Conflictos de intereses, 'lobbies' sin control, currículums falsos... los casos reales que quiere atajar el código de conducta del Congreso

Los diputados que sean elegidos el próximo 28 de abril tendrán una nueva obligación como integrantes del Congreso de los Diputados en la XIII Legislatura: cumplir un código de conducta. Entre las novedades que incorpora este documento, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, incluye la creación de un registro de intereses, que dependerá del presidente de la Cámara. Esto implica que los parlamentarios, que hasta ahora tenían que completar una declaración de actividades y otra de bienes y rentas, van a tener que presentar una tercera: una de intereses económicos. intereses económicos.

Tras la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios tuvo que ser la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP), la que asumiese personalmente, con la asistencia de los letrados de la Cámara, la redacción del Código de Conducta de los diputados.

En el preámbulo del texto se recuerda que el Código "mantiene las normas relativas al registro de intereses aprobadas en anteriores legislaturas", pero también "busca reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes, así como proporcionar mayor seguridad a los diputados en el ejercicio de sus funciones en sus relaciones con terceros y con la Cámara". Se trata, además, de intentar dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) realizó al legislativo español hace más de cinco años.

¿Un punto de inflexión?

Hasta la fecha, ni Congreso ni Senado han controlado la veracidad de la información que los parlamentarios aportan sobre sus ingresos, deudas o actividades con las que compatibilizan el escaño. Si se cumplen los preceptos del Código de Conducta, éste puede suponer un punto de inflexión.

Así, la Oficina de Conflictos de Intereses "tendrá funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses". Estará encabeza por el letrado de la Comisión del Estatuto del Diputado, que será designado por el secretario general de la Cámara. Una de las principales quejas de los parlamentarios integrantes de la citada comisión es que no disponían de medios económicos ni de personal para esa labor de "comprobación". Ahora, esta nueva oficina contará "con una unidad de apoyo para la ejecución" de lo dispuesto en el Código "integrada por personal de las Cortes Generales".

Esta XII Legislatura ha estado marcada por el enfrentamiento en la Comisión del Estatuto de los Diputados, la encargada, entre otras cuestiones, de trasladar al Pleno el dictamen con las actividades privadas de los parlametarios. Por primera vez, este dictamen no se aprobó por unanimidad. El PSOE, ahora partido de Gobierno, votó en contra al abogar ahora por la dedicación exclusiva. Pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante esta comisión las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de ellas, como ya informó este diario, estaban relacionadas con la abogacía o la consultoría.

Nulo control... hasta la fecha

En el origen de la discrepancia de los socialistas estaba el querer que no se repitieran casos como los que en legislaturas anteriores habían afectado a diputados –que ya están fuera de la política, como Federico Trillo, Gustavo de Arístegui, Vicente Martínez-Pujalte o Pedro Gómez de la Serna–, escándalos que afloraron gracias a investigaciones periodísticas y que pusieron de manifiesto el nulo control de las lucrativas actividades privadas que estos parlamentarios habían compatibilizado con el escaño.

Fue el diario El País el que, en abril de 2015, destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los exdiputados conservadores Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. El diario se topó con los nombres de ambos en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. El exministro de Defensa había cobrado, entre 2006 y 2008, 354.560 euros; Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 euros entre otoño de 2008 y 2009. El canal de percepción de este dinero había sido los despachos de asesoría con los que ambos complementaban sus actividades parlamentarias, unos trabajos autorizados por la Cámara.

¿Podrían repetirse ahora estos episodios con este código de conducta en la mano?

Las declaraciones de actividades y bienes y rentas del Congreso no cambiarán a partir de la XIII Legislatura. Es decir, salvo que la Comisión del Estatuto del Diputado se ponga más seria y demande a los parlamentarios datos más precisos de los que facilitan el grueso de estos, seguiremos sin saber para qué empresas trabajan como abogados los parlamentarios que tienen autorizada esta segunda actividad o a quiénes prestan sus servicios de asesoría.

No obstante, la declaración de intereses económicos, si sus señorías consignan a sus exempleadores concretos, sí puede ser un elemento que incremente parte de la transparencia que se persigue. En este documento, se demanda que los diputados detallen tres apartados. Uno: actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos. Se pide concretar año, empleador, sector y una breve descripción. Dos: donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión. Se pide concretar el objeto, la persona "benefactora" y una breve descripción en la que se incluya una "valoración aproximada". Y tres: otros intereses a declarar.

Se pretende, como exigía el Greco, atajar posibles casos de conflictos de intereses. De hecho, el código establece que "existirá conflicto de interés cuando un diputado tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que se pueda poner en duda la objetividad e independencia del diputado o que éste no persiga la consecución del interés general". "No existirá conflicto de intereses cuando el iputado obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas", añade.

¿Y las actividades?

En este sentido, los diputados deberán tomar "todas las medidas necesarias para evitar la existencia de conflicto de intereses", advirtiendo de ello por escrito dirigido al Presidente de la Cámara o de la Comisión correspondiente, según corresponda. "En los casos de duda sobre la existencia o el alcance de un posible conflicto de interés, el Diputado podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara que, con carácter confidencial resolverá lo que proceda, pudiendo solicitar previamente un informe al respecto a la Comisión del Estatuto del Diputado", subraya.

Estos preceptos sirven para intentar controlar que las actividades del pasado del parlamentario no influyen en su labor legislativa. Pero el apartado de conflictos de intereses no dejará de tener lagunas mientras los diputados no tengan cómo obligación detallar con qué empresas trabajan, en el caso de haber obtenido compatibilidad, y en qué bancos tienen acciones o deudas como las hipotecas para la compra de vivienda.

El caso de Agustín Conde

En mayo de 2015, con tres años de retraso, el por entoces diputado del Partido Popular en el Congreso Agustín Conde –fue secretario de Estado de Defensa en la etapa de María Dolores de Cospedal en el ministerio– actualizaba su declaración de bienes y rentas de la Cámara. Lo hacía para señalar en el apartado "otros bienes o derechos" que disponía del 20% del capital social de una empresa especializada en eficiencia energética llamada Eco-Witt. 

El gesto de Conde no era voluntario. Llegaba después de que la Ser adelantase que era administrador de una empresa sin habérselo notificado al Congreso. La polémica estallaba días después de saltar los casos que afectan al entonces embajador en Londres, Federico Trillo y a Martínez-Pujalte.

La citada información añadía que el diputado había asesorado al banco Santander como abogado. Ese mismo día, el 28 de abril, Conde señaló que tenía permiso para compaginar su escaño con el ejercicio de la abogacía. Sobre este particular, ya había indicado que no tenía en mente detallar cuáles son los clientes para los que trabaja como abogado, entre ellos el Santander, porque la confidencialidad de esta información estaba protegida por el secreto profesional. A día de hoy, la no concreción de los clientes sigue siendo un obstáculo para la transparencia y para esa pretensión de evitar conflictos de intereses.

'Lobbies' sin control

Un año después, El Mundo informaba de que un embajador, y exdiputado, Gustavo de Arístegui, y un diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, cobraban "comisiones millonarias en el extranjero". Su tarea, autorizada por el Congreso según aseguraron los protagonistas, era hacer labor de lobby para empresas españolas en Latinoamérica y África.

Además de la importancia de desvelar los clientes, el Congreso tiene pendiente elaborar una regulación de los grupos de presión. Mientras llega, los diputados deberán hacer pública su agenda institucional en el Portal de la Transparencia, incluyendo "en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés". Se trata de algo que ya hacen algunos diputados de forma voluntaria en sus perfiles de las redes sociales o en las páginas webs de los partidos.

"En tanto no se produzca la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a la regulación de los grupos de interés, tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas", figura en el texto. La regulación de los lobbies era otra de las exigencias del Grecolobbies .

¿Mentiras en los currículums?

Tras un año en el que las titulaciones y carreras de los políticos han provocado dolores de cabeza prácticamente en todos los partidos políticos, el código de conducta deja por escrito lo siguiente: "En la página web de la Cámara se publicará una breve reseña de los datos biográficos personales, académicos y profesionales del diputado, en el que se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el propio Parlamentario considere relevantes".

Tanto en este caso, como en el de las reuniones con los grupos de interés, "el diputado se responsabilizará de la veracidad y exactitud de la información publicada". Los parlamentarios, pues, pueden volcar toda la información que sirva para justificar la formación que dice tener. Pero sin mayores controles, no como ocurre en las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses.

Sanciones

El presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara, especialmente en el caso de conflicto de intereses.

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Debe ser la Comisión del Estatuto del Diputado la que elabore de un informe sobre la posible infracción. Este órgano escuchará al diputado afectado y podrá recabar un informe de la Oficina de Conflicto de Intereses. El informe de la Comisión deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. De ahí, pasa a la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara.

Hasta la fecha, no son frecuentes las sanciones en esta materia.