Los miembros de la CUP que se negaron a responder en el juicio del 'procés' recogen la sanción de 2.500 euros

La concejal de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant y el exdiputado del partido en el Parlament Antonio Baños han recogido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la sanción de 2.500 euros impuesta a cada uno por el Tribunal Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio por el proceso soberanista el pasado 27 de febrero.

En declaraciones a los medios tras recoger la notificación del Supremo, a las puertas del Palau de Justícia en Barcelona, Reguant ha expresado que tienen cinco días para recurrir la multa, que todavía no es firme, y que estudiarán si lo hacen, pero ha afirmado: "Nos ratificamos en la decisión tomada de no contestar a un partido de extrema derecha". "Llevaremos hasta las últimas consecuencias esta objeción de conciencia y este compromiso ético", ha expresado Reguant, que ha insistido en que se ratifican en su actuación y que la defenderán hasta las últimas consecuencias, en sus palabras.

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Ha criticado que el Supremo haya normalizado a Vox al aceptarla como acusación popular en el juicio por el 1-O, lo que para ella "ha hecho que el Tribunal Supremo todavía vire más hacia la extrema derecha, si es posible". Ha insistido en que no responderán a las preguntas de "un partido machista, fascista y xenófobo" y que se negarán todas las veces que sea necesario porque creen que la ética y el compromiso antifascista debe estar por encima de lo que diga un tribunal, ha argumentado.

El letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC les había citado a las 10 horas para notificarles el acuerdo de 28 de febrero del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, en la que se les requiere el pago de la sanción gobernativa, según el TSJC.

El acuerdo es en base al artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que prevé que cuando un testigo se niega a prestar declaración en un juicio al que ha sido citado se le imponga una multa de entre 200 y 5.000 euros y que, en caso de persistir en su conducta, se le abra un procedimiento penal por obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad. Según informó el Supremo el día de los hechos, el 27 de febrero, en caso de que los dos testigos insistan en no querer declarar se deducirá testimonio de su comportamiento por un delito de desobediencia grave, lo que consiste en remitir a un juzgado ordinario de Madrid las actas de la sesión y será este juez el que decida si abre una investigación.