La convocatoria electoral se lleva por delante la reforma del reglamento del Congreso para frenar el bloqueo de leyes

El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que los decretos leyes que pretende llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas –ya en periodo de disolución de las Cortes por la convocatoria electoral– y que han provocado la indignación de PP y Ciudadanos, tienen precisamente como culpables a quienes más los critican. Señalan en la Moncloa que si los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera no hubieran usado su mayoría en la Mesa del Congreso para ampliar los plazos de enmiendas y evitar así que las iniciativas llegasen a Pleno ahora no haría falta recurrir a esta herramienta parlamentaria.

Para evitar este tipo de bloqueos, el Grupo Parlamentario Socialista Socialista planteó una proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas. Firmada el 30 de junio de 2017, casi un mes después de que Pedro Sánchez se impusiese a Mariano Rajoy en la moción de censura, la proposición tendrá que esperar a otra Legislatura si el grupo proponente quiere seguir insistiendo en esta materia. La disolución de las Cortes se ha llevado por delante decenas de iniciativas parlamentarias que esperaban su turno en el registro de la Cámara Baja.

Uno de los efectos de la disolución de las Cámaras, además de la pérdida de condición de los diputados excepto los integrantes de la Diputación Permanente, es que los asuntos en tramitación decaen. Las funciones del Pleno las asume la Diputación Permanente, una especie de órgano de guardia, sobre el que recaerá en las próximas semanas la convalidación o derogación de los decretos leyes que remitan desde el Ejecutivo.

Ocho prórrogas

Según figura en el cuadro general de iniciativas legislativas en plazo de enmiendas, documento que fue actualizado el viernes 1 de marzo, cuatro días antes de la disolución de las Cortes, esta proposición de reforma del reglamento del Congreso tuvo como primer plazo de la fase de enmiendas a la totalidad hasta el 4 de diciembre. El plazo, antes de que decayera, se prorrogó en ocho ocasiones. 

En su exposición de motivos, los socialistas recuerdan que las normas de funcionamiento interno de la Cámara, en su artículo 110.1, recogen la apertura de un plazo de 15 días hábiles para que los diputados y los grupos puedan presentar enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno. Una previsión, añaden, que también es aplicable a las proposiciones de ley.

Pese a admitir que ese plazo es en ocasiones "insuficiente" para que se revisen los textos y que para ello están las prórrogas, destaca que "en demasiadas ocasiones se utilizan estas previsiones para obstaculizar en la Mesa, mediante la prórroga de los plazos, la completa tramitación de textos legislativos que tienen el apoyo mayoritario de miembros de la Cámara, dilatando indefinidamente el procedimiento".

Frente a ello, los socialistas proponían una nueva redacción del citado artículo en el que junto al plazo inicial de 15 días queda por escrito que este podrá ser prorrogado hasta en dos ocasiones por acuerdo de la Mesa si así lo solicitaba alguno de los Grupos. Pero que, para nuevas ampliaciones, sería necesario que así lo pidan, por lo menos, dos Grupos que representen a mayoría absoluta.Recurso ante el TC

Cuando los socialistas ya conocían que esta iniciativa iba a pasar a un cajón por la convocatoria electoral, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta práctica que, según sus cálculos, ha impedido que cerca de 50 iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del Pleno siguieran adelante con su tramitación legislativa. El pronunciamiento del TC servirá para establecer si la Mesa, controlada por PP y Ciudadanos, actuó correctamente. 

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Las normas de funcionamiento interno de la Cámara establecen que su propia reforma "se tramitará por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley de iniciativa del Congreso". Es decir, su aprobación requerirá de mayoría absoluta.

El reglamento del Congreso de los Diputados, que data de 1982, ha sido objeto de once reformas parciales hasta la fecha. 

La última de las reformas, publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado junio, modificó el artículo 46.1 para incluir nuevas comisiones permanentes como órganos de la Cámara.