El crimen machista de Granada alerta sobre la necesidad de combinar la acogida con medidas de protección

La joven, de 32 años, vivía en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia machista. Había presentado, según informa El País, dos denuncias por malos tratos contra dos de sus anteriores parejas. Pese a las medidas de protección encargadas de garantizar su seguridad, una tercera expareja la localizó la noche del jueves y la apuñaló. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de las Nieves, con pronóstico reservado. La noticia de lo sucedido lleva implícita una pregunta que pesa sobre las víctimas: ¿qué pudo fallar? Los expertos en violencia de género entienden la agresión como un caso aislado, pero advierten de una necesidad que se torna urgencia: combinar los recursos de acogida con medidas de protección eficaces.

Las casas de acogida forman parte de los recursos asistenciales que despliegan las comunidades autónomas, cada una de forma razonablemente independiente pero siguiendo unos criterios comunes. Su regulación está desarrollada en cada una de las normas autonómicas sobre violencia de género. Según detalla la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la acogida se divide en diversos estamentos. En primer lugar, los centros de emergencia, abiertos normalmente las 24 horas del día y todos los días del año para recibir "alojamiento y asistencia especializada de forma inmediata y en condiciones de seguridad". Habitualmente, las víctimas permanecen en este tipo de centros "sólo unos días". De acuerdo al último recuento, fechado a 31 de diciembre de 2017, en todo el país existen un total de 60 centros de emergencia de este tipo.

En cuanto a las casas de acogida, se trata de establecimientos residenciales colectivos que cuentan con personal especializado. Su función se basa en acoger, durante estancias de medio plazo, a mujeres víctimas de violencia que carecen de recursos propios y a sus hijos. Según la Delegación del Gobierno, a finales de 2017 existían 84 casas de acogida en España, con Castilla y León (14) a la cabeza, seguida por Castilla-La Mancha (12), la Comunitat Valenciana (9) y Andalucía (8). Las mujeres víctimas de malos tratos pueden trasladarse a casas de acogida de otras ciudades o, desde el año 2014, de otras comunidades autónomas.

El tercer escalón lo componen las viviendas tuteladas, de titularidad pública, donde se alojan mujeres de forma temporal. La diferencia respecto a los recursos anteriores tiene que ver con la independencia de las mujeres, quienes alcanzan ya un mayor grado de autonomía e integración social y laboral. La mujer atacada el jueves en Granada, de hecho, estaba preparada para asentarse en un piso tutelado próximamente. Quienes acceden a las viviendas tuteladas son aquellas víctimas que han agotado el plazo máximo establecido para permanecer en casas de acogida o que "carecen de la autonomía personal y de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades de alojamiento". Los últimos datos oficiales revelan que al cierre de 2017 existían en el país un total de 99 pisos de este tipo.

Finalmente, la administración de cada comunidad puede otorgar calificación de viviendas protegidas a las víctimas de malos tratos, con el objetivo de que su acceso sea preferente y puedan desarrollar su vida de forma completamente autónoma. En todo el territorio estatal existen aproximadamente 685 mujeres que accedieron de forma preferente a viviendas de protección pública u oficial.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia del Gobierno, explica en conversación con infoLibre que las casas de acogida son "tradicionalmente centros de recuperación, no lugares para estar aislada". La idea consiste, por tanto, en que las víctimas puedan "recuperarse en un contexto de seguridad". Se trata de un "acogimiento temporal" para todas las mujeres que "no tengan una red de acogida". Un instrumento que "ha disminuido mucho respecto al número de usuarias", porque se ha avanzado considerablemente en la prevención. Y porque existe una mayor "conciencia en el entorno y más recursos externos".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, recuerda que las casas de acogidan pasaron de ser "recursos excepcionales a ser recursos de carácter público", muchas veces dirigidos a "situaciones de emergencia". Constituyen, insiste, recursos de "recuperación integral", tanto a nivel "psicológico como jurídico o social". Es decir, una herramienta para la "recuperación de la vida".

La importancia de combinarlas con otras medidas

Iolanda Cirer trabaja en la atención primaria de una mancomunidad de Mallorca. Al otro lado del teléfono, comenta que el asesoramiento se constituye como principal baza de su trabajo. Y dentro de esa comunicación con la víctima, las trabajadoras sociales toman parte de la asignación de recursos como las casas de acogida. "En principio es un recurso para mujeres víctimas de violencia que no cuentan con refuerzos propios, no tienen donde ir", explica Cirer. O cuya red familiar está también amenazada o no supone una garantía lo suficientemente sólida. Se trata, explica, de un recurso casi de emergencia porque supone tomar medidas especialmente drásticas para ellas: cambiar su domicilio, salir de su entorno y amoldarse a nuevos hábitos. En Mallorca, explica, "cuando derivas a una mujer a este servicio, por muy lleno que esté la acogen", de manera que "una mujer que no tiene donde ir tiene siempre la puerta abierta".

La dirección es siempre anónima, subraya, sólo figuras como los Servicios Sociales y la Guardia Civil la conocen. Lo que no significa, matiza, que las parejas o exparejas puedan descubrirla. "Alguna vez sí que se han presentado en la puerta, nadie sabe cómo consiguen la dirección pero lo cierto es que alguna vez lo han hecho", relata. Son excepciones, pero el riesgo puede existir.

Y precisamente debido a la existencia de ese peligro, se hace necesario tomar medidas de protección complementarias. A veces, sostiene Lorente, "el riesgo no disminuye o es difícil de valorar, así que hay que tomar medidas de protección" a mayores. Si hay un hombre capaz de generar riesgo, lo que hay que adoptar, dice, son "medidas contra el hombre", como "órdenes de alejamiento, prisión provisional o el uso de dispositivos GPS para garantizar el alejamiento". Estos dispositivos telemáticos son pulseras, como un reloj digital, "que no se pueden quitar y que están conectadas a un móvil para geolocalizar a la mujer y al agresor". Si lo que se denomina Centro de Control Cometa detecta una aproximación entre ambos, se alerta al agresor, porque el acercamiento puede ser producto de la casualidad, a la mujer y sobre todo a la policía más cercana para que proteja a la víctima.

Para Soleto, las casas de acogida pueden ser sitios que garanticen la seguridad de la víctima, pero "no pueden ser el recurso principal", sino que debe existir una "combinación de medidas". La protección, coincide, no debe depender "de que ella esté en un sitio encerrada y él esté en la calle", sino que urge plantear "medidas preventivas contra quien provoca el daño". Lorente también subraya que la idea de una casa de acogida como recurso para "esconder" a la víctima no tiene cabida en una democracia.

Pacto de Estado

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado en septiembre de 2017, contiene diversos preceptos que afectan de forma directa al sistema de acogida.

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Entre las acciones planteadas, el acuerdo estatal pretende asegurar la existencia de recursos habitacionales "suficientes y dignos para las mujeres víctimas", a través de la "red de casas de acogida, impulsando su acceso a una vivienda social o a aquellas soluciones que aporte cada comunidad".

El documento suscrito hace algo menos de dos años prevé además incrementar la atención a las víctimas en las zonas rurales, con un mayor número de centros de acogida e información. Reclama, asimismo, una progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer independientemente de su discapacidad.

Aunque el Gobierno ha avanzado algunos movimientos para el cumplimiento del pacto, las organizaciones feministas censuran que la mayor parte de los aspectos consensuados se encuentran encallados.