La 'guerra del agua' llega a la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el plan de cuenca del Tajo

La sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo por no defender suficientemente el buen estado del río y sus afluentes, calificada de “histórica” por los demandantes, ha reabierto la particular guerra del agua que mantienen los regantes valencianos y murcianos y las regiones, comarcas y municipios que viven del agua del río más largo de la Península Ibérica y que ven que cuando recupera mínimamente sus recursos hídricos, estos se marchan dirección sur. Los primeros llaman a la tranquilidad y no solo dicen que el dictamen del Alto Tribunal no cuestiona la infraestructura, sino que aseguran que no dejarán que se cuestione: los segundos afirman que, si bien no lo hace impracticable, condiciona mucho su existencia.

La sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo anula varios puntos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos de varias zonas del Tajo. Los caudales ecológicos son la cantidad mínima de agua que debe discurrir por un río para garantizar la sostenibilidad de su explotación y el buen estado de los ecosistemas que alberga y genera. La Directiva Marco de Agua (DMA), del 2000, establece que el respeto a los caudales ecológicos es la base de cualquier normativa inferior europea sobre recursos hídricos.

El Supremo da la razón a diversas asociaciones de defensa del Tajo cuando estos argumentan que, de las 309 masas tipo río que alberga el Tajo, solo se fijan 20 caudales ecológicos. Y de esos 20, en cuatro se utiliza otro término: “caudales mínimos circulantes”. La sala dedica varias páginas a demostrar por qué dichos caudales no pueden considerarse ecológicos, contradiciendo así la DMA. La justificación de la Confederación Hidrográfica para la carencia es asegurar que las masas de agua son “estratégicas”.

La sentencia rechaza la petición de las asociaciones de que el Supremo ordenara caudales ecológicos determinados para estas masas de agua, recordando que el poder judicial carece de competencias para ello. Se limita a anular las disposiciones, incluyendo un apartado del plan, el artículo 10.2, que es claro con respecto a las intenciones de la Confederación al redactar la norma: los caudales “no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan”, contradiciendo no solo la DMA, sino cualquier discurso que trate de defender la sostenibilidad de los ríos. Todo queda a expensas de que se modifique el plan actual, al que aún le quedan dos años de vida, hasta que entre en vigor el nuevo ciclo 2021-2027. Y no se sabe cómo y de qué cantidad serán los caudales ecológicos que se establezcan, aunque en las regiones de cabecera del Tajo todos esperan que sean mayores que las recomendaciones que dibuja en los anexos la norma actual.

Los demandantes esperan que al aumentar el caudal ecológico, el mínimo de agua que debe discurrir para que el Tajo no muera, se aumentarán los mínimos de recursos embalsados a partir de los cuales se activa, de manera automática, el trasvase hacia la cuenca del Segura. La sentencia reconoce que la normativa aplicable a dicho trasvase tiene que quedar por debajo de los intereses de la cuenca cedente, lo que para las organizaciones de la cuenca del Tajo es una victoria, aunque dicho reconocimiento no se hace de manera activa: el Tribunal así lo asegura al desestimar una petición de la demanda para anular, también, disposiciones relativas a la infraestructura.

Dichas circunstancias le han bastado a los opositores al trasvase, que aseguran que el “expolio” deja un Tajo sucio y muerto a su paso por municipios como Toledo, para celebrar el fallo. El secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado que “establece que el trasvase está cada día más cerca de acabar”. La Plataforma de Defensa del Tajo, una de las denunciantes y una de las más activas en defensa del río, era más prudente y aseguraba que el pronunciamiento del Supremo condiciona “la explotación del trasvase Tajo-Segura a las verdaderas necesidades de la cuenca del Tajo”. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha ido más allá de las palabras, y, con la sentencia “en la mano”, ha viajado este lunes a Bruselas para denunciar ante la Comisaría de Medio Ambiente de la UE el plan de cuenca y exigir que los mínimos mediante los cuales se activa la transferencia de recursos hacia el Segura sean fijados en el doble de los actuales.

Al otro lado del trasvase, en la Comunitat Valenciana y en la Región de Murcia, la reacción no ha sido de enfado ante la sentencia del Supremo, sino de aparente tranquilidad: consideran que el fallo no cambia, o no debería cambiar, nada en cuanto a la planificación hidrológica que les afecta. Tal y como recoge la Cadena Ser, los regantes valencianos creen, incluso, que el establecimiento de caudales ecológicos podría, incluso, rebajar las recomendaciones del plan de cuenca actual, al no entrar en si la revisión podría significar más o menos agua. El presidente de la Comunitat, Ximo Puig, ha afirmado que el dictamen es  “absolutamente compatible” con el trasvase y ha utilizado el término “ajustes” para describir que el plan de cuenca del Tajo se salte el principio rector de una directiva elaborada hace 19 años. El presidente murciano del PP, Fernando López Miras, ha sido más contundente: “No vamos a renunciar a una de las infraestructuras más solidarias de España”, declaró este lunes.

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No solo se trata del Tajo

El trasvase Tajo-Segura es uno de los capítulos más destacados de las llamadas guerras del agua, las tensiones entre territorios y, también, entre ecologistas y regantes, por los recursos hídricos. Pero no el único. Un informe de la Comisión Europea de la semana pasada con motivo del Día Mundial del Agua dejó, por enésima vez, en evidencia a España en este tema: el documento realizaba fuertes críticas al país por su trasposición de la Directiva Marco del Agua y recordaba que se trata del Estado miembro con más procesos de incumplimiento abiertos del club comunitario. No solo se trata del Tajo.

Las reprimendas de la UE y la última sentencia del Supremo recuerdan que, tal y como aseguraba en esta entrevista a infoLibre el diputado saliente Pedro Arrojo, en España no se ha entendido la fábula de la gallina de los huevos de oro. En vez de respetar los caudales ecológicos, no solo por conciencia medioambiental, sino entendiendo que la sostenibilidad del recurso es la mejor garantía de que el recurso seguirá estando disponible indefinidamente, en el país se sobreexplota el agua y mañana Dios proveerá. En un contexto de cambio climático, donde en pocos años veremos como cada vez llueve menos y se evaporan más masas hídricas, es “suicida”, afirmaba el premio Goldman.