La corrupción en familia sigue sumando nuevos casos

La justicia continúa estrechando el cerco sobre la corrupción en Vàlencia. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron este martes al cuñado de la exalcaldesa y exsenadora fallecida Rita Barberá, el abogado José María Corbín, en el marco de una operación que se ha llevado a cabo bajo la instrucción del Juzgado número 13 de València y en la que se investigan delitos como cohecho, blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias o malversación. Las pesquisas, que se han completado con decenas de registros que se han prolongado durante todo el día, están centradas en el presunto amaño de adjudicaciones y licencias con el PP al frente del ayuntamiento. En concreto, se sospecha que el letrado, que representa a una de las principales investigadas en el caso Taula, se habría aprovechado de su vinculación familiar con Barberá para cobrar mordidas a aquellos empresarios que estuvieran interesados en hacer negocios con el consistorio, según informó El País. Tasas que posteriormente habría camuflado facturando por servicios jurídicos que en realidad no prestaba.

En el marco de esta operación, que ha sido declarada secreta, también estarían siendo investigadas sus tres hijas. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años de las tramas de corrupción es que todo acaba quedando en familia. El ejemplo perfecto lo encontramos en el clan Pujol Ferrusola, donde todos los miembros están siendo investigados por la justicia. Pero no es el único caso. La justicia también tiene la lupa puesta sobre los hermanos González, Ignacio y Pablo, por la adjudicación de las obras y la explotación del campo de golf levantado sobre los terrenos del Canal de Isabel II en el madrileño barrio de Chamberí. O sobre el matrimonio Bárcenas-Iglesias, que ha sido condenado por la primera época de la trama Gürtel, en la que también se vieron involucrados el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y su mujer, la exministra Ana Mato. Las familias también han impregnado el primer gran juicio contra la corrupción en el País Vasco, el denominado caso De Miguel, que en la actualidad se encuentra a la espera de sentencia.

  El clan de los Pujol

 

El expresident de la Generalitat y su mujer, Jordi Pujol y Marta Ferrusola.

De todas las investigaciones por presunta corrupción que salpican a varios miembros de una misma familia, la más famosa es la que afecta a los Pujol Ferrusola. Las pesquisas contra el clan arrancaron en 2013 con la declaración de la exnovia del primogénito de los Pujol relatando los viajes de su expareja a Andorra con miles de euros en metálico. Seis años después, la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa sus pesquistas con la vista puesta en el próximo mes de septiembre, cuando culmina definitivamente el plazo de instrucción. A lo largo de todo este tiempo, el juez José de la Mata ha considerado en diferentes resoluciones que el clan funcionaba como una auténtica “organización criminal”. “[Los miembros de la familia Pujol Ferrusola] han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”, señaló en uno de sus autos.

A día de hoy, la causa salpica a toda la familia. Desde el expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, hasta sus siete hijos: Mireia, Marta, Jordi, Oleguer, Josep, Oriol y Pere. Todos ellos han tenido que acudir a prestar declaración a la Audiencia Nacional en los últimos años como imputados en la causa que investiga el origen de la fortuna familiar. En el aire, la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal o blanqueo de capitales. Sin embargo, por el momento sólo han pasado por prisión dos de los hijos. Oriol Pujol, exdiputado de CiU en el Parlament, ingresó el pasado 17 de enero en el centro penitenciario de Brians 2 para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso ITV. Su entrada se produjo días después de que su hermano Jordi abandonase, previo pago de fianza, la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba de forma preventiva acusado de ocultar al fisco más de 30 millones de euros. Después de sólo dos meses y medio, Oriol Pujol salió precisamente el pasado viernes de prisión tras serle concedido el tercer grado, de forma que ya sólo está obligado a acudir a dormir, de lunes a viernes, a un centro de régimen abierto.

  De los González a los Zaplana pasando por País Vasco

 

Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

El clan Barberá no es el único vinculado al PP sobre el que se sitúa la lupa de la justicia. Hace un par de años, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron en el marco de la operación Lezo al expresidente de la Comunidad de Madrid a Ignacio González por varios delitos relacionados con la corrupción. En la causa contra el exlíder del Ejecutivo madrileño también aparece como investigado su hermano Pablo González, salpicado además en el denominado caso Mercasa. Entre otras cuestiones, el juez investiga el pelotazo que proporcionó al clan González la construcción del campo de golf levantado en las instalaciones del Canal de Isabel II hace más de una década. En concreto, la adjudicación habría permitido a una empresa controlada por la familia del expresidente hacerse con una jugosa comisión. El magistrado, además, reclamó en noviembre datos sobre más de una treintena de cuentas vinculadas a Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, que también figura como investigada en Lezo, para conocer el destino de las presuntas comisiones ilegales.

La familia del expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana también tiene a la justicia tras sus pasos. El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València incorporó como investigados a la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales a una de las hijas del exministro y a su marido. El denominado caso Erial, en el que también aparece como investigada la mujer de Zaplana, arrancó en 2015 después de que la Guardia Civil encontrara indicios de que el expresident había cobrado comisiones por la adjudicación durante su etapa al frente del Ejecutivo valenciano de la privatización de las ITV y del plan eólico valenciano. Estas licitaciones reportaron a otra familia, en este caso los Cotino, unos ingresos de 86,5 millones de euros, de los que 8,5 millones se habrían destinado “indiciariamente” al pago de comisiones a la red de Zaplana, según los datos del sumario. Junto a los Zaplana, en Erial también figura como investigado el expresidente de Les Corts Juan Cotino y sus sobrinos Vicente y José.

Las tramas que salpican a varios miembros de una misma familia también han podido verse en el denominado caso De Miguel, el considerado primer gran juicio contra la corrupción en el País Vasco. Esta macrocausa, que se juzgó el pasado mes de diciembre, salpica a tres dirigentes del PNV de Araba acusados de aprovecharse de su influencia política para cobrar –o intentar cobrar– comisiones a cambio de adjudicaciones públicas: Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. La Fiscalía pide para el primero de ellos 29 años y 9 meses de cárcel como supuesto líder de la trama, mientras que para los otros dos el Ministerio Público solicita 13 años y 7 meses de prisión. Junto a ellos, también se encuentran a la espera de sentencia sus mujeres –Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia–, para las que la acusación solicita una pena de 5 años de cárcel por su condición de socias de Kataia, la empresa sobre la que giraba la supuesta trama corrupta. Y dos años ha pedido la Fiscalía para Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla y contable de dicha sociedad.

  Partícipes a título lucrativo

 

Investigan comisiones ilegales en diez contratos de obra pública durante el mandato de Barberá en el ayuntamiento de València

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Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Otro matrimonio que ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados es el de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional dictó sentencia por la primera época de la trama Gürtel. En ella, el tribunal condenó al extesorero del PP a 33 años y 4 meses de prisión por blanqueo de capitales y delitos fiscales. Iglesias, por su parte, fue condenada a 15 años y un mes de prisión por los mismos tipos penales. Durante el juicio, la defensa de la mujer de Bárcenas se escudó en que su representada desconocía los tejemanejes de su marido. Algo que rechazó el tribunal: “Posee el suficiente conocimiento como para hacerla responsable (…). El ejemplo más significado de que no cabe asumir ese planteamiento lo podemos poner en relación con la cuenta suiza de la que es titular (…) o con que firmaba cuanta documentación bancaria la ponía a la firma sin preguntar para qué o por qué”. Además de admitir con ese comportamiento un caso claro de ignorancia deliberada, continuó el tribunal, “la estaríamos relegando a poco más de un simple objeto”.

En esa misma sentencia también fueron condenados el exalcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato. El tribunal impuso para el primero una pena de 14 años y 4 meses de cárcel, mientras que a la segunda la condenó a un pago de 27.857 euros como partícipe a título lucrativo. La exministra se libró así de entrar en prisión, del mismo modo que un año antes lo hiciese la infanta Cristina en el caso Nóos. En febrero de 2017, la Audiencia de Palma condenó a la hija del rey emérito y esposa de Iñaki Urdangarín al pago de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo –el Supremo rebajaría luego esa cantidad a los 136.950 euros–. Con esta misma condición el tribunal también condenó a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres –exsocio de Urdangarín–, al pago de 345.000 euros, aunque luego el Alto Tribunal rebajó esa cantidad hasta los 172.384 euros. Porque el caso Nóos, como Lezo, Erial, De Miguel o Pujol, también fue un asunto de familia.