló del informe del sector del automóvil y dio el dato de que "la fabricación en el primer trimestre creció más del 7%".