PP, PSOE y Cs rechazaron dos veces que Villarejo compareciera en el Congreso

El pasado miércoles, el caso Villarejo sumó una nueva supuesta víctima del excomisario de la Policía: Podemos. El partido morado y, particularmente, su líder, Pablo Iglesias, habrían sido espiados a través del robo de datos de un teléfono móvil con el objetivo de obtener información con la que perjudicarles, algo que el propio José Manuel Villarejo reconoció este jueves en sede judicial. No obstante, la presunta vinculación del excomisario con la policía política integrada en el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz se conoce desde hace tiempo y, pese a ello, PP, PSOE y Ciudadanos maniobraron en dos ocasiones en los últimos años para evitar que Villarejo compareciese en el Congreso de los Diputados.

La Fiscalía se encuentra investigando dos asuntos a través de los que Villarejo podría haber tratado de perjudicar a Podemos. El primero de ellos es el robo del móvil en 2015 a Dina Bousselham, entonces asesora de Iglesias, cuyo contenido privado aparecio parcialmente reflejado en varias noticias en Ok Diario en 2016. El segundo asunto, además del robo del móvil y la utilización de su contenido, es la relación de Villarejo con el conocido como Informe PISA, un documento que se conoció públicamente en enero de 2016, cuando varios medios de comunicación publicaron noticias relativas a una investigación de la Policía por la supuesta recepción de pagos procedentes de Irán por parte de Podemos a través de Iglesias.

No obstante, desde mucho antes de que este miércoles se conociera esa información, el nombre de Villarejo lleva tiempo instalado en el debate público por su supuesta vinculación con la policía política que operó durante la última legislatura de gobierno del PP con mayoría absoluta. Tanto es así que, en junio de 2017, Unidos Podemos solicitó su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que inspeccionaba precisamente el uso partidista del Ministerio del Interior en los tiempos en los que Fernández Díaz era su máximo responsable. No obstante, PP, PSOE y Ciudadanos bloquearon esta comparecencia con su voto en contra.

Los socialistas sí votaron a favor, junto a Unidos Podemos, ERC, PNV PDeCAT, de que compareciesen en dicha comisión de investigación Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, y su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago. Pero se opusieron a que Villarejo y el que era jefe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, los acompañaran. El PSOE justificó su negativa afirmando que ambos excomisarios estaban involucrados en "duelos mediáticos y judiciales" y sostuvo que "sus problemas personales no son del interés general". El PP, por su parte, aseguró que quería evitar "un juicio general a la profesionalidad de la Policía".

"Abuso de poder" para perseguir a "adversarios políticos"

La comisión de investigación se cerró un mes después, en julio de 2017, con un breve documento de conclusiones que contó con el voto a favor de todos los partidos a excepción de Ciudadanos (que se abstuvo) y el PP (que votó en contra). Las formaciones concluyeron que bajo el mandato de Fernández Díaz se produjo una "utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".

Según estas conclusiones, "se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor [Ignacio] Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro [Fernández Díaz] destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos". "A modo de ejemplo", apuntaba el documento, salieron perjudicados "PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las Brigadas de Análisis de Revisión de Casos), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa)".

Pero esa no fue la única negativa de PP, PSOE y Ciudadanos partidos a que Villarejo compareciera en el Congreso. La segunda tuvo lugar hace apenas unos meses, en octubre de 2018, cuando la Mesa del Congreso rechazó con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos otra petición de Unidos Podemos para llamar a declarar al excomisario, pese a que la comisión de investigación sobre la policía política estaba ya cerrada. Entonces, conservadores, socialistas y liberales argumentaron que la comparecencia en comisión de personas ajenas a la misma, como era Villarejo, está limitada a situaciones especiales y solo es obligatoria si quien lo requiere es una comisión de investigación.

Apenas un mes antes, en septiembre de 2018, los votos de PP, PSOE y Ciudadanos en la Mesa ya habían servido para rechazar que el Congreso abriese una comisión de investigación sobre las supuestas actividades irregulares del rey Juan Carlos mencionadas en una conversación grabada por Villarejo a Corinna Larsen, amiga del monarca. Al ser el rey Juan Carlos –y no, en esta ocasión, Villarejo– el objeto de la investigación, la Mesa argumentó que la apertura de la comisión no tendría encaje constitucional porque la del rey es una figura que escapa al control de las Cortes.

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No obstante, a raíz de las últimas revelaciones sobre el supuesto espionaje y fabricación de informes falsos realizados por Villarejo contra Iglesias y Podemos, la reacción de las tres formaciones ha sido diferente. El PSOE es el único que se ha mostrado contundente por boca del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró en una entrevista que es el momento de que se pidan "responsabilidades políticas" a los anteriores dirigentes de su departamento. "Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos", ya que las supuestas actuaciones obedecen "a una utilización torticera, fraudulenta y partidista de las instituciones del Estado", sostuvo Marlaska. Según la cadena Ser, Villarejo está intentando vincular a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con el espionaje a Podemos.

El PP, por su parte, ha evitado valorar las nuevas informaciones sobre el excomisario. El presidente de los conservadores, Pablo Casado, sostuvo al ser preguntado que aún no hay datos concluyentes con respecto al supuesto espionaje que habrían sufrido Iglesias y Podemos, por lo que no quiso pronunciarse al respecto. Ciudadanos, por su parte, tampoco ha realizado declaraciones sobre el asunto, aunque el pasado enero sí reclamó una "limpieza profunda" en las instituciones del Estado para evitar actuaciones de "tipo mafioso" como las de Villarejo, a raíz de la publicación de noticias que informaban que el excomisario fue contratado por el BBVA para espiar a varios empresarios y miembros del Gobierno.

El partido naranja, además, se ha mostrado muy crítico con otro cuerpo al que sí denomina sin tapujos "policía política": los Mossos d'Esquadra. El pasado agosto su líder, Albert Rivera, aseguró que la Generalitat estaba utilizando este cuerpo de seguridad como una "policía política" al ordenarles "que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran".