Las pequeñas empresas de renovables denuncian las trabas de las grandes eléctricas para acceder a la red

Las energías renovables en España están viviendo una explosión sin precedentes, una auténtica fiebre que, a diferencia de la impulsada mediante primas por el Gobierno de Zapatero, es natural y responde a lo competitivo de las tecnologías y a las condiciones ventajosas de ser el país más soleado del continente. La revolución, sin embargo, no está exenta de riesgos y dificultades, y su velocidad, sumada al bloqueo legislativo de la convocatoria de elecciones generales, está siendo lastrada por, entre otras razones, el colapso de la red y la competencia, a veces desleal, de las empresas que buscan su trozo de tarta.

En infoLibre ya contamos el problema con la especulación: empresas pirata que solicitaban puntos de conexión y acceso a la red eléctrica para, posteriormente, ser vendidas al mejor postor. Encarecen, así, una generación renovable que, por definición, es distribuida. Ya no se trata de un puñado de centrales, elevando los niveles de CO2 en la atmósfera, produciendo toda la electricidad del país y quedándose con todo el beneficio: el modelo del futuro pasa a estar participado por cientos de empresas con miles de plantas de producción limpia, sin contar con el autoconsumo eléctrico, que tras la eliminación de las últimas trabas se encaminan a un crecimiento exponencial.

La sospecha es clara: a las grandes empresas del mercado eléctrico de España no les interesa la generación distribuida y la entorpecen, si está en su mano. La única evidencia, sin embargo, es que el operador del sistema, la empresa semipública Red Eléctrica de España (REE), está recibiendo una avalancha de solicitudes que pueden frenar el crecimiento de las energías limpias. Según las cifras de REE, hasta finales de febrero de 2019, cuando hizo el último recuento, había recibido peticiones de proyectos renovables para engancharse a la red de 62.700 MW y había concedido ya accesos con una capacidad total de casi 45.000 MW. Para entender la magnitud, casi estrambótica, de las cifras, el país tiene en servicio algo más de 28.000 MW de capacidad eólica y fotovoltaica.

La realidad es que mucha de esa capacidad proyectada se quedará sin instalar. Por los retrasos en las solicitudes, por la especulación y, también, por el colapso de una red que no está preparada para tanta distribución y para un aumento tan drástico de la oferta. En este atasco tiene mucho que decir la figura del interlocutor único de nudo, una herramienta, según asociaciones de pequeñas empresas productoras de renovables como APPA y UNEF, que sirve a las grandes eléctricas para poner palos a las ruedas de sus competidores.

Desde 2007, la legislación fija la figura del interlocutor único de nudo. En instalaciones que están muy cerca una de las otras, se designa a una de las empresas como la responsable de, en nombre de las demás, gestionar los permisos de la zona y las comunicaciones con la responsable, Red Eléctrica de España (REE). El problema está en que la primera empresa que llega es la que es designada interlocutora, y suele ser la grande. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está recibiendo una avalancha de quejas de las pequeñas productoras que lamentan que grandes compañías, gracias a este rol, retrasan y entorpecen las peticiones deliberadamente.

Tanto UNEF como APPA creen que las grandes eléctricas quieren mantener el negocio a toda costa y reservarse cuantos más puntos de conexión mejor, ante el previsible escenario de cierre de las centrales de carbón a corto plazo y de las nucleares a medio. "No es que sea una sospecha, es que es algo normal", explican fuentes del sector que prefieren no revelar su nombre. "No son ONG's. Son empresas privadas que quieren maximizar su beneficio. Y temen que, con la generación distribuida, su posición se puede diluir". 

La CNMC, la mediadora ante los conflictos, no cree que haya dolo, pero sí que ha juzgado con dureza el papel de la intermediación: su indefinición "ha motivado no pocas situaciones de retraso, ineficiencia e indefensión en los solicitantes de acceso y conexión a las redes", afirma el regulador en un informe. Reconoce, además, que el hecho de designar a una de las empresas como la interlocutora conlleva "el consiguiente riesgo de incurrir un posible conflicto de intereses" y, por todo ello, defiende su supresión: "el mantenimiento de esta figura (…) no parece lo suficientemente justificado y no se encuentran ventajas relevantes a la misma respecto de otros métodos más ágiles, como pudiera ser algún tipo de plataforma informática".

El presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, también se decanta por la eliminación total de la figura. "Favorece un abuso de posición dominante", cree. Explica que la figura del interlocutor de nudo fue establecida en el primer boom renovable, en 2007, pero que ahora ha dejado de tener sentido porque, ante la avalancha de producción renovable pequeña, deja de ser algo rutinario y estos "delegados" tienen poder: "Ahora sí que tienen más funciones. Las empresas tienen que saber si en la zona hay potencia suficiente y no van a REE, van al interlocutor. "Hay casos en los que incluso el interlocutor aprovecha la información que se le ofrece para usarla en su propio beneficio", destaca.Si se decide mantenerlos, defiende que se designen, en cada caso, árbitros independientes, ya sea de Red Eléctrica, de Competencia o del IDAE.

El extraño decreto de Nadal

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El posicionamiento de la CNMC respondió a un movimiento sorprendente, por inusual, del ex ministro de Energía Álvaro Nadal durante sus últimos días en el cargo: el lunes 4 de junio, tres días después de que triunfara la moción de censura de Sánchez, envió para su valoración al regulador una propuesta de decreto de conexión a redes. Nadal proponía cambiar la figura del interlocutor de nudo por una figura parecida pero novedosa, el Interlocutor Único de Posición (IUP). Los cambios, que en teoría buscaban limitar el poder del oligopolio, no son suficientes para Competencia, que prefiere su eliminación total.

Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, por ahora en funciones. El sector esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobara antes de la disolución de las Cortes el decreto, que en principio cogerá el texto de Nadal como base y podría eliminar directamente la figura del interlocutor, además de modificar las condiciones de la conexión para evitar la especulación –una vez demostrado que subir los avales no sirve y dificulta el camino a las empresas más pequeñas–.

El texto se retrasó y no se incluyó su aprobación en la actual legislatura porque "no tiene interés desde el punto de vista electoral, no vende", como aseguraban fuentes del Ejecutivo en declaraciones a El Periódico de la Energía. Además, parte de las medidas que Nadal incluía en su texto ya no son competencia del Gobierno, sino de la CNMC, por lo que las empresas de producción renovable también esperan una circular del regulador que empiece a clarificar y simplificar los trámites. Es posible que en los próximos meses se eliminen varios obstáculos para el boom de las energías renovables, que parece a punto de cambiar para siempre el sistema energético del país más soleado de Europa y, también, el más sensible a un cambio climático devastador.