Villarejo y su amigo De la Joya querían hacer presidente de Guatemala a Ligorría para librar a Pérez-Maura de un caso de corrupción en el país

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo planeó junto a su amigo y empresario Adrián De La Joya apoyar económicamente al ex embajador guatemalteco en Estados Unidos Julio Ligorría para que llegase a la presidencia de Guatemala, a fin de que liberase al naviero español Ángel Pérez Maura de la causa por corrupción que tenía abierta en el país centroamericano, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo negociaron en una reunión mantenida en Nueva York en febrero de 2017 y tal cual quedó registrado en un audio grabado por Villarejo que obra en poder de la Audiencia Nacional, donde se investiga, entre otras actividades ilícitas del excomisario, este proyecto denominado 'Pit' por el que facturó más de 7,4 millones de euros para frustrar la extradición de Ángel Perez-Maura a Guatemala.

En aquella reunión participó Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de EEUU Donald Trump, que en marzo del año pasado fue condenado allí a tres años y once meses de cárcel por delitos fiscales. Este lobista tenía relación con De La Joya en otros proyectos –El Confidencial avanzó que Villarejo había intermediado con él para favorecer una inversión– y ambos esperaban su colaboración para empujar la carrera de Ligorría, de acuerdo a las fuentes consultadas.

De hecho, parte del plan que tramaron con Manafort en aquel encuentro en Nueva York pasaba por cargarse la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y a su máximo representante, Iván Velásquez Gómez, principales impulsores de la causa, con Ligorría desde la presidencia del país, según las mismas fuentes. Con lo que quizá no contaban es con que el propio Ligorría se vería involucrado en el mismo caso de corrupción que Pérez-Maura y que acabó con el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina en prisión.

Las autoridades guatemaltecas y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) acusaron al ex embajador de un delito de cohecho por presuntamente integrar un grupo criminal especializado en captar fondos de procedencia ilícita para financiar campañas electorales.

Ligorría y Pérez-Maura, no extraditados por los españoles 

Ligorría fue detenido en Madrid el 26 de septiembre de 2017 en virtud de una orden internacional emitida por Guatemala y el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, le puso en libertad con medidas cautelares en tanto se tramitaba la extradición. Llegado el momento, Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que no se le entregase dado que desde 2009, era ciudadano español.

Entretanto, la extradición de Pérez-Maura seguía su curso. Según la tesis de los investigadores, ante la reclamación de Guatemala, los Pérez-Maura se pusieron en manos de un abogado de su confianza, Enrique Maestre, quien a su vez contactaría con De la Joya para pedir ayuda. Éste, amigo de Villarejo desde los 80, le haría el encargo y pactaría con él repartirse "a pachas" una "serie de milloncitos", aunque reconocía que llevaría tiempo y dinero, y que habría que "tocar a mucha gente" tanto en España, como en Guatemala y EEUU.

Para las gestiones al otro lado del Atlántico contaban también con otra persona, el asesor Francisco Soucheiron, quien fue detenido junto a De la Joya, Maestre, y los Pérez-Maura el 7 de mayo y, al igual que ellos, está en libertad con medidas cautelares tras consignar una fianza. Tiene, además, parte de sus bienes bajo embargo del juzgado.

Siete nuevos imputados

El caso de Pérez-Maura se abrió en 2016 y recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2, que lo archivó dos veces por falta de documentación. Finalmente y tras la celebración de la vista dos años después, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional denegó la entrega el 31 de mayo de 2018 por tratarse de un ciudadano español. Fue la misma razón que, justo el mismo día, argumentó la Sección Segunda en la sentencia que rechazó la entrega de Ligorría.

A la luz de estos hechos, de los audios y documentos que obran en la causa, como la acreditación de ingresos en cuentas de las empresas de Villarejo por importe de 7,4 millones de euros que habría percibido por este encargo y que, después, acabaron en cuentas de terceros relacionados con él, la Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez a tomar declaración a siete personas entre las que figuran tanto el ex comisario como su socio en el entramado empresarial, Rafael Redondo, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil.

En el auto de citaciones, adelantado por La Información y al que ha tenido acceso Europa Press, figura asimismo como investigado Armando Mateo Flandorfer, hombre próximo a los Pérez-Maura. Consta también el abogado David Macías, que trabajaba con Villarejo y que viene representando en esta causa en la Audiencia Nacional al inspector jubilado Antonio Bonilla, imputado en otra de las piezas separadas de investigación. Él también ha sido citado esta vez por el juez en relación a la pieza Pit, pues habría cobrado por su aportación para acometer el encargo. Todos están convocados los días 3, 10 y 12 de junio, cuando será el turno de Villarejo, que rematará esta nueva ronda de interrogatorios.