La jueza del 1-O de Barcelona procesa a 30 investigados, entre ellos varios excargos del Govern y fija una fianza de 6 millones

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont —algunos siguen en la Generalitat— y ha levantado la imputación a 15, entre ellos Carles Viver i Pi-Sunyer y Santiago Vidal.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada titular ha adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. La juez fija en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

Uno de los investigados en esta causa, el exnúmero dos de Vicepresidencia Josep Maria Jové, será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al ser aforado porque en la actual legislatura es diputado de ERC en el Parlament, mientras que la magistrada señala que no es competente para pronunciarse sobre el investigado Lluís Salvadó, excargo de esta Conselleria y actualmente también diputado, dado que tiene también la condición de aforado.

Los procesados son el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Conselleria de Presidencia y actual secretario de Comunicación, Antoni Molons, por presunta prevaricación y malversación; Joaquim Nin, exsecretario general de Presidencia, por presunta malversación, desobediencia y prevaricación; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, por presunta malversación; y Jaume Clotet, director general de Comunicación, por malversación. También han sido procesados el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación; Meritxell Massó, exsecretaria general del Gobernación y actual secretaria general de Presidencia, por presunta desobediencia, y el exdirector de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea Amadeu Altafaj, por malversación y prevaricación.

En la lista está asimismo el exdirector de Diplocat Albert Royo, por presuntos delitos malversación y falsedad documental; el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrias, por malversación y desobediencia, y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, por presunta malversación, desobediencia y falsedad documental.

Medios públicos

La vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA Martí Patxot, han sido procesados todos por presunta desobediencia, por la emisión de publicidad relativa al 1-O.

También está entre los procesados Frederic Udina, el director de Idescat, desobediencia y revelación de secretos; Montserrat Vidal, que estaba en el área de Procesos Electorales y consultas Populares, por desobediencia. Otros procesados son David Palanques y David Franco, los entonces responsables del área TIC de la Conselleria de Trabajo, por malversación; Xavier Puig, entonces responsable del área TIC de la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, por malversación; Natàlia Garriga, exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía, por este mismo delito, y entonces el director de Estrategia e Innovación en el CTTI, Josué Sallent, por presunta malversación.

Asimismo, han sido procesados por la juez el exdirector general de Unipost Pablo Raventós, por presunta malversación y desobediencia; Rosa Maria Rodríguez, directora general de Servicio de T-Systems, por malversación, y Francesc Fàbregas, administrador de El Vallenc, por presunta malversación y desobediencia. La lista de procesados la completan la encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos, Mercedes Martínez; Joan Manel Gómez, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña; Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat, y José María Gispert, entonces gerente de Indugraf Offset, todos ellos por presunta desobediencia.

Finalmente, procesan a Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, por presunta falsedad documental, y Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no refrendarias, por presunta revelación de secretos.

Desimputados

En su auto, la magistrada levanta la imputación del juez y exsenador de ERC, Santi Vidal, cuyas polémicas declaraciones en varias conferencias donde aseguraba que el Govern tenía datos de los catalanes de forma irregular desencadenó la apertura de la causa con la presentación de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán a principios de 2017. También han exculpado Carles Viver i Pi-Sunyer, que entonces presidía el Consell Assessor per la Transició Nacional y el Institut d'Estudis Autonòmics; el jefe de gabinete de Presidencia Jordi Cabrafiga; el excargo de Unipost Felipe Andanuche; el propietario de la nave en la que la Guardia Civil encontró unas 10 millones de papeletas del 1-O, Pau Furriol, y a varios empresarios de imprentas y otras empresas.

Según ha detallado el TSJC, los procesados serán oportunamente citados para practicar la declaración indagatoria, que no tiene señalamiento en este momento y que se fijará en una nueva resolución. El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona permite recursos de reforma (directamente ante la magistrada que lo ha dictado) y de apelación (revisión que corresponde a la Audiencia de Barcelona) en el plazo de tres días.