Unidas Podemos y Cs son los únicos partidos que proponen reformar la ley para que los debates sean obligatorios

La polémica comenzó este martes por la tarde. La Junta Electoral Central (JEC) decidió dejar en suspenso el debate electoral que Atresmedia —Antena 3, laSexta y Onda Cero— había programado para el 23 de abril, cinco días antes de la cita con las urnas del 28A. Lo hizo en aplicación de la Ley Electoral y de una instrucción aprobada en 2011 en relación con la proporcionalidad a la que están obligadas las televisiones privadas. El problema era la presencia de Vox, un partido sin representación parlamentaria ni resultados relevantes previos en comicios de ámbito estatal. Desde que el organismo adoptó la decisión, las noticias se sucedieron rápidamente: Atresmedia adaptó el formato y excluyó al partido de extrema derecha del programa; poco después, RTVE recordaba que su propuesta de convocar a los candidatos de las cuatro grandes formaciones —Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos)— en otro debate seguía en pie; y el miércoles por la mañana, Sánchez anunció que aceptaba el debate a cuatro en la cadena pública. Al de Atresmedia, por su parte, ya confirmaron su asistencia Casado, Iglesias y Abascal; pero no el presidente del Gobierno. 

Los de Santiago Abascal fueron los primeros en sacar rédito de la decisión de la Junta Electoral y en exprimir hasta el máximo su supuesta condición de víctima. Eso sí, fue una posición tan solo defendida en público, pues en privado celebraron la exclusión, según informó este mismo miércoles Onda Cero. 

Los debates electorales son un clásico durante las campañas previas a unos comicios. El primero tuvo lugar el 24 de mayo de 1993 entre el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar. Desde entonces han sido tradición. Pero el multipartidismo que comenzó en el año 2014 con la aparición de Podemos y Ciudadanos cambió su funcionamiento. Desde ese año, los debates se han modificado y no solo han reunido a los candidatos de PP y PSOE. Y  los nuevos partidos son los únicos que, precisamente, solicitan modificaciones legislativas en torno a los debates. Concretamente, según se puede observar en sus programas presentados de cara al 28A, tanto la formación morada como la naranja proponen que sean obligatorios. 

Así, los de Iglesias [cuyo programa se puede consultar en este enlace] prometen que establecerán "la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la Presidencia del Gobierno, de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública". Los de Rivera, por su parte [que ofrecen su programa aquí], abogan por dar "carácter obligatorio a la celebración de debates electorales". No mencionan, sin embargo, si estos tendrían que celebrarse en la cadena pública o en alguna privada. 

Ni PP, ni PSOE, ni Vox incluyen en sus programas iniciativas similares. Son, precisamente, los tres partidos que prestan menos atención en sus programas a la modificación de la normativa electoral. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) es abordada, sobre todo, por Unidas Podemos. 

Derogación del voto rogado y sustitución del sistema D'Hont

La formación morada insiste, sobre todo, en dos aspectos: el sistema D'Hont y el voto rogado deben ser eliminados. En cuanto a la primera medida, el objetivo está claro: la también conocida como ley D'Hont —un mecanismo matemático que traduce en escaños los votos recibidos— ha sido históricamente criticada por su falta de proporcionalidad y la infrarrepresentación a la que condena a los partidos pequeños, tal y como han denunciado siempre sus detractores. Es lo que le ocurría, por ejemplo, a Izquierda Unida: de nada les servía obtener muchos votos si estos estaban muy repartidos entre las distintas circunscripciones. 

Pues bien, la formación morada quiere que este sistema sea sustituido por el de Sainte-Laguë, "más proporcional", defienden. "Con este cambio en la ley electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación", añaden desde Unidas Podemos. 

La segunda propuesta tampoco es nueva para los de Iglesias. Ya advirtieron en otras ocasiones de que la reforma de la Loreg acometida en 2011 y por la que se introdujo la necesidad de que los españoles emigrados tuvieran que rogar el voto antes de cada cita con las urnas mermaba la participación. En su programa ofrecen datos para consolidar esta propuesta: según aseguran, el voto de las personas que residen fuera de España ha caído desde el 31% previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4% y el 6% en las elecciones generales celebradas desde entonces. Cumplirían así con la demanda histórica de los emigrados españoles que, organizados en torno a la Marea Granate, han solicitado en numerosas ocasiones que se elimine esta figura.

Pero también han pedido la creación de una circunscripción exterior. Precisamente, otra de las medidas que Unidas Podemos recoge en su programa. "Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número", recoge la formación. 

Prometen también garantizar las listas cremallera para asegurar la presencia de mujeres en las instituciones, reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años, reformar la ley para hacer el Senado más proporcional y prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios. 

PP, PSOE y Ciudadanos: también preocupados por el voto exterior

Aunque es la formación que más atención presta en su programa a la problemática del voto rogado, Unidas Podemos no es el único partido que aboga por, como mínimo, revisar la norma. El PP [cuyo programa está disponible en este enlace], también lo aborda. Es, de hecho, la única medida en materia electoral que proponen a lo largo de sus 102 páginas de programa. No obstante, a diferencia de Unidas Podemos, no habla de derogar la figura, sino de "facilitar la participación" de los emigrados. "Ante los problemas que se han manifestado con el actual sistema de 'voto rogado', reformaremos la Loreg para facilitar la participación de los españoles en el exterior en los diferentes procesos electorales", especifican los conservadores. 

Los socialistas, por su parte, sí proponen eliminar el voto rogado. A lo largo de las 152 páginas de su programa [disponible aquí], proponen dos medidas relacionadas con el sistema electoral: abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a los jóvenes de 16 y 17 años y derogar el sistema actual de voto exterior. Optan, además, por "reemplazarlo por un sistema eficaz y garantista que promueva el ejercicio del derecho constitucional al sufragio en condiciones de igualdad con los residentes en España", dicen. 

El PSOE, que junto al PP y los nacionalistas de CiU participó en la articulación del sistema del voto rogado, presentó de hecho una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral para suprimir el requisito de tener que rogar el voto para cada elección. Pero el adelanto de los comicios frustró la reforma. 

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Ciudadanos se sitúa en la misma línea [se puede comprobar en su programa electoral]. Proponen, directamente, eliminar "el actual sistema de 'voto rogado' para que los españoles en el exterior puedan ejercer su voto con total normalidad". No obstante, sus propuestas en materia electoral no terminan ahí. También proponen establecer el requisito de que los partidos tengan que conseguir como mínimo el 3% de los votos a nivel nacional para entrar al Congreso, desbloquear las listas electorales, prohibir la presencia en ellas de cualquier persona imputada por corrupción, reducir los gastos electorales y garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. 

Vox es el único partido que, a poco más de una semana de las elecciones, no ha presentado programa electoral. No obstante, el partido incluye en su página web sus 100 medidas para una España viva, un documento en el que sí habla de medidas en materia electoral. El partido de extrema derecha aboga por reformar la legislación "para que valga lo mismo el voto de todos los españoles" y para ello proponen que una parte de los diputados sea elegida en un distrito único nacional. 

Además, los de Abascal defienden la "supresión de las cuotas (por sexo o por cualquier otra causa) en las listas electorales". "Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes", dicen.